Una tragedia y la lucha de una familia pondrán a Chile a la vanguardia de la legislación en Seguridad Vial
El 22 de Agosto de 2022 la pequeña Jacinta Gonzáles Schnitzer, de apenas 5 meses de edad, falleció tras ser atropellada en la localidad chilena de Lo Barnechea, en el oriente de la capital trasandina, cuando un conductor de 80 años que padecía cáncer en grado 4 y no estaba en condiciones de salud -y probablemente tampoco mentales- perdió el control del vehículo que maniobraba.
Jacinta y sus padres, Camila e Ignacio, habían decidido salir de compras en un día soleado pero frío, uno de los primeros paseos de la criatura tras un duro invierno, cuando el ruido de un frenazo imprimió un giro radical en sus vidas. Jacinta engrosaría a partir de ese día la luctuosa lista de 1.745 personas que el año 2022 perdieron la vida a causa de accidente viales en Chile.
Argentina ha sido escenario decenas de veces de hechos análogos, entre ellos el ocurrido en Córdoba el 12 de septiembre de 2024 con el atropello múltiple protagonizado por un hombre mayor que sufrió una descompensación mientras conducía, perdió el control de su Toyota Corolla y atropelló a más de 30 personas.
Sin embargo, esta tragedia familiar ocurrida en Chile golpeó de lleno en el seno de una familia cuya capacidad de resiliencia fue vital para transformar el hecho en la energía para impulsar una normativa que proteja a las eventuales víctimas de este tipo de hechos.
Davastado por la tragedia, el grupo familiar tomó la decisión de promover cambios en las leyes existentes en el país vecino y encabezado por Max Schnitzer -abuelo de la víctima-, inició un largo recorrido por espacios e instituciones desconocidas por ellos hasta entonces, cuyo objetivo original estuvo enfocado en exigir controles y procedimientos médicos en las direcciones del tránsito para tener conductores seguros.
Con el tiempo y los debates en medios, instituciones y ámbitos políticos, el plexo normativo fue tomando forma y enriqueciéndose de las diferencias e incluso de la polarización que desató en las redes sociales.
Schnitzer, de 61 años, que se desempeña en el sector inmobiliario, inició así un trayecto que lo obligó a golpear innumerables puertas y adentrarse en lógicas judiciales y parlamentarias en las que, pese a no formar parte de su especialidad ni la del grupo familiar que lo secundó,
pudo avanzar hasta lograr los primeros resultados.
“Teníamos dos alternativas. Una era dar vuelta la página y preocuparnos de nuestro dolor, que era la más fácil. La otra otra era canalizar esa congoja y tratar de proteger a las futuras víctimas de accidentes viales no sólo en lo económico, sino también en lo laboral, lo judicial y lo humano. Finalmente tomamos este segundo camino porque había mucho por hacer para que este proceso fuera menos traumático para las familias y no tuvieran que pasar por lo que pasamos nosotros”, señala Schnitzer.
Estas palabras evidencian que las instituciones de la Democracia requieren muchas veces de la participación de la sociedad civil y sus integrantes para transformar en políticas públicas concretas aquellas necesidades que las urgencias de la realpolítik muchas veces no permiten ver.
Finalmente el esfuerzo dio sus frutos y en enero de 2024, comenzó la tramitación formal del proyecto en la Cámara de Diputado para, ocho meses después en agosto de ese mismo año, ser aprobado por la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, con la que Schnitzer trabajó codo a codo.
En enero de este año 2025, la Cámara de Diputados dio luz verde al proyecto con 133 votos a favor, uno en contra y tres abstenciones, por lo que éste pasó al Senado para su segundo trámite constitucional. Se espera que antes de marzo se transforme en ley de la República.
La Ley
La “Ley Jacinta”, llamada así en honor a la víctima y que cuando sea aprobada marcará un hito en este tipo de legislaciones, establece que quienes soliciten o renueven su licencia deben declarar bajo juramento que no padecen enfermedades inhabilitantes o restrictivas.
Los municipios implementarán un nuevo procedimiento para verificar la idoneidad física y psíquica de los conductores. Además, se considerarán infracciones graves no declarar enfermedades relevantes que puedan afectar la conducción, e incluso podrían implicar la cancelación de la licencia.
También establecerá regulaciones más estrictas en el transporte de motocicletas y motonetas, como la prohibición de acompañantes menores de 12 años, e impondrá el incremento en las indemnizaciones por muerte o incapacidad (desde U$S 12.000 a U$ 24.000) que se financiarán a través del Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP), ampliación de licencias laborales, etc.
En Argentina
Además del accidente en Córdoba, decenas de casos han sido reportados en la prensa sobre atropellos causados por conductores temerarios, lo que aumenta la preocupación sobre la seguridad vial relacionada con conductores temerarios en Argentina.
La falta de controles rigurosos sobre la capacidad de conducción de personas mayores podría ser un factor que incida en estos trágicos accidentes. La discusión sobre la necesidad de evaluaciones médicas más frecuentes para los conductores mayores está ganando terreno en el debate público y mediático.
La Ley 27.642 de etiquetado frontal que promueve la alimentación saludable y fue sancionada en 2022 en nuestro país, tuvo como referencia ineludible la norma que se había impuesto en Chile pocos años antes. Quizás en este caso nuestros vecinos también marquen una tendencia en el área.
