El gobierno metropolitano de Barcelona trabaja en el desarrollo de una app de seguridad que permitirá que sus usuarios reciban alertas de riesgos, atascos, manifestaciones o cortes de calle, pero también avisos de abajo hacia arriba: cualquier ciudadano que se sienta amenazado tendrá un botón del pánico con el que alertar a las fuerzas de seguridad, que le geolocalizarán y podrán activar todas las cámaras de videovigilancia, públicas y privadas, que haya en su entorno. También permitirá generar modelos predictivos de comportamiento para mejorar la seguridad o las políticas urbanas.
El servicio, que el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ya ha aprobado y prevé licitar antes de verano y lanzar en el 2026, suscita controversia entre expertos en privacidad y uso de datos personales, pese a que su redactado es por ahora abstracto. Fuentes de la Autoritat Catalana de Protecció de Dades, que ha emitido ya un informe consultivo, subrayan que la complejidad del uso de datos personales y de sistemas de inteligencia artificial “requerirá cumplir adecuadamente con la normativa y estar en condiciones de acreditarlo”.
El vicepresidente ejecutivo del AMB, Antonio Balmón, alcalde de Cornellà e impulsor del proyecto, quita hierro al debate: “Hemos perdido el miedo a las cámaras; hoy su uso está perfectamente regulado. Lo veo en Cornellà: cuando votamos el presupuesto, la partida que más triunfa es siempre la instalación de cámaras”, celebra.
“Hemos perdido el miedo a las cámaras; hoy su uso está perfectamente regulado”
Antonio BalmónVicepresidente del AMB y alcalde de Cornellà
El proyecto se inspira en un producto, llamado M7 Citizen Security, que desarrolla desde hace 10 años la empresa Einsmer, con sede justamente en Cornellà.
En la zona metropolitana tienen contratado el sistema los ayuntamientos de Castelldefels, Cornellà, Esplugues, Gavà, L’Hospitalet, El Prat, Sant Boi, Sant Feliu, Sant Just Desvern y Sant Vicenç dels Horts. También lo tienen Vic, Olot, Manlleu y Palafrugell.
Con un simple botón , el usuario –debe registrarse, como en cualquier app– activa el sistema, que le localiza y activa las cámaras a su alrededor.
El proyecto del AMB aspira a interconectar las cámaras públicas y privadas. Muchos comercios las tienen, con el único requisito de comunicar su existencia y cumplir la ley, y pueden enfocar los espacios públicos que ayudan a su seguridad.
“La columna vertebral es la seguridad ciudadana y urbana, pero no sólo la comunicación de situaciones de inseguridad: se trata de crear una nueva forma de comunicación entre ciudadanos e infraestructuras”, explica el consejero delegado de Einsmer, José Antonio Gallego. “La videovigilancia es solo una parte pequeña, y desde luego se trata de cámaras legalizadas”, añade.
Es una herramienta colaborativa. Se trata de autoprotegernos con la tecnología. Si no nos conectamos, ganan los malos”
José Antonio GallegoConsejero delegado de Einsmer
Todas las instaladas en la vía pública (sean de tráfico o de seguridad) son aprobadas por la Comisión de Control de los Dispositivos de Videovigilancia de Catalunya (CCDVC), que les concede permiso por un año.
“Que haya un sistema de alerta en caso de delito no me parece muy problemático. Tampoco si fuera una cámara de una tienda. El disparate sería que una cámara pública estuviese controlada por un privado”, opina una fuente de la CCDVC.
“Lo que se plantea es si tenemos que seguir mirando las cámaras cuando ya ha pasado algo o si podemos utilizarlas de manera preventiva –opina Gallego–. Las cámaras tienen que atender a reglas de inteligencia. Tienen que estar conectadas, como en China, pero a lo europeo, respetando nuestros principios de libertad. La tecnología puede llegar muy lejos”, reflexiona.
El gran impulsor del proyecto es Balmón, alcalde de Cornellà, ciudad en la que funciona una aplicación similar a la que desarrolla el AMB
“En Nueva York las cámaras se activan si hay un disparo”, ilustra Balmón. Una veintena de alcaldes y responsables de seguridad de municipios barceloneses viajaron del 7 al 12 de mayo a la Gran Manzana, en un viaje organizado por el AMB y sufragado por el ayuntamiento correspondiente, para conocer políticas de seguridad, vivienda o transporte. Balmón lamenta que, por su cercanía al aeropuerto, Cornellà no pueda emplear drones para la vigilancia.
En su ciudad, de 91.000 habitantes, M7 tiene 40.825 usuarios registrados, de los cuales 9.111 se declaran en riesgo de vulnerabilidad.
“Tenemos a muchos ancianos monitorizados; si uno se pierde, lo geolocalizamos. También hay víctimas de violencia de género: sólo tienen que hacer un clic y sabemos dónde están”, explica la teniente de alcalde de seguridad de Cornellà, Emilia Briones.
