La semana pasada, el Presidente Javier Milei volvió a vetar la norma que busca dar respuesta a la profunda crisis presupuestaria que vienen atravesando, desde hace más de un año y medio, las universidades públicas de todo el país. Al respecto, la comunidad de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) advirtió sobre la crítica situación: “A nuestra institución le faltan 400 millones de pesos por mes para afrontar sus gastos”.
En ese marco, alertaron que al no haber un presupuesto aprobado por el Congreso nacional desde hace dos años, el Poder Ejecutivo “maneja discrecionalmente la asignación de recursos”, lo que provoca un “vaciamiento creciente” de las instituciones dificultando su funcionamiento. Cabe recordar que el Gobierno continúa administrando con el presupuesto 2023, prorrogado por segunda vez.
Según los datos proporcionados, los gastos de la universidad se concentran en “los de funcionamiento y los de personal”. La primera categoría incluye servicios como luz, gas y agua, cuyos costos aumentaron exponencialmente desde 2023, y servicios de limpieza y seguridad. En tanto, el segundo ítem nuclea a trabajadores docentes y nodocentes, que perdieron más del 40 por ciento de su poder adquisitivo desde 2023 a la fecha.
Es preciso destacar que, actualmente, el presupuesto de la educación superior representa el 0,4 por ciento del PBI, el nivel más bajo desde 2006. En ese sentido, la aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario implicaría un incremento del 0,14 por ciento del PBI. “Necesitamos una ley de financiamiento que garantice el funcionamiento de la universidad pública”, expresó la comunidad educativa.
Datos clave
De ese modo, recordaron cinco cuestiones clave. En primer lugar, que el 80,2 por ciento de los estudiantes universitarios cursa sus estudios en instituciones públicas, es decir: más de dos millones de personas. En segundo lugar, que más del 85 por ciento de los trabajadores docentes y nodocentes están por debajo de la línea de pobreza. A esto, se suma que se paralizaron más de 90 obras enmarcadas en el Plan de Infraestructura Universitaria.
También, subrayaron que las partidas asignadas a las universidades para 2025 alcanzan para cubrir solo el 50 por ciento de lo requerido para su funcionamiento, lo que llevó a una reducción significativa en las actividades académicas de investigación y extensión, cuando en Argentina más del 70 por ciento de la producción científica se origina en el Sistema Universitario Nacional.
Finalmente, la comunidad universitaria de la UNLaM anunció que marchará al Congreso el miércoles 17 de septiembre, fecha tentativa en que se tratará el veto a la Ley de Financiamiento Universitario.
