El país se encuentra siempre entre los combustibles más caros de la región, provocado por altas cargas impositivas.
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El gobierno avanza en cambios en la fijación de precios de los combustibles y congela la nafta por dos meses
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Álvaro Delgado criticó al gobierno por no bajar las naftas pese a la caída del PPI
Una vez más, Uruguay lidera los rankings de los países con combustibles más caros, esta vez, haciendo foco en las altas cargas impositivas que van desde intenciones del gobierno para desmotivar el uso de combustibles fósiles, como así también los costos por importación.
De esta manera, el 45% del l valor final en surtidor es representado por una alta cagar tributaria en los combustibles. Actualmente, la nafta Súper 95 se vende a $78,54 pesos uruguayos por litro, de los cuales $35,68 corresponden a impuestos. Dentro de los impuestos principales, se encuentra el cobro del Impuesto Específico Interno (Imesi) y el impuesto al dióxido de carbono.
Si se lo compara con países vecinos, en Brasil, el litro de gasolina ronda los $54 pesos uruguayos (unos 6,47 reales), con una carga impositiva de aproximadamente $22. Mientras, en Argentina se vende a 1,194 por litro dólares para la Nafta Súper 95, equivalente a $52,71 pesos uruguayos al tipo de cambio actual.
Otro de los factores a tener en cuenta es el costo de importación ya que, según datos de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea), Uruguay importa combustible a $29,41 por litro, por lo que la presión fiscal aumenta esa cifra en casi un 167%.
Por último, el hecho de que el gobierno obligue a la mezcla de biocombustibles con el combustible en tan solo un 10% no permite que un mayor porcentaje pueda reducir la dependencia a un petróleo importado, amortiguando el impacto del precio internacional del crudo.
El cambio de metodología del gobierno
El gobierno tiene definido que los ajustes de precios en las tarifas de combustibles dejarán de ser mensuales, tal como realizaba la gestión de Luis Lacalle Pou. En el marco de la LUC, la posibilidad inmediata es que esa actualización sea bimestral, aunque la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, anticipó la posibilidad de que esa revisión sea semestral.
Si bien este primer ajuste menor a lo que marcan los PPI generaría una recaudación mayor a la prevista, un congelamiento durante seis meses podría castigar a una Ancap que dio pérdidas durante 2024, ante la volatilidad de los precios del petróleo en un escenario global convulsionado.
Vale destacar que la compañía estatal tuvo un saldo negativo de 130,2 millones de dólares el año pasado, mientras que, únicamente al analizar la brecha entre los precios de paridad y el ingreso real, ese monto llegó a 60 millones.
