La UE dice que la ampliación es «una forma de fomentar la paz y la estabilidad en Europa, aumentar la prosperidad de los europeos y crear oportunidades para las empresas». A lo largo de la historia, se han producido siete ampliaciones del club comunitario. El proceso es largo, complejo y está sometido a rigurosos controles de las instituciones europeas.

Los requisitos básicos para que un país adquiera la condición de candidato es que esté situado en Europa, que no solo respete los valores democráticos de la UE, sino que se comprometa a promoverlos, que cuente con unas instituciones estables que garanticen la democracia y el Estado de derecho y que tenga una economía de libre mercado. Además, tiene que tener la capacidad de asumir y cumplir con las obligaciones que impone la UE a sus socios. Los mencionados requisitos se denominan criterios de Copenhague.

La adhesión consta de tres etapas y todos los países deben seguir el mismo proceso: obtención del estatuto de candidato, apertura de negociaciones y adhesión. Lo primero es presentar una solicitud formal ante el Consejo de la UE, que pedirá a la Comisión que compruebe la capacidad del país candidato para cumplir los criterios de adhesión. Si la Comisión emite un dictamen favorable, el Consejo puede decidir, por unanimidad, conferir el estatuto de candidato.

Una vez iniciadas las negociaciones, el país candidato deberá prepararse para aplicar los 35 capítulos que cubren el conjunto de la legislación de la UE (el acervo de la Unión).

Cuando el Consejo considere que se ha progresado en un capítulo, la Comisión puede recomendar «cerrar provisionalmente» dicho capítulo. Entonces, el Consejo vuelve a decidir por unanimidad.

Una vez concluidas las negociaciones -en un proceso que puede durar años- y si la Comisión considera que el candidato está listo, se redacta un tratado de adhesión entre los Estados miembros de la Unión y el país adherente. La firma de dicho tratado únicamente puede tener lugar una vez que se disponga de la aprobación del Parlamento y de una decisión unánime favorable del Consejo. Es entonces cuando el tratado de adhesión se somete a la ratificación de todos los Estados miembros de conformidad con sus normas constitucionales correspondientes (es decir, ratificación parlamentaria o mediante referéndum).

Los países candidatos y los países candidatos potenciales se benefician de la financiación de la UE, de un asesoramiento político detallado y de los Acuerdos de Asociación (AA), que dan un amplio acceso al mercado interior de la UE. Estos acuerdos incluyen el desarrollo de enlaces políticos, comerciales, sociales, culturales y de seguridad. Según el Servicio Europeo de Acción Exterior, para que un acuerdo sea clasificado como un AA, debe cumplir con varios criterios, que desde 1995 incluyen una cláusula sobre el respeto de los derechos humanos y los principios democráticos como elemento esencial del acuerdo.

Formar parte de la UE ofrece a los nuevos miembros estabilidad política; libertad para que los ciudadanos vivan, estudien o trabajen en cualquier lugar de la UE; aumento del comercio a través del acceso al mercado único; aumento de la financiación y la inversión; normas sociales, medioambientales y de consumo más estrictas. Las instituciones defienden que el conjunto de la Unión también se beneficia de la ampliación, ya que representa un aumento de la prosperidad y las oportunidades; una voz más fuerte en la escena mundial; una mayor diversidad cultural; la promoción de los valores comunitarios y una inversión en paz y seguridad.

La Eurocámara supervisa los progresos del candidato y se encarga de dar luz verde a la adhesión junto con los Estados miembros y la Comisión. Los eurodiputados debaten y votan los informes anuales sobre el progreso de cada país que realiza la Comisión. Esto proporciona al candidato una orientación adicional a medida que asume las responsabilidades de la adhesión, así como una garantía a los miembros actuales de que el candidato está cumpliendo las condiciones. La Eurocámara apoya el actual proceso de ampliación que la presidenta Roberta Metsola describe como «la herramienta geopolítica más fuerte de la UE». Además de apoyar la entrada de Ucrania y Moldavia, los eurodiputados siguen apoyando la adhesión de los países de los Balcanes Occidentales a la UE.

Mongkol Thirakot se desahogó a gusto contra la monarquía tailandesa en su cuenta de Facebook. Entre marzo y abril de 2021, publicó 27 mensajes cargando contra las figuras autoritarias de los difuntos monarcas y las excentricidades del actual rey Maha Vajiralongkorn. Pocos días después de su última publicación, este vendedor de ropa fue arrestado. En enero de 2023, un tribunal penal de Tailandia lo declaró culpable de violaciones de lesa majestad. Le cayeron 28 años de cárcel. Hace tres meses, un tribunal de apelación sumó otra docena de cargos por insultos a la monarquía, añadiendo 22 años más a la sentencia.

Medio siglo entre rejas por una ley de lesa majestad que castiga a cualquiera que «difame, insulte o amenace al rey, a la reina, al heredero o al regente» con entre tres a 15 años de prisión por cada cargo. Son muchos los tailandeses que han acabado en las cárceles por criticar a un monarca multimillonario conocido por nombrar a su caniche jefe de la fuerza aérea, por irse en medio de la pandemia a un harén de prostitutas en Alemania o por despedir a su consorte real, también general de su ejército, quien estaba robando demasiado protagonismo a la reina.

