La vicecanciller, Valeria Csukasi, presenció el acto asunción y aseguró que trabajarán por los verdaderos interéses de la región.
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La vicecanciller, Valeria Csukasi, participó del acto de asunción del Uruguay en el programa para América Latina y el Caribe de la OCDE.
Cancillería
Por un período de tres años, Uruguay estará a cargo del programa de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para América Latina y el Caribe, junto a Costa Rica; en la asunción, la vicecanciller, Valeria Csukasi, aseguró que el país trabajará en pos de los intereses económicos de la región.
El acto tuvo lugar en Asunción, Paraguay, el que contó con la participación de Csukasi y el ministro de Comercio Exterior de Costa Rica, Manuel Tovar, con quien tuvo posteriormente una reunión de trabajo. Los jerarcas se reunieron con el objetivo de coordinar esfuerzos de cara hacia 2028 en el marco del Programa Regional de la OCDE para América Latina y el Caribe (LACRP) que ahora presiden.
Tras la reunión, determinaron cuatro líneas prioritarias, según el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE): aumentar la productividad, mejorar la inclusión social, fortalecer las instituciones y la gobernanza, y garantizar la sostenibilidad ambiental. «Uruguay continuará trabajando en el fortalecimiento del programa, asegurando que las acciones respondan a los verdaderos intereses de los países de la región y redunden en el beneficio de sus pueblos», aseguró la vicecanciller.
¿De qué trata el programa?
La LARCRP fue lanzada en 2016 por la OCDE durante la Reunión del Consejo Ministerial con el objetivo de ofrecer a los responsables políticos un espacio para el diálogo basado en la evidencia. De acuerdo al MRREE, el programa «busca apoyar la agenda de reformas de la región en torno a las cuatro prioridades clave promoviendo el intercambio de mejores prácticas y el aprendizaje mutuo entre los responsables políticos de los países de la OCDE y América Latina y el Caribe».
Entre las cuatro prioridades se encuentra, en primer lugar, el aumento de la productividad «a través de un mejor apoyo a las pequeñas y medianas empresas (pymes) para lograr una mayor participación en las cadenas de valor regionales y globales». En segundo lugar, se enfoca en mejorar la inclusión social con más y mejor acceso a los mercados laborales, las competencias, el transporte público y la tecnología, garantizando que el crecimiento económico beneficie a todas las personas.
Por otro lado, busca «fortalecer las instituciones y la gobernanza pública con buenas prácticas y una sólida cultura de integridad logrando que los países puedan fortalecer la confianza en sus instituciones públicas». Por último, garantizar «la sostenibilidad ambiental con políticas ambientalmente racionales, incentivos sólidos para la gestión sostenible de los recursos naturales y los ecosistemas, para impulsar la productividad y el comercio, a la par de la sostenibilidad y la redistribución de la riqueza».
