Una chabola en la acera

Ya en el año 2007 y siendo concejal en Barcelona reclamé una oficina municipal antiokupa para asesorar y respaldar a los propietarios y vecinos perjudicados por la intrusión en inmuebles ajenos. Desde entonces, aquellas ocupaciones protagonizadas en su mayoría por antisistema con los que la izquierda simpatizaba, y no solo la extrema, se han extendido en barrios y pueblos con tipologías diversas. Unas, avaladas por los comunes, que las calificaban de “ideológicas” cuando se trataban de locales emblemáticos públicos, por ejemplo, la antigua comisaría de Gràcia, Can Vies o antes la masía de Masdeu. Otras han recibido distintas acepciones a medida que la impunidad de los intrusos y la indefensión del propietario ha arraigado. Así tenemos “inquiokupas”, “narcopisos”, asentamientos en solares, las mafias para el subarriendo de lo ajena u “okupas rasos”.

Añadiría una más que puede acabar no siendo una excepción. Es la ocupación del espacio público, léase una acera o una zona verde. Unos vecinos denunciaron, tras semanas de constatar la inacción municipal, que una persona había consolidado una barraca a apenas 10 metros de una parada del bus y de un parque infantil. Su ocupante hacía servir para su cobijo habitacional diversos enseres, plásticos y maderas, siendo el edificio de viviendas allí sito la pared maestra de tan precario habitáculo.

Se empieza con una barraca en una acera o solar y al no cortarse de raíz se multiplicará

Vaya por delante que nadie debe vivir en condiciones indignas ni nadie lo hace si no es por necesidad. Lo anterior no debe ser el pretexto para que la administración no desaloje al ocupante de la vía pública y retire el chamizo. Cuando el Ayuntamiento fue requerido para el retiro de la chabola y reponer a su estado obligado el espacio de todos, alegó para no hacerlo que había pedido antes a un juez que calificase la chabola de infravivienda. Después no nos extrañe que, al ocupante, nacional o no, se le ofrezca un piso alternativo relegando a quienes, pese a su necesidad de techo, no ocupan ilegalmente la calle o no dan una patada en la puerta para entrar en una casa que no es la suya.

Mal vamos si el Ayuntamiento necesita que se le ilustre respecto de lo que es una infravivienda. Es presuponer que no dispone de unos servicios capaces de interpretar el Código Técnico de la Edificación, la ley de Ordenación de esta o el Decreto 141/12 de la Generalitat de Catalunya. Es grave que se formule la pregunta, porque la ilegalidad reside en la señalada ocupación de la vía pública con independencia del grado de habitabilidad de su constructo. ¿O es que si no se tratara de una infravivienda no se plantearía la retirada? Si hubieran intervenido desde el minuto uno los servicios sociales, de distrito y de Guardia Urbana, lo anterior habría sido aún más innecesario y esta situación no habría existido. De seguir este proceder municipal, a los manteros se les podría consentir su actividad irregular continua­da en el tiempo como comercial recono­cida.

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Se empieza con una barraca en una acera, espacio público o solar y al no cortarse de raíz se multiplicará. En Barcelona ya hay distintos asentamientos ilegales. Espero que los progres de pro no los califiquen de barrios irregulares a normalizar. Allí malviven personas y familias o niños sin escolarizar con focos de delincuencia. Degradan a sus ocupantes y denigran su entorno, cuyos vecinos no se merecen este deterioro.

Actuar de esta forma provoca un efecto llamada. Del hecho puntual o de la anécdota a la proliferación dista un trecho. No se puede consentir y sí actuar sin complejos y de inmediato.