Unión por la Patria intensifica su oposición a la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), luego de que el Poder Ejecutivo habilitara su venta mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 494/2025. En respuesta, el senador Eduardo “Wado” de Pedro presentó dos iniciativas legislativas que buscan resguardar el carácter estatal de la empresa y garantizar el acceso universal al agua potable y al servicio de cloacas.
Acompañado por otros once senadores, De Pedro cuestionó duramente el intento de privatizar AySA, al considerar que se trata de un recurso fundamental que no debe quedar sujeto a intereses comerciales. “El agua no puede ser un negocio”, expresó, y remarcó que el objetivo de su propuesta es asegurar que la gestión del servicio responda al bienestar colectivo y no a la rentabilidad privada.
Desde sus redes sociales, el senador santafesino enfatizó que el agua es un recurso indispensable “para la vida, la salud y el desarrollo de millones de argentinos”. A su vez, subrayó que AySA, desde su reestatización en 2006, logró incorporar a más de 4,5 millones de personas al servicio de agua potable y extender las conexiones cloacales a 3,6 millones de nuevos usuarios.
En cuanto a la infraestructura, entre 2006 y 2023 se elevaron los niveles de cobertura de agua del 79% al 85% y los de cloacas del 60% al 70%. También se construyeron nuevas plantas potabilizadoras y depuradoras, y se logró una reducción significativa en la frecuencia y duración de los cortes de servicio. Estas mejoras fueron posibles gracias a una inversión que, según el legislador, fue veinte veces superior a la realizada en la etapa de gestión privada bajo Aguas Argentinas.
De Pedro también hizo referencia a los efectos negativos de la privatización en los años 90: “Se duplicaron las tarifas, no se realizaron inversiones y los residuos cloacales eran vertidos al río sin tratamiento”. En ese sentido, alertó que regresar a ese modelo sería “retroceder tres décadas”.
Para el senador, defender la permanencia estatal de AySA es una forma de proteger la soberanía, la salud pública y la calidad de vida. Su propuesta en el Senado se enmarca en una estrategia más amplia de Unión por la Patria para impedir que el agua y el saneamiento pasen a manos privadas. La semana anterior, el bloque en Diputados también se manifestó en contra del DNU, calificándolo como un “atropello institucional” y recordando que la ley 26.221 respalda el actual esquema estatal de la empresa.
