Durante los últimos días, cientos de personas con discapacidad y sus familiares se han visto obligados a soportar largas jornadas de espera frente a la sede de la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación, en la ciudad de Salta. El motivo es claro: renovar las pensiones no contributivas por discapacidad, un trámite vital para muchas familias que dependen de ese ingreso para sobrevivir.
Durante los últimos días, cientos de personas con discapacidad y sus familiares se han visto obligados a soportar largas jornadas de espera frente a la sede de la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación, en la ciudad de Salta. El motivo es claro: renovar las pensiones no contributivas por discapacidad, un trámite vital para muchas familias que dependen de ese ingreso para sobrevivir.
La escena que se repite día tras día es angustiante: personas haciendo fila desde la madrugada, algunas incluso acampando en la vereda, sin saber si lograrán ser atendidos. «Vine desde temprano porque no me llegó ninguna notificación sobre la renovación de los papeles. Es desesperante», comentó a El Tribuno una mujer mientras se acomoda en una silla plegable junto a su termo. «La fila da vuelta a la esquina y no hay información clara sobre el tiempo de espera. Nos dicen que hasta la 1 de la tarde, pero no sabemos qué va a pasar», agregó, con un tono de frustración.
Las condiciones de atención en el lugar son insuficientes: la sede tiene un horario reducido, de 8 a 13 horas, y cuenta con apenas dos empleados para atender a una gran cantidad de personas. Como resultado, la espera se convierte en una experiencia cada vez más difícil de soportar. «Vengo por segunda vez para hacer el trámite para un niño discapacitado y todavía no me atienden. La fila avanza lentamente, pero no hay manera de que nos den un turno o un número», asegura Lina Mercedes Pizan, una mujer de 70 años. «Es una espera interminable, y no sé hasta cuándo vamos a estar acá», añade, mientras observa que la fila sigue creciendo sin una solución clara.
La desorganización es total, no sólo enfrentan largas horas de espera, sino también una absoluta falta de información. «No nos avisan nada, nos dicen que tenemos que esperar por orden de llegada, pero es un caos», comenta otra mujer que lleva varios días intentando renovar su pensión.
La pensión que estas personas intentan renovar representa el 70% del salario mínimo, lo que se traduce en un ingreso mensual de apenas $200,000. Para muchos, este es el único recurso económico con el que cuentan. «Es lo único que tenemos para vivir», afirman, evidenciando la enorme dependencia que tienen de este beneficio. Por eso, la situación se vuelve aún más insoportable, ya que no sólo enfrentan la falta de atención, sino también la posibilidad de perder el único ingreso con el que cuentan.
El reclamo es claro: mejorar el sistema de atención, implementar turnos previos, aumentar el personal y garantizar un trato digno. «Esto es una humillación. No estamos pidiendo nada del otro mundo, solo que nos traten con respeto», expresó una de las mujeres en la fila, visiblemente cansada por las horas de espera sin respuestas.
Hasta el momento, no ha habido pronunciamientos oficiales por parte de la Superintendencia de Salud sobre la situación en Salta. Se está evaluando presentar reclamos formales exigiendo una solución urgente que garantice el acceso al derecho de todos los afectados, sin más demoras ni maltrato.
