La expulsión de la CICIG, la complicidad de los gobiernos de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei y la captura del Ministerio Público bajo la gestión de Consuelo Porras consolidaron un régimen de corrupción para la impunidad que debilitó la justicia en Guatemala, criminalizó a quienes la defendían y dejó al país con más miedo, más corrupción y menos democracia. En clave bíblica, este ciclo de injusticia se asemeja a una “maldición para el pueblo”: no como castigo divino, sino como consecuencia histórica de la corrupción del poder.
¿Qué significa “maldición” en la Biblia cuando el poder traiciona al pueblo?
En la tradición bíblica, la “maldición” no es un hechizo mágico ni un castigo arbitrario de Dios. Es la consecuencia histórica de quebrar la alianza de justicia que sostiene la vida del pueblo. Cuando el poder tuerce el derecho y vende al justo, la Escritura habla de tierra que gime, ciudades llenas de violencia y pobres aplastados por decretos injustos. La maldición es el reverso de la bendición: donde la ley deja de proteger al débil y se vuelve arma del fuerte, la vida se desordena y el miedo se normaliza. Los profetas no explican la desgracia como fatalidad, sino como fruto de estructuras injustas: jueces vendidos, gobernantes corruptos, leyes contra el pobre. En ese horizonte, llamar “maldición para el pueblo” al balance del Ministerio Público bajo Consuelo Porras no es un insulto religioso, sino un juicio ético sobre un pecado estructural que produce muerte social.
La expulsión de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG): el quiebre de la bendición cívica en Guatemala
El ciclo de regresión no comenzó con Consuelo Porras, pero se aceleró decisivamente con la expulsión de la CICIG. Aquella decisión rompió una bendición cívica: el momento en que el Estado, apoyado por la Comunidad Internacional, empezaba a poner límites reales a las redes político-económicas criminales incrustadas en las entrañas mismas del Estado en la mayoría de sus instituciones al más alto nivel.
Sacar del país al principal mecanismo que, con sus errores y limitaciones, pero fortalecía eficientemente la persecución penal estratégica, no fue una acción pro-defensa de la soberanía; fue huida del poder y sus huestes con rostros propios ante la verdad. Con la CICIG fuera, los operadores honestos quedaron expuestos, el sistema perdió respaldo técnico y político, y las redes corruptas recuperaron iniciativa y los espacios que empezaban a perder. El terreno quedó abonado para capturar el Ministerio Público y reorientar la justicia hacia la protección del poder y sus redes de corrupción para la impunidad.
Jimmy Morales: abrir la compuerta del pacto de impunidad
Cuando las investigaciones tocaron su entorno y la de sus aliados en las esferas militares, económicas y criminales, Jimmy Morales respondió demoliendo el andamiaje que lo investigaba. La expulsión de la CICIG fue represalia contra la justicia. Pero el gesto no se agotó allí: inauguró el pacto de impunidad con nombramientos funcionales, hostigamiento a operadores incómodos y una retórica de guerra contra la anticorrupción.
Abrir la compuerta de la impunidad es un acto político de alto impacto: el mensaje fue que el poder no tolera límites. En clave bíblica, es el gesto del gobernante que “vende al justo por plata” (Am 2,6): la autoridad traiciona su misión y desencadena la maldición histórica de la injusticia.
Alejandro Giammattei: cerrar la puerta por dentro y blindar el MP
Si Jimmy Morales abrió la compuerta, Alejandro Giammattei cerró la puerta por dentro. Su reelección de Consuelo Porras no fue técnica: fue una decisión de blindaje político. Con ella aseguró continuidad al proyecto de captura del Ministerio Público, normalizó el desmantelamiento de fiscalías incómodas, la persecución selectiva y el archivo de grandes casos. No hace falta intervenir en cada expediente cuando se controla la orientación política de la fiscalía.
En clave profética, este es el gobernante que decreta leyes injustas, deja sin defensa al desamparado y hace de la ley un refugio del poderoso (Is 10,1-2). No necesita intervenir en cada expediente: basta con controlar la orientación del MP para convertir la justicia en escudo de aliados y arma contra adversarios.
