Los denunciantes sostienen que el Arroyo El Potrero «es un bien de dominio público, clave para el ecosistema de la Laguna del Sauce, y no puede ser apropiado por privados».
Foto: Ricardo Figueredo/Archivo El País.
Redacción El País
Un grupo de vecinos de Ocean Park, en representación de la Comisión de Vecinos en Defensa del Arroyo El Potrero y los humedales, presentó una acción judicial declarativa con medidas provisorias ante el Juzgado Letrado en lo Contencioso Administrativo contra la empresa desarrolladora del barrio privado Reserva del Mar, sus inversores, la Intendencia de Maldonado, el Ministerio de Ambiente y el Poder Ejecutivo.
Según informó FM Gente y confirmó El País, los denunciantes sostienen que el Arroyo El Potrero «es un bien de dominio público, clave para el ecosistema de la Laguna del Sauce —fuente de agua potable para más del 95% de la población de Maldonado— y que no puede ser apropiado por privados».
En el escrito, al que accedió El País, argumentan que el emprendimiento inmobiliario «vulnera normas de ordenamiento territorial y ambientales, al haber cercado con una empalizada ilegal el acceso al arroyo y la franja costera, realizar tala de monte nativo sin autorización, avanzar obras sin contar con Evaluación de Impacto Ambiental y obtener excepciones irregulares de parte de la Junta Departamental de Maldonado«.
Foto: Ricardo Figueredo/Archivo El País.
Piden que se declare «dominio público» del arroyo
La acción pide al Poder Judicial que «se declare el carácter de dominio público del Arroyo El Potrero por ser navegable y/o flotable, la remoción de la empalizada y la garantía de libre acceso a todos los habitantes, la protección de los ecosistemas afectados (humedales, monte nativo y fauna) y el cumplimiento de la normativa ambiental y de ordenamiento territorial«.
Los vecinos denuncian además que la resolución del Ministerio de Transporte y Obras Públicas de 2014, que «desconoció el carácter navegable del arroyo, es ilegal e inconstitucional, y que el Estado uruguayo favoreció intereses particulares en perjuicio de los derechos colectivos y ambientales«.
Por último, reclaman que «se respete el interés general por encima de los intereses privados del megaproyecto inmobiliario«, al que califican como «el barrio privado más grande en construcción en Uruguay, con una superficie de 150 hectáreas».
Foto: Ricardo Figueredo/Archivo El País.
¿Encontraste un error?
Reportar
