Uruguay se convirtió en el primer país de la región en aprobar por vía parlamentaria una ley de eutanasia, también conocida como de «muerte digna». La norma fue aprobada en el Senado con 20 votos a favor sobre un total de 31, con el respaldo del oficialismo y de sectores del Frente Amplio (FA), el Partido Colorado (PC) y el Partido Nacional (PN).
La aprobación culmina un proceso de debate legislativo que se extendió durante más de ocho años.El texto establece que las personas con enfermedades terminales, incurables o irreversibles podrán solicitar asistencia médica para poner fin a su vida, siempre que exista consentimiento expreso y reiterado.
El proyecto había sido reimpulsado a comienzos de este año por legisladores del FA y del PC, tras varios intentos fallidos en años anteriores.
Una ley de «muerte digna» con respaldo multipartidario
Durante la sesión, la iniciativa recibió el apoyo de senadores de distintos partidos. Además de los votos del oficialismo, se destacaron los de la nacionalista Graciela Bianchi y los colorados Ope Pasquet —quien ocupó temporalmente la banca de Robert Silva para participar de la votación— y Heber Duque, suplente de Andrés Ojeda.
Pasquet, uno de los principales impulsores del proyecto, calificó la norma como «bienhechora, liberal y humanista«. En su exposición, planteó: «¿Una persona adulta y en su sano juicio tiene derecho a morir cuando ella lo decida, o el deber de vivir hasta que le llegue la muerte natural? Quien crea en la legitimidad moral de la eutanasia podrá pedirla; quien no, no la solicitará. Es libertad para elegir: que cada cual siga los dictados de su conciencia».
Desde el Frente Amplio, el senador Daniel Borbonet subrayó que la ley «no obliga a nadie», sino que «ofrece una alternativa que hoy no existe«. «Con la ley no aumentarán los deseos de morir —añadió—, pero sí aliviará la angustia de quienes atraviesan situaciones extremas y hará más libre y más digno al ser humano».
Argumentos en contra y cuestionamientos al texto
No obstante, la aprobación no estuvo exenta de críticas. El senador colorado Pedro Bordaberry manifestó su desacuerdo con la forma en que se tramitó el proyecto, al considerar que se votó «de apuro» y con «problemas de redacción». A su entender, la norma está elaborada «desde el punto de vista exclusivamente médico», sin suficiente participación jurídica. «No se pueden corregir errores en la reglamentación; eso debió resolverse antes», advirtió.
Por su parte, el legislador nacionalista Martín Lema también votó en contra y señaló que la discusión ocurre en un contexto «inoportuno«, ya que días antes se había reglamentado la ley de cuidados paliativos. «No es casualidad; ambas normas están relacionadas. Lo natural sería esperar a que esa política pública se despliegue plenamente», sostuvo.
Lema argumentó que su posición «no responde a motivos partidarios ni religiosos», sino a una convicción filosófica: «Cuando se habla de libertad y derechos, deben estar siempre asociados a la vida. Por eso mi postura es enfáticamente contraria».
Un precedente histórico en América Latina
Con esta aprobación, Uruguay se convierte en el primer país latinoamericano en legalizar la eutanasia mediante una ley parlamentaria. En otras naciones de la región, el derecho a la muerte asistida ha sido reconocido a través de fallos judiciales o resoluciones administrativas, pero no por una norma votada en el Congreso.
El antecedente más cercano es el de Colombia, donde la Corte Constitucional reconoció el derecho a la eutanasia en 1997, posteriormente reglamentado por el Ministerio de Salud. Sin embargo, el proceso colombiano se sustentó en decisiones judiciales, no legislativas.
La norma uruguaya establece así un marco legal completo para la práctica de la eutanasia activa, convirtiendo al país en referente regional en materia de derechos vinculados a la autonomía personal y al final de la vida.
La aprobación representa el cierre de un proceso iniciado hace cinco años, que tuvo su primer intento formal en 2020 y un debate inconcluso en 2022. Ahora, con la sanción definitiva, Uruguay abre una nueva etapa en la discusión sobre los límites éticos, médicos y legales del derecho a morir dignamente.
