La ex AFIP publicó el Precio Base Nacional de Marquillas de Cigarrillo, un valor promedio de mercado para distintos segmentos de cigarrillos: caros, medios y baratos.
Cuando se observa el valor otorgado a las tres principales marcas de Tabacalera Sarandí, propiedad de «El Señor del Tabaco» Pablo Otero, se observan diferencias del 112, 109 y 98% en relación al valor que la compañía declaraba ante el organismo recaudador. Los últimos ochos años, a raíz de una serie de medidas cautelares, la firma no pagó el impuesto mínimo aplicado a la industria lo que le permitió pasar de tener el 5,6% del mercado al 30,84%. El organismo recaudador sospecha que ese exponencial crecimiento está atado a una subfacturación del precio de los paquetes de cigarrillos.
Sin mayores precisiones respecto a cómo se realizó el relevamiento para establecer el valor de referencia que exigía la Ley Bases en el capítulo tabacalero, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) cumplió, aunque nueve meses después, en publicar los valores de referencia de los cigarrillos. Es decir: el precio en la calle.
Este valor promedio de mercado para todas las marcas que comercializan cigarrillos, se estableció tras las modificaciones aprobadas en la Ley Bases promulgada el 8 de julio de 2024. En la letra de la normativa se obliga a que Tabacalera Sarandí a que pague los mismos impuestos que el resto de las compañías que participan en el mercado.
Sin embargo, la principal modificación se produjo en la eliminación del impuesto mínimo que -durante ocho años- Otero no tributó gracias a un conjunto de medidas cautelares obtenidas que hace un año, la Corte Suprema dejó sin efecto. El otro cambio en el capítulo VII destinado a la industria tabacalera, fue sobre la alícuota general que aumentó del 70% al 73%.
La ex AFIP formuló una serie de denuncias en contra de Tabacalera Sarandí, bajo la sospecha que su exponencial crecimiento en el mercado estaba atado a una subfacturación del precio de los paquetes de cigarrillos que genera, se investiga en el expediente, un posible perjuicio ante la posibilidad de una evasión impositiva.
Las estimaciones del año pasado, exponían que la compañía tributó como si sus tres principales marcas de cigarrillos costaran, en los kioscos, entre $256 y $278, mientras sus productos se vendían entre $600 y $800. La diferencia de esos valores habrían permitido el incremento patrimonial de la firma bajo investigación.
Por su lado, Tabacalera Sarandí, mantuvo siempre la misma tesitura ante este planteo: “No es cierto que Tabacalera Sarandí evada impuesto alguno a los cigarrillos. Tabacalera Sarandí paga impuestos internos en las mismas condiciones que lo hacen todas las Pymes tabacaleras (pago del impuesto ad valorem, es decir, aplicando la tasa del 70% sobre el precio de los cigarrillos informados por los fabricantes). El no pago del impuesto mínimo se sustenta en las sentencias dictadas por el Poder Judicial que lo han declarado inconstitucional, por lo que Tabacalera Sarandí no tiene obligación legal de abonar dicho impuesto. En consecuencia, si no hay obligación de pago, mal puede hablarse de evasión”.
Un informe privado señala que las medidas cautelares otorgadas a un grupo de tabacaleras -entre ellas la que es propiedad de Otero- y la elusión del impuesto mínimo habrían generado una pérdida de recursos para el país de casi U$S 2.517 millones entre el 2016 y el 2023. Solamente en 2023, la pérdida de recursos alcanzaría los $ 202.500 millones de pesos (U$S 683 millones).
Fuentes del sector tabacalero, explicaron a Clarín que con las medidas cautelares que se obtuvieron y aún cuando no estaban vigentes, “las empresas continuaron vendiendo cigarrillos a precios ultra bajos, incluso por debajo del impuesto mínimo; lo que genera una distorsión del mercado de cigarrillos, con diferentes regulaciones para diferentes empresas”.
Es justamente esta disparidad que podría devenir en una multimillonaria evasión impositiva que se creó el Precio Base Nacional. “Se buscar combatir la subfacturación de precios ya que empresas como Sarandí declaran a ARCA que Red Point, por ejemplo, vale unos 850 pesos aproximadamente y en la calle se encuentra a 1.900 aproximadamente. Entonces, hoy Sarandí paga impuestos internos por 800 cuando debería pagar sobre casi 2 mil pesos”, explicó una fuente oficial.
