El conflicto entre la comunidad universitaria y el gobierno nacional se intensifica tras el anuncio de un incremento del 7,5% en los sueldos de docentes y no docentes, a aplicarse de manera escalonada entre septiembre y noviembre. Para los gremios del sector, lejos de representar una mejora, esta medida significa una pérdida adicional del poder adquisitivo en un contexto inflacionario.
Después de un paro masivo y múltiples actividades de visibilización —que incluyeron clases públicas y radios abiertas— las universidades nacionales avanzan en la organización de una Tercera Marcha Federal, que tendría lugar a fines de agosto o principios de septiembre. La movilización busca reclamar una recuperación real de los ingresos y una actualización urgente de los presupuestos.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que nuclea a los rectores de todo el país, fue categórico al cuestionar el anuncio oficial. Mediante un comunicado, afirmó que “el planteo del Gobierno no constituye una solución real y sólo aporta confusión con datos parciales”, advirtiendo sobre el deterioro sostenido que atraviesan las instituciones públicas de educación superior.
En paralelo, dirigentes de las principales federaciones universitarias señalaron que la propuesta oficial equivale a la misma pauta salarial ya pactada con otros sindicatos estatales. El bono adicional también fue duramente criticado por su bajo impacto: docentes con dedicación exclusiva recibirían $25.000, los de dedicación semiexclusiva $12.500, mientras que la mayoría, que cumple funciones simples, percibiría apenas $6.250.
“Con ese monto un docente apenas puede pagar un café”, ironizó uno de los referentes sindicales, quien además cuestionó la falta de negociación genuina. Según expresaron, la dinámica es unilateral: el Ejecutivo presenta medidas sin acuerdos previos, bajo la lógica de “aceptar o implementar igual”.
La tensión también se traduce en una advertencia más profunda: los gremios remarcan que muchos profesores deben recurrir a trabajos extra o incluso abandonar la universidad ante la imposibilidad de sostener sus ingresos. Por eso, además de las protestas callejeras, las organizaciones docentes están impulsando gestiones en el Congreso para que se apruebe la ley de financiamiento universitario, con el objetivo de garantizar recursos estables para salarios y funcionamiento.
