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La Cámara de Diputados de Salta decidió no tratar en la sesión de ayer el polémico proyecto que buscaba prorrogar hasta diciembre de 2026 la suspensión de desalojos rurales, pese a que la iniciativa figuraba como primer punto en el acta de Labor Parlamentaria. Finalmente, el expediente fue devuelto a las comisiones de Justicia y Legislación General para su análisis. Cada año reaviva el debate sobre propiedad privada.
El proyecto provenía del Senado provincial y pretendía extender por decimosexta vez la vigencia del artículo 9 de la Ley 7.658, sancionada en 2010, que frena la ejecución de sentencias judiciales de desalojo en desmedro de personas que acreditan títulos de tierra.
La extensión reiterada de la norma implica un avance sobre el derecho de propiedad, un freno a sentencias firmes y una señal de debilidad institucional que impacta en la seguridad jurídica, la inversión y el desarrollo rural.
En el recinto, el diputado Guillermo Durand Cornejo manifestó nuevamente su rechazo al proyecto y calificó la situación como un «atropello institucional». Recordó que desde su primera sanción se viene renovando de manera consecutiva y advirtió que la prórroga supone una intromisión directa en el Poder Judicial, al ordenar a jueces no ejecutar fallos. Según expresó, esta situación evidencia un deterioro en la independencia judicial, porque —dijo— «es vergonzoso que en todos estos años ningún juez haya alzado la voz para defender la autonomía del Poder Judicial».
Durand Cornejo sostuvo que, aun cuando la norma pudo haber tenido sentido en su origen para evitar desalojos masivos, quince años después la situación exige un replanteo. «Si había una emergencia social que ameritaba la medida, lo que corresponde preguntarse es qué se hizo durante todo este tiempo para solucionar esa realidad», señaló. En un pasaje de su intervención, aseguró que la medida no sólo se aplica a familias vulnerables sino también a «personas muy poderosas» vinculadas a actividades agrícolas en el norte provincial, lo que —planteó— obliga a revisar quiénes resultan realmente beneficiados por la suspensión permanente de desalojos.
El legislador insistió en que el Estado debería garantizar políticas sociales activas en lugar de sostener mecanismos excepcionales que afectan al derecho de propiedad y la certeza jurídica. Al mismo tiempo, lamentó que la Legislatura salteña no permita, según afirmó, que diputados realicen pedidos de informes a la Justicia.
