Tras la ratificación de la Corte de las condenas por corrupción en la causa «Vialidad», buena parte del peronismo unificó su defensa en una única perjudicada por esa decisión judicial: Cristina Kirchner. Ninguno de los otros exfuncionarios incluidos en esta sentencia firme, que incluye penas de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por los delitos cometidos, es aludido por la dirigencia que decidió nuclearse solo en la figura de la expresidenta.
Uno de los peronistas condenados en el mismo caso, como el exsecretario José López, en sus tiempos de apogeo venerado por los jefes territoriales del Justicialismo, no es siquiera mencionado en discursos de voceros secundarios en esta trama. Ya en el pasado había sido estigmatizado por los propios, todo después de ser encontrado en flagrancia con bolsos que contenían nueve millones de dólares en efectivo. Su caso es parecido al del millonario súbito Lázaro Báez, uno de los mejores amigos de Néstor Kirchner y su socio comercial en infinidad de operaciones que mezclaron el dinero público con el enriquecimiento privado: a pesar de que afirma con orgullo su militancia en el PJ ortodoxo y de que es un protagonista central de la historia penal de la expresidenta, no hay defensa corporativa ni partidaria para él.
Todos los argumentos expuestos al debate público por la dirigencia K en este caso involucran únicamente «a Cristina»: solo ella es la supuesta beneficiaria del intento por «blindar» su inevitable destino penitenciario. La dirigencia afín a Kirchner, al menos por ahora, ensaya métodos defensivos desesperados, con nulo peso jurídico o incluso hasta contradictorios.
Esta singular situación incluye hasta a los abogados de la expresidenta. Fueron ellos los que dejaron trascender que apelarán el caso ante tribunales internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mientras que, al mismo tiempo, juristas de total afinidad con los Kirchner, como Raúl Zaffaroni, explicaron que una decisión en ese sentido «no servirá de nada» debido a que el caso carece de los fundamentos esenciales para que sea tratado en esos estrados del extranjero, cuyas resoluciones son de cumplimiento obligatorio para nuestro país.
Las defensas de los Kirchner y sus aliados se reducen solo a cuestionar políticamente la ratificación de la condena por corrupción a Cristina Kirchner. Ni ella ni sus representantes más fieles, como los dirigentes de La Cámpora, atacaron las pruebas documentales o testimoniales expuestas en el juicio oral y público de la causa «Vialidad». Ni siquiera Kirchner intentó construir durante el proceso una defensa técnica. Su abogado, Carlos Beraldi, debió ensayar un método poco efectivo cruzando escritos jurídicos mientras su clienta eludió atenerse a esa lógica durante el desarrollo de la causa.
La expresidenta, por ejemplo, utilizó siempre sus declaraciones indagatorias, su derecho a la defensa, para expresar con palabras (y hasta gritos) que el juicio solo la tenía como acusada por su condición de presidenta primero y, en el debate oral, ya en calidad de vicepresidenta electa. El 6 de diciembre de 2015, Kirchner se sentó como imputada ante el estrado del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2). No desmintió ninguna de las denuncias ni el material probatorio que la comprometía desde el punto de vista penal. Atacó a gritos a los tres jueces, se paró cuando ella lo determinó y se retiró a paso rápido hasta que se escuchó otra voz que preguntó: «¿La imputada va a responder preguntas?». Era el fiscal Diego Luciani. Kirchner enfureció aún más, volvió al estrado pero, sin sentarse, tomó el micrófono y elevó el tono: «¿Preguntas? ¡Preguntas van a responder ustedes!».
Dos años después, ante una inminente sentencia condenatoria, la vicepresidenta en ejercicio del poder se quejó porque, según ella, no se le había permitido hacer uso de la palabra hasta ese último tramo dramático del juicio. El fiscal Luciani y los jueces tomaron esa indagatoria como lo que fue: ella no se defendió ni descalificó las pruebas.
Entre otras variables que después la complicarían, Kirchner no desmintió el lazo comercial que tenía con Lázaro Báez. Así lo expuso Luciani en su alegato. Después de describir ese vínculo como trascendental para el desarrollo de lo que identificaría como una maniobra de corrupción «monumental», el fiscal repitió varias veces que Báez y los Kirchner eran amigos «íntimos», que hicieron múltiples negocios juntos, y explicó que «esto no está controvertido en el juicio, la misma Cristina Kirchner lo omitió en su declaración indagatoria».
Ayer, con la condena por corrupción cada vez más cerca de oficializarse, diferentes dirigentes K expresaron ante la prensa otro tipo de defensa. Ninguna podrá ejecutarse. Son hasta contradictorias por diversas razones.