Consuelo Porras: ejecutora central de la captura del Ministerio Público
Con la CICIG expulsada y el Ejecutivo alineado, la gestión de Consuelo Porras ejecutó la captura del Ministerio Público. No fueron errores administrativos: fue una política deliberada para desactivar los nodos de independencia. El desmantelamiento de la FECI y la reconversión de la Fiscalía de Derechos Humanos operaron como cirugía contra la justicia incómoda. La fiscalía se volvió ingeniería jurídica del pacto de impunidad: persecución para quien denuncia, archivo para quien saquea.
Cuando el lugar de justicia se convierte en fábrica de miedo, la maldición histórica se instala en la vida del pueblo. En términos bíblicos, es el juez que “oprime al inocente, acepta sobornos, atropella a los pobres en el tribunal” (Am 5,12). Esa es la maldición: cuando el lugar donde se debía impartir justicia se convierte en fábrica de miedo.
Criminalización selectiva: gobernar por el miedo desde la justicia
Con el andamiaje desmontado, el MP desplegó su método: criminalización selectiva para gobernar por el miedo. Exfiscales, jueces independientes, periodistas, líderes indígenas y estudiantes fueron puestos en la mira; el exilio se volvió rutina. El derecho penal, que debía proteger a las víctimas, se transformó en garrote contra quien cuestiona la captura del Estado.
La Biblia llama a esto violencia institucional: leyes que oprimen, tribunales que legitiman el abuso, autoridades que castigan al justo (cf. Is 10; Miq 3). El miedo no es un daño colateral: es el mecanismo de control que sostiene la impunidad.
Élites económicas, magistrados y silencios cómplices
No hay captura del sistema de justicia sin cómplices. Élites económicas callaron porque la impunidad protege negocios; operadores políticos blindaron porque la persecución selectiva elimina adversarios; magistrados legitimaron porque la carrera se compra con obediencia.
En la lógica profética, el silencio del poderoso ante la injusticia es participación en el pecado estructural. “Ay de los que decretan leyes injustas” (Is 10,1). La desfachatez no se agota en la fiscalía: se extiende por el sistema que la sostuvo.
La factura humana: víctimas abandonadas, pueblo herido
Mientras la justicia se capturaba, las víctimas quedaban solas: denuncias archivadas, delitos graves sin investigación, territorios a merced del crimen organizado. La maldición para el pueblo se manifiesta en miedo cotidiano, desprotección y normalización de la injusticia.
El costo no lo pagan las élites blindadas; lo paga la gente empobrecida que pierde fe en la ley. Cuando la justicia falla, la violencia se vuelve paisaje y la dignidad se erosiona en silencio.
2026: desmontar la maldición y reconstruir la bendición de la justicia
Salir de este ciclo exige desmontar la arquitectura de la impunidad: recuperar fiscalías especializadas con independencia real; acelerar el retorno de los exiliados e insertarlos en el ámbito de sus especialidades; proteger a operadores honestos frente a represalias; reformar comisiones de postulación para cortar la captura; restablecer cooperación internacional con garantías; activar veeduría ciudadana permanente; auditar y depurar el Ministerio Público con estándares de integridad; someter a rigurosa investigación y procesamiento penal a todos los que abusaron del poder y actuaron con alevosía y ventaja criminalizando a tanto ciudadano independiente y servidor de la justicia, de la defensa de los derechos humanos y de protección de nuestra frágil democracia. Sin costos políticos para los cómplices, la captura se reciclará con nuevos nombres.
Cierre profético: de la maldición a la conversión pública
La expulsión de la CICIG, la complicidad de los gobiernos de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei y la ejecución de la captura del MP bajo Consuelo Porras componen una misma historia de deslealtad al pueblo y de entrega incondicional a las redes político-criminales.
En clave bíblica, esa deslealtad se llama maldición: no como castigo divino, sino como consecuencia histórica de haber puesto la ley al servicio del poder corrupto e impune. Nombrar responsables es el primer acto de conversión pública. El segundo es organizar la esperanza para que la justicia vuelva a ser bendición para Guatemala y no su condena.
De los resultados que den las elecciones de segundo grado que se llevan a cabo en estos meses, depende si Guatemala seguirá bajo la maldición del régimen de corrupción para la impunidad o comenzará a despuntar la aurora de un nuevo amanecer donde se abra camino la justicia y detrás vaya la gloria del Señor. Entonces clamaremos al Señor, y nos responderá; gritaremos desde las heridas que llevamos y Dios nos dirá: «Aquí estoy». (Cf. Isaías, 58, 8-9).
9 de febrero 2026
