Un enviado de la World Vaper’s Alliance (WVA), entidad global que integra una organización que recibe apoyo económico de la industria tabacalera, aterrizó en Buenos Aires para mantener una serie de reuniones con funcionarios del Gobierno y legisladores nacionales. El objetivo que tienen es que Argentina levante la prohibición que rige desde 2011 sobre los cigarrillos electrónicos.
Se trata de Alberto Gómez Hernández, economista español y gerente de Políticas Públicas de esta alianza internacional que representa a vapeadores de todo el mundo y que, según esgrimen, buscan que exista una regulación de los cigarrillos electrónicos, mercado que en Argentina actualmente es ilegal y, a la vez, creciente. Los consumidores afirman que tienen derecho a fumar con estos dispositivos de forma segura.
El kirchnerismo había prohibido preventivamente los cigarrillos electrónicos hace 14 años, cuando la nueva modalidad de fumar empezaba a ganar terreno y había incertidumbre sobre sus efectos. En los años posteriores buena parte del mundo -sobre todo el hemisferio norte- reguló la comercialización de los vapeadores. Pero en la mayoría de los países de Sudamérica subsiste el mercado informal. Una excepción es Chile, cuya ley entró en vigencia hace seis meses.
La WVA agrupa a 150 mil vapeadores de todo el mundo y en su visita al país Gómez Hernández presentó una petición a las autoridades locales firmada, según aseguró, por 15 mil argentinos. Esa representación no parece tan relevante cómo sí el hecho de que el financiamiento de este movimiento proviene del Consumer Choice Center (CCC), organización con sede en Washington que recibe apoyo financiero de, según admitió Gómez Hernández a Clarín, «varias grandes tabacaleras, como así también de industrias que venden productos alternativos al tabaco».
Clarín se comunicó con Gómez Hernández para consultarle sobre este vínculo con una industria interesada en introducir sus cigarrillos electrónicos en la mayor cantidad de mercados posible -ante un negocio del tabaco tradicional en retracción-, y la credibilidad que puede tener en ese sentido una organización que se presenta con una fachada militante a favor del vapeo.
Muchos jovenes se inician en la adicción a través del cigarrillo electrónico y el vapeo. Foto: ShutterstockEl economista, que llegó a la Argentina procedente de Bruselas -donde reside-, reconoció el nexo, pero aseguró que ambas cosas son ciertas: tanto el financiamiento corporativo -aunque asegura que las tabacaleras son sólo algunas de varias industrias de las que CCC recibe financiamiento- como el reclamo espontáneo de los vapeadores.
La carta dirigida al Ministerio de Salud y a algunos diputados y senadores dice, entre otras cosas: “Hoy sabemos, gracias a numerosos estudios científicos y revisiones internacionales, que vapear es un 95 por ciento menos dañino que fumar y que se ha convertido en una herramienta eficaz para abandonar el cigarrillo”.
Se basan principalmente en la experiencia de países como Reino Unido, Suecia y Nueva Zelanda, “que -señalan- han incorporado el vapeo como parte de sus estrategias de salud pública para reducir el tabaquismo con un éxito rotundo”. Pese a estas aseveraciones triunfalistas, son pocos los médicos que hoy se animan a ensayar una defensa pública del método. En la mayoría de los profesionales lo que prima es la cautela o directamente el rechazo.
Si bien con el vapeo se evita el consumo de tabaco -de ahí el argumento de los interesados sobre su menor efecto negativo-, la nicotina los vuelve igualmente adictivos. A la vez, hubo reportes de daño pulmonar, con algunos casos mortales. El universo de vapeadores se ha ido conformado con los años tanto por ex fumadores como por gente que nunca antes se había llevado a la boca algo con lo que echar humo, sobre todo las nuevas generaciones.
Nuevo escenario político y disyuntiva
El enviado de la WVA aterrizó en Buenos Aires pocos días después del triunfo de Javier Milei en las elecciones legislativas del 26 de octubre. Creen que la nueva relación de fuerzas en el Congreso ahora potencia la chance de avanzar en una regulación del mercado de cigarrillos electrónicos, al tiempo que aspiran a que el Ejecutivo dé de baja la disposición de ANMAT de 2011. Consideran que un Estado libertario no debería prohibir estos artefactos, sino permitir que cada individuo elija por sí mismo, en el marco de un mercado del vapeo “legal, seguro y regulado para fumadores adultos”.
Clarín se comunicó con el Ministerio de Salud para saber si el Gobierno evalúa avanzar en la derogación de la prohibición de los cigarrillos electrónicos, pero no hubo respuesta. Una pista para esa incógnita podría rastrearse en la Ley Ómnibus, presentada en el Congreso a fines de 2023. Previsora de futuros escenarios posibles, el texto de la norma incluyó un impuesto específico para los cigarrillos electrónicos y sus recargas, con una tasa del 25 por ciento sobre su base imponible.
Como en otras decisiones clave de salud pública, la disyuntiva se monta en la ecuación costo-beneficio. Los partidarios de la regulación advierten que los vapeadores que se comercializan hoy en el país llegan ilegalmente, sin controles, algunos incluso con fantasías visuales muy seductoras para los más jóvenes. En la vereda de enfrente se considera que oficializar para encorsetar un mal supuestamente menor al cigarrillo de tabaco, en tanto mal al fin no sería la solución más apropiada.
PS