El senador nacional y referente de La Cámpora, Eduardo «Wado» de Pedro, hizo declaraciones que buscaron funcionar como presión para un próximo gobierno. Alentó a que un nuevo presidente beneficie a Kirchner con un indulto. «La primera condición es Cristina libre», dijo. El jefe de bloque de los legisladores K en la Cámara Alta, José Mayans, hizo una alusión directa al «indulto» para la expresidenta: «Un posible próximo gobierno, si es del peronismo, debería indultar a Cristina».
La expresidenta fue condenada en la causa «Vialidad» por haber cometido el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. La pena es de seis años de prisión y conlleva, sí o sí, una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Como explicaron constitucionalistas de diferentes espectros ideológicos, un indulto, en este caso puntual, es imposible. Daniel Sabsay o Andrés Gil Domínguez, entre otros destacados hombres y mujeres del Derecho, explicaron lo obvio para quien estudió lo mínimo sobre esa potestad que solo pueden ejercer los presidentes. De acuerdo con la Constitución Nacional, los delitos de corrupción son equiparables a los crímenes que se consideran ataques al orden democrático. Así lo establecen también los convenios internacionales con rango constitucional en nuestro país. Es por eso que el caso Kirchner-Vialidad no puede nunca ser «resuelto» mediante un indulto.
La contradicción de la dirigencia K respecto a esta cuestión es notable. Un indulto dictado por el Poder Ejecutivo, en caso de que la figura pueda ser una herramienta legal en esta cuestión puntual, supone un «perdón» de la pena, pero siempre sostiene la admisión del delito. ¿La Cámpora busca que un presidente libere a Cristina aunque eso signifique que sea culpable de la corrupción, como lo es de acuerdo con todos los tribunales que actuaron en la causa «Vialidad»?
El pedido de indulto es, entonces, brutal y demuestra desesperación: la expresidenta aún ni siquiera se notificó de la sentencia firme en su contra, y sus allegados ya piden que sea indultada. El laberinto penitenciario empieza a encerrar a los voceros de la defensa K.
Ayer, de modo sorpresivo, el exvicepresidente Amado Boudou, quien cumplió su condena de cárcel por corrupción dictada en la causa «Ciccone», intentó defender a Kirchner argumentando que la condena en su contra se debe a la instauración de un régimen dictatorial alineado a los intereses «del capital», como si él no hubiera militado en la derecha de la UCeDé o no se hubiera transformado en un referente del anticapitalismo. Creyendo quizás que le hacía un favor a su exjefa, Boudou agregó que la condena ratificada por la Corte «fue amañada, trucha, televisiva».
Los memoriosos en los tribunales recordaron que, cuando Boudou fue llamado a declarar en indagatoria en la causa «Ciccone», tanto él como el gobierno K de entonces intentaron presionar al magistrado para que esa instancia de defensa pudiera ser filmada, es decir, televisada.
Estas defensas singulares se sumaron a otras, ya repetidas por la propia Kirchner en el pasado reciente y no tan reciente: se intenta instalar que la Corte Suprema busca «proscribir» una candidatura de Cristina; o que todos sus infortunios, ya penitenciarios más que penales, se deben a que no existe más democracia en la Argentina, por lo que el presidente Javier Milei es identificado como un dictador.
Palabras vacías para la Justicia.
Hay eslóganes ya ensayados en el pasado que solo se refieren a consignas que adolecen de cualquier rigor: «Cristina fue condenada por los medios», «todo es culpa del poder económico», «si la tocan a Cristina, qué quilombo se va a armar…».
Son más sofisticados, pero también faltos de sustento, los conceptos que aseguran que en la causa faltaron pruebas contundentes. Fue exactamente lo contrario a lo que pensaron todos los jueces y fiscales que utilizaron material probatorio que fue in crescendo para condenar a la expresidenta en todas las instancias posibles.
Quien repite esas ideas nunca alude de modo puntual a fallas específicas en el expediente «Vialidad» o a lo acumulado en ese sentido en el juicio oral y público sobre el caso.
Los fundamentos de la condena del Tribunal Oral Federal 2 sobre la sentencia contra Cristina ocupan mil seiscientas dieciséis páginas. El juicio oral y público empezó el 21 de mayo de 2019 y culminó el 6 de diciembre de 2022, con un lapso de interrupción por la pandemia. Se presentaron ciento catorce testigos en ciento veintidós audiencias.
Cristina Kirchner tuvo todas las garantías procesales para defenderse. En ninguna de ellas, nunca, dijo siquiera ésto , primordial y básico: «Soy inocente» Nada menos. Ni nada más.
