Jalil Rachid, actual ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay, instó a la opinión pública a “tomar con pinzas” la información difundida este fin de semana sobre nuevas revelacions en la causa en la que se investiga el atentado a la AMIA, ocurrido en julio de 1994 en Buenos Aires, subrayando la existencia de un trasfondo familiar y judicial que, a su juicio, condiciona la veracidad de las acusaciones.
Se trata de artículo en el que se detallan documentos entregados a la Fiscalía a cargo de Sebastián Basso, y posteriormente compartidos con el Ministerio Público paraguayo. Según esta información, que está siendo analizada por la Justicia, David Fernández Rachid, hijo de Watfa Rachid Lichi, aportó pruebas que vincularían a su tío Fohad Rachid Lichi con transferencias superiores a 12 millones de dólares realizadas entre 1989 y 2000 a Ali Hussein Abdallah, individuo buscado por la Justicia argentina en relación con el atentado a la AMIA y fallecido en 2020.
El informe también menciona a Hussein Mounir Mouzannar, empresario libanés que enfrentará en en nuestro país un juicio en ausencia por presuntos vínculos con el atentado. Según los documentos, Mouzannar figura como cliente de los Rachid Lichi.
Según declaraciones a ABC Cardinal, Jalil Rachid aclaró que nunca participó en actividades relacionadas con la empresa financiera de sus tíos, la Sociedad Anónima Financiera e Inmobiliaria (SAFIO), por lo que se abstuvo de opinar sobre los aspectos específicos de la investigación mencionada.
Rachid también puso en duda la fiabilidad de los documentos entregados por su primo David Fernández Rachid a las autoridades argentinas, sugiriendo que deben ser evaluados con escepticismo. Explicó que el origen de la disputa radica en un conflicto judicial entre sus tíos y su primo, quien en 2023 denunció a varios familiares —incluidos Fohad, Bader y Leila Rachid Lichi— por apropiación indebida.
Según la acusación, la venta de las acciones de su madre en SAFIO habría sido simulada mediante documentos de contenido no auténtico, aunque el Ministerio Público desestimó la denuncia.
El ministro sostuvo que, en el marco de esa causa, los documentos presentados por su primo “tenían alteraciones”, según una pericia. Además, describió a David Fernández Rachid como “una persona con más de 30 demandas civiles, embargos, inhibiciones, imputaciones a diestra y siniestra, está con juicio oral por violencia familiar, imputado por estafa, apropiación”.
En relación a la gestión interna de la empresa, Rachid señaló que “las cuestiones de la empresa siempre se manejaron entre hermanos, entre mis tíos”. Añadió que el conflicto surgió tras el fallecimiento de Watfa Rachid Lichi, momento en el que, según el ministro, su primo David, agobiado por deudas y antecedentes judiciales, buscó obtener algún beneficio económico.
Hasta el momento, Jalil Rachid afirmó que, según su conocimiento, ningún miembro de su familia ha sido convocado a declarar en relación con el caso AMIA.
El principal destinatario de los fondos, Ali Houssein Abdallah, ya estaba bajo investigación judicialen la causa y falleció tras contraer coronavirus durante la pandemia. Además, la documentación menciona a Hussein Mounir Mouzannar, empresario libanés y uno de los acusados que enfrentará juicio en ausencia en por el atentado a la AMIA.
