Barcelona
Una prestación universal destinada a niños de corta edad, de hasta uno o dos años, es una de las propuestas lanzadas por el comité de expertos para la transformación y la innovación social (Cetis) en el informe presentado esta mañana, en el Palau Robert de Barcelona, que analiza cómo reducir la pobreza infantil. El documento, encargado por el Govern, se centra en examinar el funcionamiento de las actuales ayudas económicas y plantear medidas para que sean más eficientes y lleguen a más familias con menores a cargo.
Los autores de Invertir en un futuro justo: prestaciones económicas contra la pobreza infantil , los investigadores Pau Marí-Klose (Universidad de Zaragoza, Alba Lanau (UPF), Sara Ayllón (Universitat de Girona) y Albert Arcarons (CIS), ponen de manifiesto que es necesario innovar en materia de transferencias públicas para reducir la elevada tasa de pobreza infantil en Catalunya, que alcanza al 34,7% de los menores de 18 años. Una de las líneas a explorar es dicha prestación universal para la primera infancia como una herramienta estratégica para disminuir el número de familias que, a pesar de reunir las condiciones para acceder a una ayuda, no la solicitan por desconocimiento, vergüenza o por la dificultad para reunir la documentación necesaria, entre otros motivos, tal como destacó Sara Ayllón. La consellera de Drets Social i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, que ha presidió la presentación, ha destacado que aunque una transferencia de este tipo “tendría un coste muy elevado, difícil de asumir en el contexto actual”, sería interesante “avanzar hacia una ayuda universal en el primer año de vida del niño”, en el sentido que facilitaría habilitar una puerta de entrada a las prestaciones para las familias con menos ingresos. Con el tiempo “a estas se les mantendría” y a las que tengan una mejor situación económica se les retiraría. “Se entiende la universalización como una manera de hacer que las prestaciones lleguen a más familias, pero entendiendo que los recursos son limitados”, ha subrayado.
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El objetivo es que la ciudadanía “aprenda a dirigirse a la administración”, apunta Ayllón.
“La pobreza infantil es invisible, esto es un problema pues no se percibe como una emergencia social”, ha manifestado Pau Marí-Klose. El investigador ha señalado que la burocracia lastra la tramitación de ayudas por parte de los más vulnerables y añadió que Catalunya y España están a la cola de Europa en la capacidad de las transferencias sociales de reducir la pobreza. El estudio afirma que “Catalunya no ofrece a los hogares con niños recursos para corregir la pobreza equivalentes a los que destinan otros países con un nivel de desarrollo económico similar”.
El trabajo concluye que debe acometerse una profunda remodelación del sistema de prestaciones, más ágil y que beneficie no únicamente a los que acreditan carencias severas sino también a otros segmentos de la sociedad que sufren privaciones materiales aunque tengan un empleo y no sean considerados pobres. Destaca la propuesta del Cetis de aprobar una ayuda complementaria a los hogares que tienen una sobrecarga en los costes de la vivienda. En este sentido, la consellera ha indicado que dicho complemento podría instaurarse a través de la renta garantizada de ciudadanía (RGC). “Lo importante es tener una infraestructura legal, flexible y sólida, que esperamos conseguir con las enmiendas a la RGC; es una manera de integrar diferentes ayudas vía complementos de la RGC, lo que estaría alineado con el objetivo de avanzar hacia un sistema unificado e integrado de prestaciones”, ha dicho Martínez Bravo.
El Cetis deja constancia de que casi un 10% de la población infantil reside en hogares con sobrecarga al tener que destinar más del 40% de sus ingresos a gastos relacionados con su vivienda. El 45,5% de los que sufren pobreza se encuentran en esta situación. Estos datos han llevado al Cetis a plantear dicha prestación complementaria para la vivienda, además de sugerir que se incremente “sensiblemente” la cobertura en las ayudas para el alquiler.
