Lejos de ser una coincidencia anecdótica, sus políticas evidencian una convergencia en tres ejes fundamentales: seguridad, economía y control fronterizo. Y aunque cada país tiene urgencias y contextos distintos, la articulación de estas agendas podría dar paso a una suerte de “triangulación” en términos de política exterior. La pregunta es: ¿estamos frente a un nuevo paradigma securitario en América Latina?
La transformación en América Latina, bajo el liderazgo de figuras como Donald Trump, Javier Milei y Nayib Bukele, representa un tema de gran interés y debate académico por la expectativa, la coincidencia y el abordaje de sus políticas articuladas en el nuevo marco de seguridad regional. Si bien la urgencia de cada país puede variar, se pueden apreciar ciertos intereses vitales y estratégicos como una oportunidad para implementar una triangulación en términos de política exterior entre los Estados, tales como la economía, la seguridad y el fortalecimiento de la integridad de las fronteras.
El crimen organizado transnacional es uno de los principales desafíos para la seguridad en América Latina. Durante mucho tiempo, cuando se analizaban las actividades criminales, esto se hacía en un contexto doméstico, como un asunto policial. El crimen transnacional es una forma de amenaza internacional que se corresponde a las llamadas zonas grises o gaps entre los conflictos de alta y baja intensidad.
Donald Trump, presidente de los Estados Unidos de América, dispone de un enfoque particular hacia América Latina, centrado en la política migratoria y el comercio. Para ello, procura una agenda de colaboración con gobiernos latinoamericanos para asegurar un mayor control efectivo de los riesgos que representa una frontera vulnerable a los intereses de los Estados Unidos. Los lineamientos vinculados con la seguridad y otras áreas de interés, como el combate contra el narcotráfico y la seguridad fronteriza, son un ejemplo de su accionar.
Sin embargo, su retórica y políticas también han generado críticas y tensiones, tanto en Estados Unidos como en América Latina. Las claras excepciones son la República Argentina y El Salvador, quienes comparten la relevancia de avanzar en un plan de securitización para mitigar y repeler los efectos de las nuevas amenazas y el impacto que producen en la estabilidad interna de los gobiernos.
Por otro lado, Javier Milei, presidente de la República Argentina, ha propuesto reformas radicales en su país, incluyendo la dolarización de la economía y la reducción del tamaño del Estado. Combatir la narcocriminalidad y asegurar la seguridad pública son dos pilares fundamentales en la gestión de su gobierno; y sus niveles de recepción son positivos.
Finalmente, Nayib Bukele, presidente de El Salvador, si bien ha generado críticas y controversias, la guerra contra las pandillas es la prioridad en la agenda de seguridad pública de su gobierno. Su política se centra en la lucha agresiva contra las pandillas, el uso de tecnología y la implementación de medidas excepcionales para reducir la violencia, logrando resultados en términos de disminución de homicidios.
El resultado vinculado a la tasa de homicidios y la reducción del impacto del crimen organizado luego de la aplicación de su modelo ha generado un impacto positivo en los presidentes Trump y Milei. Con el 83 % de aceptación, el presidente salvadoreño encabeza la lista de mandatarios regionales.
Lo interesante es que estos tres líderes, a pesar de sus diferencias ideológicas y estilos de gobierno, comparten una visión común sobre la seguridad: el Estado debe recuperar el control, imponer autoridad y responder con firmeza ante las nuevas amenazas. Esta alineación genera una narrativa potente en la opinión pública, una suerte de “modelo exportable” que busca proyectar estabilidad, control y resultados tangibles. En conjunto, estos líderes representan diferentes enfoques y desafíos en la política de América Latina, reflejando una búsqueda de cambio y nuevas soluciones a problemas históricos. Uno de los temas centrales es la seguridad y la lucha con las nuevas amenazas, tipificadas en el crimen organizado transnacional y sus delitos conexos, como el narcotráfico, la trata de personas y la delincuencia local.
La agenda de seguridad es un tema central en las agendas de los presidentes Donald Trump, Javier Milei y Nayib Bukele, y cada uno ha abordado este tema de maneras distintas. Sin embargo, se puede apreciar un común interés: garantizar la seguridad y la integridad del Estado; como así también, generar un impacto positivo en la opinión pública. Claro que no todo es consenso. Las políticas de seguridad de estos líderes han despertado críticas por el uso excesivo de la fuerza, por la vulneración de derechos y por su tendencia a concentrar poder. Pero también es cierto que han logrado instalar un debate urgente: ¿Cómo deben responder los Estados latinoamericanos ante el avance del crimen transnacional? ¿Es suficiente con las herramientas tradicionales?
América Latina se enfrenta a nuevas circunstancias para las que las medidas pasadas resultan inadecuadas. En este nuevo escenario complejo, la capacidad del crimen organizado transnacional ha permitido su instalación en el territorio americano. Las crecientes vulnerabilidades presentes en los Estados hacen sentir aversión hacia estos riesgos, mientras ellos se vuelven más poderosos.
Resulta muy difícil delimitar el impacto del fenómeno, dado que incide sobre la percepción que del mismo tienen los medios de comunicación, la opinión pública, el ámbito académico y las élites políticas. Incluso pueden afectar a la toma de decisiones relacionadas con medidas gubernamentales específicas que se acomoden a la naturaleza y el alcance de esa violencia, al igual que al entendimiento ampliamente compartido en que ha de sustentarse una efectiva cooperación intergubernamental contra los riesgos y amenazas inherentes a la misma.
Sin embargo, existe una clara determinación para combatir estas nuevas amenazas. La triangulación Trump-Bukele-Milei, teniendo en consideración los objetivos nacionales de cada país, puede evidenciar una trazabilidad y una oportunidad para implementar una triangulación en términos de política exterior entre los Estados, tales como la economía, la seguridad regional y el fortalecimiento de la integridad de las fronteras.
Como futura línea de investigación, cabe preguntarse si el modelo es sostenible y replicable para toda América Latina, que necesita nuevas respuestas para viejos problemas. La coordinación regional, el fortalecimiento institucional y una estrategia común frente al crimen organizado son objetivos ineludibles. En este marco, la “triangulación” entre Estados Unidos, Argentina y El Salvador podría ser una hoja de ruta -con sus luces y sombras- hacia una política de seguridad más efectiva.
La pregunta, entonces, no es solo si este modelo es sostenible o replicable, sino si América Latina está dispuesta a repensar sus estrategias de seguridad desde una mirada regional, articulada y capaz de anticiparse a los desafíos por venir. En tiempos donde la amenaza ya no conoce fronteras, ¿podrán los Estados construir respuestas que tampoco las necesiten?