La app permite también entrar en dos bibliotecas públicas las 24 horas del día, programar alertas preventivas por si alguien no llega a la hora prevista o activar alarmas con teclas combinadas de un ordenador; se aplica ante situaciones de riesgo en centros sanitarios, farmacias u oficinas bancarias. “El uso es muy responsable, más allá de que a veces pueda haber un error”, asegura Briones.
“No tenemos una especial conflictividad en Cornellà –admite la concejal– pero no es lo mismo hablar de la seguridad con datos objetivos que de la sensación de seguridad. Si eres una mujer y caminas por la calle de madrugada, saber que llevas esto en el bolsillo da una tranquilidad brutal”. “Es una herramienta colaborativa. Se trata de autoprotegernos con la tecnología. Si no nos conectamos, ganan los malos”, sostiene Gallego.
Vigilancia en el metro de Barcelona
ÀLEX GARCIA
Fuentes de la gerencia del AMB remarcan que están actuando con prudencia: “Es un proyecto complejo y en construcción”. Se creará una sociedad de economía mixta (SEM), con el 51% de titularidad pública y el 49% privada. El coste de lanzamiento es de 6.139.123 euros, y su mantenimiento hasta el 2030 ascendería a 13,9 millones.
Es un objetivo prioritario para el AMB, aseguran fuentes internas.
La documentación del proyecto recomienda “permitir que el socio privado pueda rentabilizar el resultado fuera de la SEM” y “comercializar el producto fuera del ámbito metropolitano”. En el apartado de “estructura de ingresos” del servicio, el AMB espera que la parte privada “tenga la capacidad de generar ingresos superiores a los previstos”.
Licitación directa
Cornellà aplica el sistema M7 desde hace diez años, y acaba de adjudicar un nuevo contrato, por 542.266,34 euros
La financiación vendría de la propia AMB, de la incorporación de municipios (esperan 400.000 usuarios a medio plazo), del “desarrollo y gestión del espacio de datos y los casos de uso”, o del “desarrollo de proyectos específicos o prémium que una administración o un privado puede pedir a medida”. Fuentes del AMB aseguran que “no habrá servicios de pago dentro del territorio metropolitano por servicios públicos”.
El ciudadano deberá registrarse con su nombre real y número de teléfono, aunque no está definido qué mecanismos de verificación de identidad se emplearán. “Es prematuro pronunciarse”, según el AMB, “pero debemos recordar que la gestión corresponderá a una empresa mayoritariamente pública”. “Todos los temas alrededor de la tecnología son siempre delicados. No es como licitar una carretera”, añade esta fuente.
El lenguaje de las memorias del AMB es muy similar al que emplea Einsmer, si bien el gobierno metropolitano está en fase de licitación para que concurran libremente las empresas capacitadas. El AMB ha contratado a dos consultoras –Strategic Platform y PricewaterhouseCoopers– para que criben el mercado en busca de un socio tecnológico.
Según Gallego, Einsmer, en pleno crecimiento en otros lugares del estado, todavía debe decidir si concurre.
Cornellà fue el primer ayuntamiento en hacerse con el sistema M7, hace diez años, y los contratos más elevados de Einsmer son con este ayuntamiento, que le acaba de adjudicar uno por 542.266,34 euros para los dos próximos años. Se ha optado por una licitación “negociada sin publicidad” debido a la “no existencia de competencia por razones técnicas”, según argumenta la memoria justificativa, que señala que otros ayuntamientos, como los de Manlleu, Sant Boi o Gavà también han elegido esta vía.
El debate
Barcelona presentó alegaciones por la edad mínima de 14 años
El único ayuntamiento que presentó alegaciones fue el de Barcelona, reticente respecto al momento elegido para desarrollar la app y también respecto a la edad mínima de uso. Fuentes municipales indican que esta herramienta está en desarrollo y deberá perfilarse por completo antes de ponerla en marcha y que deberá poderse adaptar a las necesidades de una ciudad del tamaño de Barcelona; también cuestionan que muchas apps no pueden ser usadas por menores de 16 años, pero la AMB, alegando que a
los 14 años muchos ya salen de noche, plantea aquí la edad de corte. No son las únicas dudas que suscita la iniciativa. “Es un auténtico disparate jurídico que toma competencias que no le son propias y que vulnera el reglamento de protección de datos”, valora una jurista experta en privacidad de datos, después de analizar el reglamento. El gobierno metropolitano no tiene competencias en seguridad y por eso el proyecto se llama Servei Públic d’Innovació Comunitària, aunque en sus fases iniciales se hablaba de un “sistema integral de seguridad”. En las memorias justificativas, el AMB dedica una cincuentena de páginas (de 264) a analizar conceptos del “derecho a la ciudad” o de cohesión social, a los que contribuiría la app. La palabra seguridad aparece 660 veces.
