El garante de la Constitución ha legitimado al poder ejecutivo y al legislativo. El Gobierno aprobó una ley de amnistía para superar la confrontación nacida en el procés independentista, el Parlamento español lo respaldó y ahora, el máximo órgano jurisdiccional, el Tribunal Constitucional (TC), lo ha consolidado de forma definitiva. El círculo se ha cerrado. El borrador de la ponencia de la sentencia, que deberá ser respaldada en el pleno del TC a finales de mes, deja claro que la ley de Amnistía se adecua en su práctica totalidad a la legislación vigente.
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