Los últimos dos años y medio han sido especialmente duros para Elena Mendoza, una abogada de 32 años que sufrió abusos sexuales por parte de un compañero en una comida de trabajo organizada por el Colegio de Abogados de Cartagena (Murcia), ya que, según relata, “casi ha sido peor el trato recibido por parte de la institución que la propia agresión”.
Los hechos sucedieron el 22 de junio de 2022, cuando a medida que avanzaba la tarde, durante la sobremesa, un abogado con el que apenas había cruzado palabra comenzó a “molestarla” para poco después comenzar a hacerle tocamientos en la espalda y el culo. Visiblemente incómoda, ella le llamó la atención, pero el abogado, “con las mismas, se dio la vuelta como si no hubiera pasado nada”. El peor momento llegaría poco después, cuando tocaba hacerse la foto de grupo, pues éste aprovechó para situarse al lado de Mendoza y empezó a tocarle la rodilla hasta subir por la pierna y tocar su vulva.
“Me puso la mano en la rodilla como para apoyarse y no perder el equilibrio, pero terminó subiéndola y tocándome la vulva completamente”, explica a Infobae España al otro lado del teléfono, lo que inmediatamente le generó “un estado de nervios y una vergüenza absoluta, mientras él seguía bebiendo su copa”. “Empecé a llorar y recuerdo que solamente decía ‘dios mío, qué vergüenza’, aunque poco después pegué un manotazo en la barra y ahí varios compañeros vinieron a atenderme y contaron al decano lo que había ocurrido”, continúa la letrada.
Al día siguiente, siempre según explica la víctima, su agresor la llamó por teléfono, ”sin que ella le hubiera dado su número”, para pedirle disculpas, pero le colgó. Unos minutos después recibió la llamada del decano, quien le preguntó “si seguía enfadada”. Mendoza no podía creer que le hiciera ese comentario. “Era una infantilización, una manera de quitar hierro al asunto, como si fuera el enfado de una chiquilla. Pero no fue una agresión sexual”, asegura. En esa misma conversación, la letrada comunicó al decano que denunciaría lo ocurrido y este simplemente defendió al agresor al responder que se trataba de “una buena persona”, añade la víctima a este periódico.
Poco después, Mendoza decidió presentar un escrito al Colegio de Abogados de Cartagena para reclamar la apertura de un expediente disciplinario contra su agresor y la respuesta, asegura la letrada, no tardó en llegar. “Me contestaron en una resolución de apenas seis líneas donde indicaban que le amparaba la presunción de inocencia y que, además, como los hechos no habían ocurrido mientras trabajábamos como abogados, deontológicamente tampoco se podía hacer nada”, relata la víctima, que recuerda que en cualquier momento podía haber coincidido con su agresor en un juicio ejerciendo sus respectivas funciones. “Ni siquiera me indican que tengo un plazo para interponer un recurso de alzada ante el Consejo General de la Abogacía Española, lo cual es un defecto importante de la propia notificación. Básicamente, se lavaron las manos. Me he sentido abandonada”.
Para su sorpresa, añade la letrada, a los pocos días recibió una llamada de la vicedecana, quien le convocó a una reunión donde le propuso que hiciera una mediación penal con el agresor, “lo que suponía sentarse a hablar con él en un despacho cuando me había tocado la vulva y, obviamente, les dije que no, porque suponía un perjuicio para mí, para cualquier víctima”, señala, por lo que la abogada continuó con el procedimiento judicial. El proceso terminó el 18 de diciembre de 2024, cuando el abogado fue condenado por abusos sexuales a una pena de una multa de 8 meses y a indemnizarla con 4.845 euros. Cuando ocurrieron los hechos aún no se había cambiado la normativa, ya que la ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, más conocida como ley del ‘solo sí es sí’, entró en vigor en octubre de 2002, de forma que toda interacción sexual sin el consentimiento de la otra persona se considera una agresión.
“Han sido dos años y medio muy duros de tratamiento psicológico, porque todo este proceso me ha generado mucho estrés y ansiedad. Solo yo sé cuántas pastillas me he tenido que tomar antes de llegar al Palacio de Justicia para poder seguir trabajando”, explica la abogada, que recuerda que al agresor nunca se le ha impuesto una orden de alejamiento pese a que lo solicitó ante el juzgado y se lo ha encontrado muchas veces por Cartagena, aunque “por suerte nunca trabajando en un procedimiento judicial”.
Tras la sentencia, la letrada presentó varios escritos a la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Cartagena solicitando que se inhabilitara al letrado, pero por el momento no ha recibido respuesta y su agresor “sigue ejerciendo”. Por ello, Mendoza asegura que “ha sido peor el trauma que le ha generado la actitud del Colegio de Abogados que la propia agresión”.
El pasado 30 de enero, después de que el caso saliera a la luz, el Colegio emitió un comunicado en el que “rechaza con contundencia cualquier agresión sexual y reitera su apoyo a todas las víctimas” y donde la entidad defiende que su postura ha sido de “absoluto respeto y total imparcialidad a una cuestión sometida a un proceso judicial”, aunque Mendoza lamenta que ni siquiera se mencione su nombre en el escrito.
La letrada, quien explica que está dispuesta a exponerse con nombre y apellidos porque “la vergüenza se le gastó” aquel 22 de junio de 2022, asegura que a pesar de todos los obstáculos con los que se ha topado “seguirá luchando hasta el final”, hasta que su “agresor, el decano y el Colegio de Abogados terminen en su sitio como corresponde a derecho”. Por el momento, este mismo martes la Comisión de Igualdad del Consejo General de la Abogacía Española ha abierto un expediente al Colegio de Cartagena y ha solicitado a Mendoza “toda la documentación para proceder también dentro de sus competencias”.