Entre los poderes que tiene Maha Vajiralongkorn en la monarquía constitucional de Tailandia, está el de perdonar la vida una vez al año a presos condenados a muerte. Lo suele hacer el día de su cumpleaños, el 28 de julio, y se benefician únicamente los reclusos que hayan reconocido sus crímenes y pedido perdón en una carta dirigida al rey.

Así fue como el asesino y descuartizador de Bangkok, el catalán Artur Segarra, logró en 2020 librarse de la pena capital, que le fue conmutada por cadena perpetua. Otro descuartizador confeso al que se le está juzgando estos días,Daniel Sancho, también podrá recurrir a ese perdón real si finalmente fuera condenado a muerte por el asesinato premeditado del cirujano colombiano Edwin Arrieta.

«Como hemos visto, en Tailandia puedes estar 50 años en prisión por insultar al rey. Lo mínimo es una condena a cadena perpetua para alguien que asesina a un hombre y descuartiza su cadáver», dice uno de los policías que participaron en la investigación del caso Sancho y que ha declarado este mes en el juicio como testigo citado por la Fiscalía.

«Yo no tengo dudas y las evidencias para mí son claras: fue un asesinato premeditado, independientemente de si hubo una pelea, como dice el acusado, y si la víctima murió tras darse un golpe contra el lavabo. Eso es perfectamente compatible con que el español hubiera planeado el crimen y que la víctima se hubiera defendido», sostiene el agente en conversaciones con este periódico.

Al fin han bajado un poco las temperaturas en Tailandia después del calor extremo de la semana pasada, cuando la sensación térmica alcanzó los 52 grados. También vuelve a funcionar el aire acondicionado de la sala del tribunal provincia de Koh Samui, que suspendió la última sesión del juicio contra Sancho por fallos eléctricos.

Parece que ya no hay ninguna excusa para no reanudar este martes la audiencia, aunque para la declaración estrella, la del acusado, que tendría que haber hablado la semana pasada si no se hubiera estropeado el aire acondicionado, habrá que esperar probablemente hasta el miércoles.

Entramos en la cuarta y última semana de un juicio convertido en un show mediático, jurídico y policial en un país que intenta transmitir seriedad, pero que se ve superado por su propia idiosincrasia.

El jefe de policía que dirigió la investigación contra Sancho y que aseguró que Arrieta murió degollado, además de haber recibido una puñalada en el pecho, ha sido apartado por una trama de juegos de azar ilegales; una de las pruebas claves del crimen, el cuarto cuchillo que supuestamente empleó el acusado, tenía rastros de ADN de tres personas (Sancho, Arrieta y un desconocido) y estuvo 15 días perdido en la cadena de custodia; hay informes policiales que se contradicen en cuanto a las partes que han aparecido del cuerpo de la víctima.

La defensa de Sancho dice que este compró un serrucho antes de la llegada de Arrieta porque quería cortar cocos y porque en Tailandia iba a hacer cursos de comida tailandesa; el acusado lleva ocho meses en el módulo hospitalario de la prisión de Samui porque asegura que tiene una hernia discal.

En el tribunal hay un par de magistrados, de los que ni siquiera han trascendido sus nombres, que juegan al despiste con los medios e insisten en un inaudito cerrojazo informativo bajo amenaza de prisión a quien filtre lo que ocurre en la sala. Mientras, no hay parangón en la sobreprotección y el cuidado con el que está tratando este caso la embajada y el consulado de España en Bangkok, a diferencia del abandono a otros españoles menos mediáticos que están o han estado detenidos en Tailandia.

En este tiempo, han tenido un papel destacado los abogados que asesoran a la defensa en Tailandia de Daniel Sancho y al abogado de Edwin Arrieta: Carmen Balfagón, Ramón Chippirrás y Marcos García Montes, por un lado. Por parte de la acusación, ha ganado grandes dosis de protagonismo delante de las cámaras un abogado penalista más joven, Juan Gonzalo Ospina, quien representa a la familia Arrieta y oposita para convertirse en un personaje de la prensa rosa.

Por la escueta información interesada que sale desde dentro de la sala donde se está juzgando a Sancho, las trifulcas entre los abogados han alimentado el ‘show’, con ambas familias, tanto de la víctima como del acusado, teniendo que sacar varios desmentidos.

Una parte del espectáculo también se ha trasladado a la puerta del inaccesible tribunal de Samui. Aquí todo lo que pasa lo recogen las cámaras de la productora que está grabando para HBO el documental del caso Sancho, que tuvo en su episodio cero el testimonio inédito de Rodolfo Sancho. El actor, al igual que a su ex mujer, Silvia Bronchalo, se quejan de que los fotógrafos llevan persiguiéndolos por la isla desde que comenzó el juicio. Hace unos días, la revista Diez Minutos sacó en la portada a Bronchalo visitando un templo budista en Samui.

