Cuando se habla del ajuste en educación se suele hacer referencia a la inversión que hace el Gobierno nacional. Pero la Nación invierte solo el 25% del total del gasto educativo, el 75% restante corresponde a las provincias. ¿Qué ha pasado con esa parte tan sustancial del financiamiento educativo en estos años?
Hasta ahora no había información al respecto, pero un informe del Observatorio de Argentinos por la Educación puso la lupa en la evolución del gasto en la función “Educación y Cultura” de todas las provincias.
Y lo que encontró es que, en los últimos diez años (de 2014 a 2024), 19 de las 24 jurisdicciones han ajustado a sus escuelas.
Las únicas cinco provincias que no produjeron recortes son San Luis, Santiago del Estero, Salta, Neuquén y Río Negro. Las cuatro primeras incrementaron sus presupuestos y la última se mantuvo en el mismo nivel. El resto, para abajo.
Ahora, si uno se detiene en qué pasó con la participación de la función “Educación y Cultura” dentro del gasto total de las provincias, verá que cayó en 16 provincias.
Esto muestra que el ajuste no se produce solo por el impacto de la crisis, sino que muestra, además, una pérdida de prioridad de la educación en la mayoría de las administraciones provinciales.
En 19 de las 24 provincias la inversión educativa cayó en la última década. Foto: Archivo.El informe también revisó qué pasó el último año, cuando el gobierno de Milei produjo un fuerte ajuste en las provincias que se expresó, entre otras cosas, en la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), que pagaba parte de los salarios docentes.
Lo que pasó fue que 22 provincias ajustaron sus presupuestos educativos. Solo tres (Chaco, Neuquén y Santiago del Estero) invirtieron más.
Para fines de 2025 se espera una recuperación en al menos 13 provincias, estima el informe del Observatorio. Esta estimación surge del análisis de la evolución del salario docente, que explica el 90% de la inversión educativa en las provincias.
Muy lejos de los estándares internacionales
Las cifras que revela el informe del Observatorio de Argentinos por la Educación ponen en tensión, una vez más, la obligación que tiene el Estado de invertir 6% del PBI en educación.
Es que a ese 6%, dispuesto por las leyes de Financiamiento Educativo y de Educación, se tiene que llegar por la suma de la inversión educativa de Nación más las provincias. Pero esas leyes no especifican cuánto tiene que poner Nación y cuánto las provincias.
De Nación ya sabíamos, por un informe reciente, que viene desinvirtiendo año tras año. En rigor, hace dos años que destina menos del 1% del PBI. Y el Proyecto de Ley de Presupuesto 2026, que se debate en el Congreso, prevé para Educación nacional solo el 0,75%.
Por eso es muy importante saber qué pasa con las provincias. Osvaldo Giordano es presidente del IERAL de la Fundación Mediterránea, y uno de los autores del informe del Observatorio, junto a María Sol Alzú y Martín Nistal. Comparte a Clarín un cuadro en el que muestra la evolución del gasto en educación de las provincias en porcentaje del PBI.
Ahí se observa que 2024 fue el año con menos inversión de las provincias en educación respecto al PBI de los últimos diez: fue de solo 3,8%.
Si se tiene en cuenta que la Nación invirtió 0,8% en 2024, lo que da es que el Estado argentino, en su conjunto, invirtió el año pasado 4,6% del PBI en educación. Muy lejos de los estándares internacionales, que se reflejan en la obligación del 6%.
La semana pasada, el proyecto de Presupuesto 2026 logró dictamen de Comisión y va a ser debatido en el recinto. El proyecto original, del oficialismo, llegó al Congreso con la propuesta de derogar la obligación del 6% del PBI. En Comisión, el proyecto tuvo cambios, pero la derogación se mantuvo en pie. Así que el piso del 6%, y la discusión de cuánto le corresponde a la Nación y cuánto a las provincias, podría pasar a ser historia.
Mejorar la gestión educativa
Frente al ajuste que está sufriendo la educación en estos años, ¿qué deberían hacer las provincias para recomponer ese gasto si se lo propusieran?
Clarín se lo preguntó a Giordano, quien dijo que “dado que recomponer la inversión es un proceso que llevará tiempo, ya que depende de un ordenamiento general de las finanzas públicas, es fundamentalmente mejorar la gestión educativa. Es decir, con los mismos recursos lograr que los alumnos aprendan más”.
“Hay indicios de que son muchas las oportunidades para aumentar la eficiencia educativa. Países con similares niveles de inversión en educación que la Argentina logran mejores resultados. Para explotar estas oportunidades es imprescindible cambiar los incentivos. Para ello, es fundamental fortalecer los sistemas de medición de resultados”, dijo Giordano.
En 19 de las 24 provincias la inversión educativa cayó en la última década. Foto: Archivo.Ahora, ¿se puede obligar a las provincias, de algún modo, a invertir más? “El Gobierno nacional no puede obligar a las provincias a priorizar la educación, pero puede y debe, produciendo y difundiendo información sobre el desempeño de las escuelas, empoderar a la gente para que presione a los gobierno provinciales a poner más atención a la educación. Si la Nación produce y difunde información confiable sobre el desempeño de las escuelas se van a generar los incentivos para que las provincias prioricen la gestión educativa”, sostiene Giordano.
Javier Curcio, investigador de IIEP, de la UBA y Conicet, también pone el foco en el rol de la Nación, sobre todo para compensar las desigualdades que se van agrandando.
“Lo que hoy puedan hacer las provincias en este escenario depende mucho de ellas. Hay algunas que incluso compensaron las caídas de la inversión nacional con otros ingresos, porque tienen holgura. Lo que eso hizo fue ampliar las inequidades territoriales. Ahora el gasto educativo provincial es más disperso del que teníamos antes, porque el músculo de compensación nacional se redujo”, le dijo Curcio a Clarín.
El problema de los datos
Los autores del informe del Observatorio advierten sobre la falta de información pública transparente y estandarizada que permita las comparaciones entre provincias, y señalan que para 2025 no se cuenta con datos consolidados de presupuestos provinciales desagregados por función, lo que impide monitorear con precisión la evolución del gasto educativo en todas las provincias.
Estas dificultades en la consolidación de los datos provinciales es lo que hizo que históricamente no se pudiera seguir de cerca la evolución del financiamiento educativo en los distritos.
Para sortear estos inconvenientes y hacer el análisis de los datos de 2014 a 2024 (último año disponible), los autores del informe usaron los datos de los presupuestos provinciales ejecutados a partir de la información de la Dirección Nacional de Análisis Presupuestario (DNAP) del Ministerio de Economía de la Nación.
A eso sumaron los datos de salarios docentes desde 2014 a 2025 (junio 2025 últimos datos disponibles) a partir de la serie elaborada por la Coordinación General de Estudios de Costos del Sistema Educativo (CGECSE) de la Secretaría de Educación de la Nación, informan los autores.
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