Poco a poco se confirma la goleada de condenas que ha encajado el Ayuntamiento de Barcelona por saltarse la ley en la obra del llamado eje verde de Consell de Cent, que peatonalizó cuatro kilómetros de esa calle. Con la resolución judicial publicada este mes por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), el marcador actual es de seis sentencias condenatorias al consistorio barcelonés contra una absolutoria. La última condena es la más relevante porque la dicta un tribunal superior y solo queda el amparo del Tribunal Supremo
Todavía hay voces de partidos inductores de esta ilegalidad manifiesta que recuerdan la moral de la afición del Alcoyano porque a pesar del 6 a 1 todavía confían en la remontada. Pero la realidad jurídica es tozuda. Así lo dice la sentencia el TSJC cuando ratifica que el Ayuntamiento ejecutó las obras sin modificar el Plan General Metropolitano (PGM), como era preceptivo. Si esto lo hubiera hecho un particular, hoy estaría sentado en el banquillo afrontando un dura petición de pena.
La sentencia del TSJC avala la dictada en septiembre de 2023 por un juzgado de primera instancia que ordenó restituir la calle a su estado anterior a las obras. Aquella resolución instaba a las partes a acordar la manera de ejecutar la sentencia antes de que cualquier ciudadano exigiera la aplicación estricta del veredicto.
La superilla se ha convertido en una gran zona de carga y descarga durante buena parte del día
Àlex Garcia / Propias
Desde entonces ha habido conversaciones discretas entre el Ayuntamiento y los demandantes para encontrar una salida al embrollo que sea la menos lesiva a los intereses de la ciudad porque deshacer esa obra tendría un coste millonario. Los demandantes están abiertos a buscar un acuerdo, pero el gobierno local no puede cerrarlo todavía porque está atado de pies y manos debido a que si se retoca substancialmente el proyecto, tal como se aprobó en mayo de 2022, se arriesga a tener que devolver la ayuda de los fondos europeos Next Generation que pagaron los 26 millones que costó el eje verde de Consell de Cent dentro del plan de las supermanzanas que ascendía a más de 60 millones
Por esta razón, existe un discreto plan de salida de este enredo que consiste en ganar tiempo a base de presentar los recursos judiciales posibles a la vez que se mantiene viva la relación con los demandantes para evitar que se les agote la paciencia. Esta estrategia se leía entre líneas en el comunicado del gobierno de Collboni tras conocer la sexta sentencia condenatoria donde afirmaban que recurrirán al Supremo por responsabilidad institucional. La pifia cometida por el Ayuntamiento pasará a los anales de la historia y seguramente nadie, ni políticos ni técnicos, asumirá responsabilidad alguna.
Por un lado, el Consistorio recurre para defender a los suyos hasta el final, incluso a sus exsocios de BComú que fueron los impulsores del proyecto. El Ayuntamiento no puede allanarse judicialmente para evitar que la UE le reclame el dinero. Una vez haya una sentencia firme, podrían argumentar que están obligados a retocar el proyecto original por orden judicial, aunque la administración europea podría recriminar el zafio proceder legal y pedir el dinero igualmente.
El Ayuntamiento no puede retocar la obra hasta 2028 para no tener que devolver la ayuda europea que pagó el proyecto
Por tanto, entre recurso y recurso, la idea es llegar a mediados de 2028, cuando se cumplirán cinco años desde que se acabó la obra. Ese es el plazo que la UE fija para liberar a Barcelona del compromiso adquirido. Para entonces ya habrá un nuevo gobierno salido de las elecciones del 2027. Creen que el paso del tiempo y las conversaciones privadas que se mantienen con los demandantes, cure las rencillas. Lo que todos tienen claro es que, si la sentencia final sigue en la misma línea, el proyecto será retocado o bien, se buscarán reformas compensatorias en otros puntos de la ciudad para cumplir la pena judicial.
