El hombre de 31 años comenzó a acumular y distribuir material desde setiembre de 2020 hasta su detención en 2021. En sus dispositivos encontraron más de 1.300 archivos.
Foto: AFP.
La justicia española condenó a un ciudadano uruguayo de 31 años a siete años de prisión por un delito de posesión y distribución de pornografía infantil, después de intervenirle distintos soportes informáticos en los que almacenaba más de 1.300 archivos fotográficos y videos de contenido pedófilo.
Ese material lo fue acumulando y distribuyendo al menos desde setiembre de 2020 hasta el momento de su detención, en noviembre de 2021.
La sentencia de la Audiencia de Alicante (este de España) detalla que en la mayoría de esas imágenes aparecían bebés recién nacidos, a los que se sometía a agresiones sexuales «de especial crudeza». Además, en otras se podía ver a menores de edad que eran atados y golpeados por adultos.
Esos archivos se localizaron en los dispositivos de almacenamiento de un teléfono móvil y de un ordenador portátil propiedad del procesado cuando se produjo el registro de su domicilio, situado en la localidad española de Benidorm el 24 de noviembre de 2021.
El acusado admitió que almacenaba y compartía esos archivos durante su declaración en el juicio, aunque dijo desconocer que en esas imágenes apareciesen bebés.
Además, a pregunta de su abogado, dijo haber sufrido agresiones sexuales por parte de su padre que, según argumentó, habrían afectado a su desarrollo posterior. Así, expuso que pensaba que las imágenes en esos archivos eran situaciones normales «por la experiencia que había vivido» con su padre, según la sentencia. Además, añadió que al poseer y compartir esos vídeos «no sentía que esos niños sufrían» y que, ahora, tras la terapia a la que había acudido, lo había logrado comprender.
No obstante, el tribunal no da credibilidad a su versión y no acepta «el desconocimiento de la ilicitud de su conducta». Concluye que el encausado «no padecía anomalía psíquica» alguna, por lo condena a siete años de privación de libertad, a los que añade libertad vigilada por otros siete años más, una sentencia que es recurrible.
EFE
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