(Desde Washington, Estados Unidos) Un profundo informe de 238 páginas realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) describe la situación del agro en América Latina y alerta sobre la necesidad de multiplicar la producción de alimentos sin incrementar los efectos del denominado cambio climático.
“El sector agrícola de América Latina y el Caribe (ALC) enfrenta actualmente desafíos complejos y sin precedentes: producir suficiente alimento nutritivo para alimentar a una población en crecimiento, ofrecer medios de vida prósperos y proteger los recursos naturales mediante la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y la contaminación”, sostiene el dossier presentado hoy en Washington.
Bajo el título “Productividad agrícola en América Latina y el Caribe”, el informe revela los niveles de seguridad alimentaria en la región y las actuales condiciones del medio ambiente frente a la demanda constante de alimentos.
El dossier del BID sostiene lo siguiente:
-“En primer lugar, el crecimiento poblacional está ejerciendo una presión cada vez mayor sobre el sector para garantizar un suministro suficiente y estable de alimentos nutritivos. En 2024, alrededor del 28% de la población de ALC (América Latina y el Caribe)—aproximadamente 187,6 millones de personas—experimentó inseguridad alimentaria, mientras que el 27% no pudo costear una dieta saludable (FAO et al., 2025). Garantizar el acceso a alimentos nutritivos y asequibles debe seguir siendo, por tanto, una prioridad para el sector agrícola de la región».
-“En segundo lugar, las zonas rurales de ALC se ven afectadas de manera desproporcionada por la pobreza: se estima que el 39% de la población rural vive en situación de pobreza, en comparación con el 24,6% en las zonas urbanas (CEPAL, 2024). Dado que la gran mayoría de los medios de vida rurales dependen de la agricultura, reducir la pobreza rural requiere fortalecer la capacidad del sector para ofrecer oportunidades de empleo prósperas y económicamente viables».
-“En tercer lugar, ALC contribuye aproximadamente con el 8% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero (CEPAL, 2017; WB, 2021; WRI, 2023), siendo el sector de agricultura, silvicultura y uso de la tierra (AFOLU, por sus siglas en inglés) el principal responsable, con un 43% del total de las emisiones regionales (IDB, 2022; WRI, 2023). Por ello, abordar los impactos ambientales negativos de la agricultura se está convirtiendo en una cuestión urgente para garantizar la sostenibilidad y rentabilidad a largo plazo del sector».
El informe del Banco Interamericano de Desarrollo hace un estudio de casos tomando como ejemplo a México, Colombia, Brasil, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Argentina y Uruguay, y a su vez el análisis técnico presentado define seis hallazgos generales:
La innovación tecnológica sigue siendo un motor clave de los avances significativos en la Productividad Total de los Factores (PTF) del sector agrícola. Sin embargo, la evidencia presentada en este informe sugiere que los agricultores enfrentan desafíos persistentes para mantenerse al ritmo de estos avances. La difusión de nuevas tecnologías no ha ido acompañada de una inversión suficiente en asistencia técnica, capacitación gerencial y servicios de asesoría. Estos mecanismos de apoyo son fundamentales para fortalecer las capacidades de gestión de los agricultores y permitir la adopción y el uso efectivo de herramientas y prácticas innovadoras. Para garantizar un crecimiento de la productividad inclusivo y sostenible, las políticas agrícolas deben priorizar el desarrollo y la implementación de sistemas de apoyo integrales que empoderen a los agricultores para aprovechar plenamente el potencial del progreso tecnológico.
Los análisis indican que pasar por alto los impactos ambientales de la producción agrícola puede llevar a sobrestimar las ganancias de productividad a largo plazo. Ignorar estos costos ocultos también puede inducir a los países a sobreexplotar los recursos naturales esenciales para la producción de alimentos en el futuro, poniendo en riesgo la viabilidad del sector. Por ello, fortalecer la rendición de cuentas ambiental dentro del sector agrícola es fundamental para garantizar su sostenibilidad a largo plazo.
La variabilidad climática está transformando cada vez más los paisajes agrícolas globales, redefiniendo las ventajas comparativas y generando tanto desafíos como nuevas oportunidades para los países que logren adaptarse eficazmente. Si bien la variabilidad climática plantea importantes retos para la productividad agrícola en ALC, también ofrece una oportunidad estratégica para construir nuevas fuentes de competitividad. Aprovechar este potencial requiere estrategias de adaptación proactivas y estructuras de incentivos adecuadas que promuevan la adopción de nuevas tecnologías que fortalezcan la resiliencia a largo plazo de los sistemas productivos. Las políticas deben convertir la adaptación climática en un componente central de la competitividad, garantizando que las inversiones y las innovaciones se alineen con las nuevas realidades ambientales.
Los análisis a nivel nacional indican que los factores que determinan el desempeño agrícola dentro de los países son altamente heterogéneos. Por ejemplo, los cambios en los patrones de temperatura o de precipitación no afectan de la misma manera a todos los contextos locales. Estas diferencias resaltan la necesidad de realizar análisis específicos al contexto, basados en datos desagregados y representativos, para orientar intervenciones focalizadas y basadas en evidencia. Las políticas agrícolas deben considerar los determinantes locales del desempeño, incluyendo las condiciones agronómicas, las dinámicas sociales, la variabilidad climática y las estructuras de mercado. Además, persiste una brecha importante en la investigación que evalúe cómo las intervenciones afectan a grupos diversos que son fundamentales para sostener los sistemas alimentarios y las economías rurales, pero que a menudo quedan rezagados, como las mujeres agricultoras, los productores indígenas y los agricultores afrodescendientes. Cerrar estas brechas requiere diseñar y evaluar intervenciones específicas, incorporando de manera sistemática datos desagregados por género y etnicidad en el diseño de las políticas agrícolas.
La complejidad del sector agrícola exige una combinación estratégica de apoyo directo y bienes públicos para lograr avances tanto a corto como a largo plazo. Los apoyos directos focalizados, no distorsionantes y basados en el mercado—como los subsidios inteligentes—pueden abordar fallas de mercado inmediatas, especialmente para los pequeños productores que enfrentan shocks como restricciones de liquidez inducidas por el clima o brechas de información. Al mismo tiempo, la inversión sostenida en bienes públicos—incluyendo la investigación, los servicios sanitarios y fitosanitarios, la infraestructura y los sistemas de datos—es esencial para promover un crecimiento de la productividad sostenible a largo plazo.
Los sistemas de datos agrícolas sólidos son fundamentales para diseñar políticas efectivas que impulsen la productividad. El mapeo de evidencia revela que la investigación sobre productividad agrícola se concentra en un número limitado de países y cultivos. Es notable que los países con una mayor base de evidencia suelen contar con sistemas de información agropecuaria bien establecidos a nivel de finca y con rondas repetidas de recolección de datos. Esta correlación resalta la importancia de invertir en una infraestructura de datos agrícolas integral y de alta calidad. Para promover el desarrollo de políticas inclusivas y adaptadas al contexto, los gobiernos y los socios para el desarrollo deben priorizar la expansión y modernización de los sistemas de datos agrícolas, garantizando una mayor cobertura geográfica y de cultivos».
El informe es una hoja de ruta del BID para mejorar la actividad agropecuaria en América Latina y reducir el impacto ambiental.