En la resolución de ARCA publicada en el Boletín Oficial este jueves, se exponen los siguientes valores: por Red Point Blue la empresa había declarado un valor de $ 920. Ahora el organismo recaudador le adjudica un precio de calle de $ 1.953. Eso arroja una diferencia del 112% en relación a lo que presentaba con su valor Tabacalera Sarandí.
Algo similar ocurre con la marca Red Point Filter, cuyo precio declarado por la firma de Otero era también de $ 920. A esa línea de productos, ARCA le aplicó un valor de referencia de $ 1.826, una diferencia del 98%.
Finalmente, los cigarrillos Red Point Green declarados ante el organismo estatal en $ 920, tiene para ARCA un precio de venta de de $ 1.923, es decir: un 102% de diferencia.
Justamente, uno de los aspectos discutidos en presentaciones judiciales en torno a Tabacalera Sarandí (y a otras compañías) es si los precios de venta que declaran ante el ente recaudador “es inferior al establecido por el impuesto mínimo” sumado a que al momento de la adquisición del producto en el mercado, “el valor que abona el consumidor es notablemente superior al declarado, extremo este que genera no sólo una elusión impositiva sino una subfacturación por parte de estas empresas”.
Un informe de la consultora Abeceb, de enero pasado, sostiene que este tipo de prácticas por parte de algunas tabacaleras, incluida la de Pablo Otero generan una «pérdida de recaudación acumulada de US$ 5.823 millones, entre los años 2018 y 2023».
Es que el 76,9% del precio del paquete de cigarrillos son los impuestos que cobra el Estado nacional, para desalentar su consumo. Ese porcentaje incluye impuestos internos, IVA, el Fondo Especial del Tabaco -que se distribuye a las provincias productoras- y el Fondo de Asistencia Social, entre otros impuestos.
Lo que sospecha la AFIP es que Sarandí paga menos impuestos, lo que le permite bajar sus precios en contra de los intereses del Estado porque “produce una menor recaudación en un sector con alta carga impositiva porque se busca desalentar el consumo”, indicó una fuente judicial a Clarín.
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) la modificación impositiva en la industria tabacalera, posibilitará un incremento en la recaudación tributaria por el impacto de los cambios impositivos en la industria tabacalera, que pasaría de aportar el 0,325% del PBI, al 0,336%, de aprobarse el proyecto de Ley Bases.
La consultora Abeceb fue un paso más allá y planteó que el aumento sería de 922 millones de dólares por año, según un informe que circula en la industria tabacalera.
Pese a ello, ese primer año recaudaría US$ 207 millones más para la Nación; US$ 315 millones extras para las provincias, por distribución de la coparticipación federal; otros US$42,8 para las provincias tabacaleras, por el Fondo del Tabaco; y US$46,2 millones más para la ANSES, por el Fondo de Asistencia Social, explica el informe de Abeceb, que desagrega cada uno de los destinos del impuesto al tabaco.
Por el contrario, la empresa del Señor del Tabaco, dejó trascender que la recaudación caería un 20% anual, como efecto de la eliminación del precio base.
Al analizar los valores de referencia que publicó ARCA, fuentes del sector indicaron a Clarín: “Se trata de un gran avance, y es lo que la industria estaba esperando desde el 8 de julio que se publicó la ley. Es una foto que muestra y confirma la subfacturación de Otero y compañía. Lo deseable es que la reglamentación que exige el artículo 229 salga en formato de resolución de ARCA, con la aclaración de la metodología, la frecuencia del relevamiento y los procedimientos que ARCA llevará a cabo cuando detecte una diferencia mayor al 20%”.
Quienes conocen de cerca el accionar de la firma Sarandí, entienden que la reglamentación con la publicación del procedimiento aplicado para obtener los precios publicados “evitará una judicialización por parte de la empresa”.
Desde otros sectores del mercado, señalaron que es una “buena iniciativa y un inicio de otra etapa en la que ARCA comienza a verificar la adecuada tributación y se ponga fin a la sub declaración que tantos perjuicios le trae al Estado, ya que no recauda lo que corresponde”. Esto impacta directamente en los productores que ven reducidos sus ingresos.
Con esta modificación, creen algunos productores, “se podrá recibir lo que corresponde por FET (fondo especial del tabaco) y al sector productivo ya esto abre el camino a ponerle fin a la desigualdad competitiva en que se encuentra el sector desde hace 8 años y permitiría ir a un camino de normalidad y competencia legítima, ya que no podemos olvidar lo que significo adicionalmente a esta situación patente de subdeclaración el no pago de impuesto mínimo por parte de algunos actores del sector”.
