Uruguay se convirtió en uno de los principales centros de asesoramiento financiero de América Latina, con 164 firmas registradas, un ecosistema profesional en expansión y un marco regulatorio alineado con estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Según el último informe de Uruguay XXI, los asesores y gestores con licencia del Banco Central del Uruguay (BCU) administran más de 42.000 millones de dólares, de los cuales 88% corresponde a no residentes. La cifra equivale a casi la mitad del PIB del país y expone el peso creciente del sector dentro de la economía local.
La industria atiende una cartera de 72.000 clientes, donde el 56% son extranjeros, principalmente argentinos, aunque también brasileños y de otros mercados. Durante los últimos años se observó un crecimiento sostenido tanto en usuarios como en empresas instaladas, impulsado por la convergencia de estabilidad institucional, incentivos fiscales y un régimen normativo claro.
El país combina un entorno de negocios estable, ausencia de controles cambiarios, libre disponibilidad de divisas y garantías legales que equiparan el trato entre inversores locales y extranjeros. Ese conjunto de elementos —poco frecuente en la región— explica que, según encuestas recientes, 84% de las compañías extranjeras estén satisfechas o muy satisfechas con operar en el país.
Un marco institucional sólido y una regulación reconocida internacionalmente
El BCU se consolidó como un regulador de alta reputación en el mercado internacional. La supervisión abarca desde estándares de transparencia hasta normas estrictas de prevención de lavado de activos y calificación técnica de asesores y gestores. El hecho de operar bajo licencia local otorga un distintivo que mejora la aceptación ante custodios globales y clientes internacionales.
A su vez, Uruguay garantiza repatriación ilimitada de capitales, sin restricciones cambiarias ni diferencias regulatorias entre inversores nacionales y extranjeros. La libertad operativa en múltiples monedas es un atributo especialmente valorado en momentos de volatilidad en mercados emergentes.
El país también ofrece ventajas tributarias mediante su régimen de Zonas Francas, donde operan alrededor del 60% de los asesores y gestores, con exoneración total de impuestos, excepto seguridad social, y un marco jurídico estable. Allí se concentran hubs como Zonamerica, WTC Montevideo Free Zone, Aguada Park y Parque de las Ciencias, que captan empresas financieras, tecnológicas y de servicios globales.
Expansión del sector: más clientes, más talento y mayor sofisticación
El sector emplea 1.300 personas de forma directa, apoyado por una red de estudios jurídicos, fiduciarias, consultoras y aseguradoras que completan la cadena de valor del asesoramiento patrimonial. En paralelo, Uruguay cuenta con una base profesional fortalecida: más de 132.000 personas trabajan en actividades vinculadas a servicios financieros y empresariales, mientras que sus universidades mantienen un flujo constante de graduados en finanzas, contabilidad, derecho y tecnología.
El crecimiento de los últimos años también vino acompañado de un cambio en el perfil de los inversores. Los clientes locales crecieron hasta alcanzar el 44% del total, aunque su peso en activos es menor frente a los capitales externos. En contraste, los clientes argentinos —unos 27.700— concentran casi la mitad de los fondos administrados. Las carteras provenientes de “otros países” representan un 36% adicional del total gestionado.
Qué buscan los inversores: diversificación, discrecionalidad y vehículos profesionales
La canalización de órdenes sigue siendo el servicio más utilizado, pero la gestión discrecional y el asesoramiento especializado crecieron dentro de perfiles con mayor patrimonio. La industria administra portafolios diversificados en fondos, renta fija, renta variable, ETFs, instrumentos estructurados y productos internacionales, con predominio de fondos y bonos (70% del total).
El ecosistema incluye además estructuras fiduciarias, planificación sucesoria, seguros patrimoniales y acceso a vehículos de inversión regionales y globales, lo que permite a Uruguay competir con plazas financieras más maduras.
Las firmas instaladas, entre ellas Balanz, AIVA, Bordier & Cie e Insigneo, consolidaron modelos integrados de asesoría, gestión e infraestructura tecnológica, lo que robustece la oferta nacional en el segmento de alta inversión.
El dinamismo del wealth management en Uruguay se apoya en condiciones que han demostrado resiliencia: estabilidad macro (inflación moderada, sistema financiero sólido, tipo de cambio operativo), institucionalidad previsible y reglas claras. Con activos bajo gestión que crecieron 46% desde 2020 y una expansión del 28% en la cantidad de clientes en cinco años, la industria aparece bien posicionada para un nuevo ciclo de crecimiento en 2026.
Para los inversores regionales, el país ofrece algo escaso en contextos de volatilidad: certidumbre, reglas estables, profesionalización y conectividad internacional. Para los actores locales, el desafío pasa por profundizar la sofisticación, sumar capacidades tecnológicas y captar nuevos flujos en un escenario global cada vez más competitivo.