A Rodolfo Sancho, que prácticamente no abre la boca cuando los periodistas españoles desplazados a Samui le preguntan cada día a la entrada y a la salida de la sesión, le toca esta semana, como a su hijo, testificar en el tribunal. Estas semanas serán decisivas antes de la cuenta atrás hacia la sentencia.

El británico Adam Thomas tenía 22 años cuando saltó a la infamia en 2018 por bautizar a su hijo como Adolf en homenaje a Hitler. Fue juzgado junto a su mujer, la portuguesa Claudia Patatas, por su pertenencia al grupo neonazi National Action, proscrito en el Reino Unido como «organización terrorista». Le cayeron seis años y medio de cárcel (su esposa salió antes) y está a punto de recuperar la libertad, meses antes de lo previsto.

La Campaña contra el Antisemitismo y otras asociaciones de derechos civiles han expresado su rechazo a la decisión de la Junta de Libertad Condicional por considerar que el joven neonazi es un peligro para la sociedad al haber expresado su deseo de «gasear a los refugiados, matar a los judíos y a los negros y convertir a los chinos en biocombustible».

También creía antes de ser condenado que había que matar a pedradas a los homosexuales y a los niños de «raza mixta». «Solo acepto una sociedad 100% blanca», llegó a decir, y su intención era crear un grupo del Ku Klux Klan en las islas británicas.

Adam Thomas llevaba en cualquier caso el fanatismo en las venas: su bisabuelo Oswald Mosley fue miembro destacado de la Unión de Fascistas en los años 30. Fue criado por sus abuelos en Birmingham, en ausencia de sus padres, y a los 13 años fue puesto en el programa de Prevención de la Delincuencia por abusos racistas en la escuela.

Curiosamente, pasó un tiempo en Israel viviendo en un kibutz y se interesó por el judaísmo, pero al volver al Reino Unido se radicalizó y entró en contacto con Claudia Patatas, 16 años mayor que él y próxima también a grupos neonazis (lleva las iniciales SS tatuadas en la espalda). Él trabajaba como guardia de seguridad en Amazon y ella como fotógrafa de bodas.

Su álbum familiar estaba cuajado de fotos en las que posaba con orgullo junto a esvásticas y con la capucha del Ku Klux Klan, mientras su mujer tenía en sus brazos al pequeño Adolf…

«Es un nombre que no levanta sospechas en Portugal», llegó a decir Adam Thomas con total descaro durante el juicio. «Pero definitivamente es un duplicado del nombre de Adolf Hitler. Es innegable y nunca lo he mantenido en secreto. Refleja el interés que tengo por el asunto y mi admiración por todo lo que representa».

Vista la falta de remordimiento de la pareja, el juez Melbourne Inman les sentenció a seis años de cárcel por pertenencia a un grupo terrorista y ante las pruebas acumuladas por la policía, que se incautó en el domicilio familiar de todo un arsenal de parafernalia extremista y del Manual del Anarquista para la fabricación de explosivos. La madre consiguió una rebaja de la pena y salió de la cárcel hace cinco años, aunque no se ha hecho público si ha recuperado la custodia del niño, nacido en 2017.

Thomas, que ahora tiene 27 años, ha pasado en prisión por cursillos de desradicalización para corregir su ideología, aunque la propia Junta de Libertad Condicional reconoce que no ha quedado demostrado si el trabajo «ha sido efectivo». En cualquier caso, el joven neonazi «es consciente de las implicaciones legales de su conducta en el pasado».

Una vez fuera de la prisión será «monitorizado» con un GPS, deberá vivir en «un domicilio asignado», limitar sus movimientos y contactos y acatar un toque de queda, La Campaña contra el Antisemitismo y la organización Community Security Trust han dado la voz de alarma y han reclamado a las autoridades que mantengan una estrecha vigilancia «de todos los extremistas que salen de la cárcel sin las garantías de haber dejado atrás su ideología peligrosa».

Después de dos años de conflicto en Ucrania, el ejército ruso está progresando debido a su fuerza superior y armas avanzadas. El líder militar de Ucrania reconoció que la situación en el frente se ha deteriorado y que las fuerzas rusas han logrado victorias tácticas en múltiples áreas. El ejército ucraniano, que no tuvo éxito en su mayor contraofensiva el verano pasado, ahora está lidiando con las fuerzas rusas que avanzan después de la pérdida de Avdivka en febrero. La antigua nación soviética, enfrentando dificultades para reclutar nuevos soldados y experimentando retrasos en recibir ayuda de los países occidentales, ha tenido que retirarse de múltiples áreas en las últimas semanas. Esto fue evidente recientemente el domingo, cuando el Ministerio de Defensa ruso anunció que Novobajmutivka, una ciudad situada a unos 10 km al norte de Avdivka en la región oriental de Donetsk, había sido tomada. El general Oleksandr Syrsky expresó en Facebook que la situación en el frente se ha deteriorado. Afirmó que Rusia, que invadió Ucrania en febrero de 2022, está «lanzando ataques en toda la línea del frente» y ha hecho «avances tácticos en ciertas áreas».