Un grupo de bonistas, que están esperando cobrar un juicio que le ganaron a la Argentina en tribunales de Londres por el INDEC, pusieron el ojo en los millones de dólares en criptoactivos que presuntamente pertenecen al país y que están en un limbo virtual tras el fracaso del proyecto de la memecoin $LIBRA.
Son bonistas que obtuvieron un fallo a su favor del Tribunal Supremo de Londres por los cupones de títulos atados al PBI emitidos bajo los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner entre 2005 y 2010, y que llevaron al país a juicio por manipular los datos del INDEC para, según sostienen, pagar menos intereses.
Se trata de cuatro fondos de inversión (Palladian Partners LP, HBK Master Fund LP, Hirsh Group LLC y Virtual Emerald International Limited), que presentaron un escrito esta semana ante la jueza federal Jennifer L. Rochon, del Distrito Sur de Nueva York. Se trata del mismo distrito en el que Argentina recibió en las últimas horas un duro revés por la expropiación de YPF.
Rochon tiene a su cargo la causa denominada Hurlock v. Kelsier Ventures, una acción colectiva que reúne distintos inversores que compraron la criptomoneda $LIBRA atraídos por la promesa de poder invertir en empresas argentinas, tal como lo afirmó en su tuit el presidente Javier Milei.
La causa tiene como acusados a los criptoempresarios Gideon, Thomas y Hayden Davis, a Benjamin Chow, Julian Peh, y a las empresas Kelsier Ventures (propiedad de los Davis), Kip Protocol (de Peh) y Meteora, a quienes señala como los responsables de montar un esquema fraudulento atrás de la memecoin $LIBRA.
Milei no aparece dentro de la lista de acusados en esta causa, aunque en los escritos judiciales se señala que el presidente fue un «promotor» («tout») del token, cuyo rol fue clave para generar interés y que más inversores se sumen a poner capital, el cual fue luego retirado por gente vinculada al equipo de $LIBRA.
La disputa por los millones de $LIBRA
Rochon había hecho lugar a un pedido de los abogados del demandante para congelar fondos en billeteras cripto (wallets) por hasta 280 millones de dólares, una cifra que corresponde al cálculo estimativo de las ganancias que los acusados habrían generado en la noche del 14 de febrero tras lanzar el token.
Hayden Davis, el empresario cripto que quedó en el centro de la escena por el escándalo, había dicho en reiteradas entrevistas que tenía en sus wallets cerca de 110 millones de dólares, los cuales habían sido el resultado de las operaciones de compraventa realizadas por sus equipo en la noche que se lanzó el proyecto.
Esas operaciones de compraventa se ejecutaron vía robots automatizados, según contó Davis. El operar con información privilegiada es lo que les permitió comprar barato, vender caro y retirar liquidez del mercado una vez que distintos inversores comenzaron a operar con $LIBRA.
Tras el desplome, Davis había dicho que esos 110 millones le pertenecían a la Argentina y que buscaba cómo devolvérselos. Ese dinero se encuentra en tokens de la criptomoneda $SOL, cuyo valor es más volátil. Al cierre de esta nota la cripto $SOL vale 148,1 y los activos en las billeteras de Davis bajaron de 110 al equivalente a 80 millones de dólares.
Es el dinero que reclaman los abogados para los inversores que compraron la cripto $LIBRA. Y que los bonistas miran con atención para resarcirse tras el juicio que le ganaron a Argentina.
El pedido a la jueza Rochon de los fondos de inversión de PalladianEste martes se realizó una audiencia virtual para evaluar si se levantaba el congelamiento alrededor de esas billeteras. Los abogados de Davis pidieron levantar la medida y volvieron a insistir con que ese dinero pertenece a la Argentina. También afirmaron que parte de la compraventa fue responsabilidad de una serie de billeteras robot que hacen las operaciones de manera automatizada y no podían ser frenadas. Rochon rechazó el planteo y citó una nueva audiencia para mediados de mes.
