El fiscal general Diego Luciani y su par Sergio Mola respondieron al escrito de Cristina Kirchner a través del cual discutía la cifra del decomiso en el caso Vialidad, que la justicia ordenó en 537 millones de dólares. “El decomiso no es una opción, es una obligación”, dijeron los fiscales y pidieron la “inmediata ejecución de bienes”. Además, sostuvieron que la ejecución patrimonial debe tramitar en Comodoro Py y no en la justicia comercial, como pretende la expresidenta.
El 13 de agosto, ni Cristina ni los otros ocho condenados en el caso Vialidad depositaron el dinero que exigió el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) en concepto de decomiso como parte de la sentencia por corrupción en la obra pública vial de Santa Cruz.
Un día antes de que ese plazo legal venciera, la expresidenta presentó un escrito con el que puso en discusión la cifra que reclama la justicia. Esa cifra, de más de 684.000 millones de pesos -equivalentes a los U$S 537 millones- se alcanzó después del análisis de los peritos contables de la Corte, los especialistas en representación del Ministerio Público Fiscal y el perito de parte.
Pero el abogado de Cristina, Carlos Beraldi, dijo que no pagaría la parte de ese monto que le correspondiese porque el cálculo era incorrecto y además pidió que el TOF 2 decline su competencia en este proceso: es decir que la ejecución patrimonial la lleve adelante el fuero Civil y Comercial.
Parte del planteo fue concedido por el Tribunal y el reclamo se remitió a la Cámara Federal de Casación, pero sobre el decomiso y la competencia del fuero federal penal se pidió la opinión del fiscal Luciani.
En el dictamen al que accedió Clarín, el fiscal -junto a su par Sergio Mola- rechazó los argumentos de la defensa de Cristina Kirchner.
Uno de los primeros aspectos mencionados por el fiscal Luciani se enfocó en la maniobra investigada, “en este juicio se acreditó la existencia —entre 2003 y 2015— de una de las matrices de corrupción más extraordinarias que, lamentablemente, se hayan desarrollado en la historia de nuestro país. Esta defraudación colosal trajo perjuicios inconmensurables para las arcas del Estado”.
Como punto de partida el Ministerio Público Fiscal, señaló que “la principal responsable de esta maniobra —sin mostrar ningún tipo de arrepentimiento— sigue anteponiendo todo tipo de artilugios y excusas. Esta vez, lo hace para impedir el recupero de los efectos del delito”.
Pará los fiscales Luciani y Mola la defensa de la ex presidenta “ha buscado impunidad en cada etapa del proceso legal”.
La novedad es que ahora “pretenden obturar toda posibilidad de que se recuperen los efectos del delito, cuyo apoderamiento ilícito se comprobó en este juicio y se determinó en una sentencia que ha adquirido firmeza”.
A la hora de analizar el decomiso fijado en U$S 537 millones, los representantes del Ministerio Público explicaron que la suma que estableció el tribunal “no es una opción”, sino que es una “obligación prevista en la sentencia firme, en nuestro derecho interno y en los tratados internacionales sobre la recuperación de los activos producto del delito, de los que la Argentina es parte”.
En otros términos, se planteó que las ganancias de la maniobra delictiva alrededor de las 51 obras viales otorgadas a Lázaro Báez “además de no rendirles frutos, deben retornar al Estado”, consideraron los fiscales.
Esto debe materializarse “cumpliendo una obligación de dar, es decir, entregando la suma por la que fueron intimados. Dado que los condenados se niegan a devolver lo que sustrajeron ilegalmente, la Justicia debe procurar que respondan con el dinero, los bienes cautelados y el resto de los activos que compongan su patrimonio, hasta alcanzar el importe establecido en la sentencia”.
Como consecuencia, los fiscales exigieron la “inmediata ejecución de bienes” de Cristina Kirchner, rechazando su pedido de suspensión de este proceso. “La negativa de quien ha sido la máxima responsable de la defraudación a devolver el dinero ilegítimamente apropiado, es una clara afrenta al tribunal y a la sociedad, que ha sido la víctima de este flagelo”.
Sigue el dictamen de los fiscales, expresando que lo expuesto por Cristina Kirchner es una “actitud reticente, sin duda, impide que la sociedad reciba al menos una parte de los bienes que se le arrebataron durante los doce años de corrupción sistemática”.
La finalidad del decomiso
A lo largo del dictamen, se explicó que la ejecución del decomiso busca subsanar -en alguna medida- “un daño que es incalculable, si se tiene en cuenta que ese dinero dilapidado pudo haberse utilizado para paliar situaciones en materia de seguridad vial, salud, infraestructura, educación, trabajo, vivienda, jubilaciones, etc”.
Por eso, el monto que fijó el tribunal es “mínimo, en comparación con el daño real e inmenso que se le produjo a la sociedad. Así y todo, Fernández se niega a devolver lo desapoderado. En definitiva, lo que pretende esta representación del Ministerio Público Fiscal, y no va a descansar hasta lograrlo, es recuperar el dinero que la corrupción sistemática desvió, para que esos bienes tengan un fin de utilidad social”.
La cifra
Respecto al valor del decomiso, el representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que no es discutible y que la ex presidenta, condenada a seis años de prisión por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, debe responder con su patrimonio al valor determinado por el TOF 2.
En definitiva, los fiscales reclamaron que Cristina Kirchner pague los U$S 537 millones de forma solidaria con los demás condenados.
El Ministerio Público Fiscal señaló que no hay sustento para dicho análisis en el marco de un delito como la administración fraudulenta, ya que el decomiso es una consecuencia de la condena que obtuvo firmeza por parte de la Corte Suprema el 10 de junio pasado.
Asimismo, Luciani y Mola defendieron la competencia del trámite vinculado al decomiso y ejecución patrimonial. Señalaron que no hay discusión alguna respecto a que es una tarea que corresponde que realice el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), es decir, no hay justificativo para que sea impulsado por el fuero Civil y Comercial.
¿Que habían dicho los jueces?
La semana pasada, el TOF 2 había rechazado el planteo de la ex presidenta sobre el cálculo del decomiso. “Más allá de lo extemporáneo de la presentación, la interpretación que realiza la parte supone además una tergiversación de cuanto ha expresado este tribunal” respecto a la intimación del pago. El mismo es resultado de “hechos gravísimos de corrupción”, explicaron los magistrados.
Le recordaron a la ex Presidenta que el decomiso tiene una cifra de base $ 85.000 millones que se fijó en la sentencia condenatoria, y que allí se explicó “el modo en que se arribó a la cifra que, finalmente y con toda precisión, quedó plasmada” en la decisión del TOF 2. Luego, los peritos de la Corte actualizaron ese monto hasta llegar a los 684.000 millones.
Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso señalaron que el avance sobre el derecho a la propiedad de las personas condenadas, “que es inherente a la medida de decomiso, demanda el mayor de los recaudos de parte de la jurisdicción y es bajo esos estándares que hemos decidido sobre el tema”.
