En medio de la pelea del Gobierno con los gobernadores por el reparto de recursos nacionales, una diputada libertaria denunció que la administración que lidera el rionegrino Alberto Weretilneck otorgó un subsidio de más $ 4.000 millones a una de las empresas de Cristóbal López.
En el gobierno rionegrino, en tanto, justificaron la decisión de asistir financieramente a la empresa Alcalis de la Patagonia (ALPAT), propiedad del empresario kirchnerista y dedicada a la producción de carbonato de sodio, en intentar acompañar y asegurar el mantenimiento «de la principal generadora de puestos de trabajo en el este» de esa provincia. La firma, según los cálculos oficiales, ha generado unos 1000 puestos de trabajo directos e indirectos en la denominada «zona atlántica» rionegrina.
La autora de la denuncia, la diputada libertaria Lorena Villaverde, advirtió que “Cristóbal López, uno de los empresarios más beneficiados por la corrupción kirchnerista, y amigo de Weretilneck hoy vuelve a llenarse los bolsillos pero esta vez, con la plata de los rionegrinos. En vez de auditar, recortar o exigir eficiencia, el gobernador le gira millones del Estado. Esto es otro negocio político para sostener estructuras decadentes de los amigos del poder”.
Este lunes, la provincia abonó la primera cuota de asistencia económica a ALPAT a través de un acuerdo fundamentado en el programa “Sostenibilidad y fomento del empleo rionegrino Hacer Río Negro”, creado por el decreto N° 471, y que fue publicado el lunes en el Boletín Oficial de ese distrito patagónico
Cerca del gobernador Weretilneck argumentaron, además, que el subsidio está destinado exclusivamente a solventar parte de los gastos en consumo de gas de la empresa para que así pueda mantenerse en funciones.
Alegaron, incluso, que la crisis de la entidad fabril se vio favorecida por la decisión del Ejecutivo de avalar un «aumento indiscriminado de los valores del gas sumado a la apertura de importaciones por parte del Gobierno centralista de productos similares a los producidos en la planta de San Antonio Oeste» lo que, a su entender, ha puesto «en peligro la producción y consecuentemente, la continuidad de los puestos de empleo».
Según se informó oficialmente, la ayuda económica asciende a $793.300.000 mensuales que se extenderá entre los meses de mayo y septiembre y se destinará a cubrir el impacto del gasto en el servicio de gas natural, que representa el 46% de los costos de producción y «que llevó a la firma a declarar un escenario crítico». Y, además, el gobierno rionegrino recordó que la citada planta es estratégica no sólo para Río Negro sino para el país «al ser la única productora de carbonato de sodio de América Latina».
Como parte del citado acuerdo, se designarán dos veedores: uno de la Secretaría de Trabajo provincial, para supervisar el cumplimiento de los compromisos laborales, y otro contratado por la empresa, para monitorear su situación financiera.
No conforme con esas explicaciones, la diputada Villaverde explicó que seguirá con su reclamo: «vamos a seguir defendiendo el cambio que impulsa Javier Milei, para que la plata de los argentinos no se siga yendo por la alcantarilla de la corrupción. La plata tiene que ir a los que trabajan, a los que producen, a los que quieren un país distinto”.
El Gobierno provincial ha tenido una relación oscilante con la Casa Rosada: después de las sonrisas que produjo la decisión de YPF de construir en Punta Colorada -en San Antonio Oeste- el puerto para verter el GNL de Vaca Muerta, el vínculo se enfrío. Ese proyecto nodal para la Argentina avanza lentamente. finalmente, como informó el Ejecutivo en su reciente visita a Italia, el mismo se construirá «on shore» con dos barcos licuofactores y por eso se negocia con la firma italiana ENI.