En la audiencia de este martes, que se realizó de manera virtual, participaron como escuchas los representantes de Palladian Partners LLP, el grupo de acreedores de Argentina que tienen sentencia firme en Londres.
Según el escrito presentado por Palladian, al que tuvo acceso Clarín, los bonistas plantearon que poseen un interés concreto en los activos de criptomonedas congelados, al considerar que Argentina tiene un interés de propiedad efectiva («beneficial ownership»). Por ese motivo pidieron presenciar la audiencia que se realizó este martes.
Los cuatro fondos de inversión que ahora apuntan a los criptoactivos de $LIBRA ya habían presentado la semana pasada un primer reclamo en Estados Unidos. Fue ante la Corte del distrito de Columbia, en Washington, por la falta pago de 1.500 millones de euros (US$ 1.739 millones)
Son fondos de inversión que poseían alrededor del 48% de los títulos y demandaron a Argentina en 2019. Argentina intentó apelarlo en dos instancias, pero la Corte Suprema de Inglaterra lo rechazó y en octubre del año pasado vino el fallo del Tribunal Supremo de Londres, que les dio la razón a los demandantes para que cobren una indemnización millonaria más intereses.
Para apelar, el Gobierno de Javier Milei tuvo que pagar una garantía de 313 millones de euros (US$ 359 millones) el 29 de enero de este año. Pero los demandantes señalaron este lunes que «salvo los montos utilizados en virtud de la Carta de Crédito de Argentina y el pago de los montos pendientes de las costas de los demandantes, Argentina no ha pagado más de los 1.500 millones de euros de las sentencias inglesas».
La elección de los tribunales de Estados Unidos para este reclamo nacido en Londres no es aleatoria. Creen que allí puede haber activos argentinos para embargar, ahora o a futuro.
La demanda original, presentada en 2019 en Londres, estaba vinculada a las mediciones de las estadísticas oficiales sobre el índice de PBI durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. En esos cambios metodológicos se cambió la forma de medir el aumento de los precios y de contabilizar el PBI.
Ese cambio había dejado a los bonistas sin el pago anual al que estaba obligada la Argentina si el país crecía por encima de cierto nivel. Los fondos Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group y Virtual Emerald International Limited, que eran dueños de cupones de la deuda atados al PBI que Argentina emitió en 2005 luego del default, lanzaron la demanda por 643 millones de euros.
Denuncia contra la Oficina Anticorrupción por desligar a Milei del caso $LIBRA
Este martes, los diputados nacionales de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro y Mónica Frade presentaron una denuncia ante la Justicia contra las autoridades de la Oficina Anticorrupción por el dictamen que desligó a Milei del caso $LIBRA, justificado en que usó «su cuenta personal» para recomendar la memecoin.
Los diputados pidieron que se investigue la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público por parte de las autoridades de la Oficina Anticorrupción (OA), en especial su titular, Dr. Alejandro Melik.
“Pese a las evidencias que percibimos concluyentes acerca de la participación del Presidente de la Nación en la promoción de la criptomoneda $LIBRA, la Oficina Anticorrupción concluyó que no se verificó ninguna infracción ética por parte del presidente Milei. Dicha conclusión replica, sin análisis crítico ni profundización técnica, los argumentos exculpatorios brindados por el propio presidente en sus redes sociales”, plantean los legisladores
“La resolución de la OA, firmada por su titular, utiliza los mismos argumentos esgrimidos por el presidente Javier Milei en una entrevista televisiva, que debió ser interrumpida por uno de sus asesores para darle indicaciones al interlocutor del Presidente, acerca de las preguntas inadecuadas de la conversación”, agregan.
“Esta explicación exhibe por parte de la OA la decisión de elaborar una resolución a medida, con el fin de desligar de toda responsabilidad al Presidente, ignorando no solo la evidencia sino también el marco normativo vigente. Resulta llamativo que no se haya realizado una valoración autónoma del rol institucional que implica la figura presidencial en la promoción de activos financieros», explicaron Ferraro y Frade.
