Organismos de Derechos Humanos y agrupaciones de diferentes partidos políticos realizaron hoy la habitual movilización por el «Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia», en el 49º aniversario del golpe de 1976.
Organismos de Derechos Humanos y agrupaciones de diferentes partidos políticos realizaron hoy la habitual movilización por el «Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia», en el 49º aniversario del golpe de 1976.
La mañana que prometía lluvia no amedrentó a los que salieron a las calles a marchar en una nueva conmemoración por el último golpe cívico militar de la historia de Argentina. Sin dudas que la mayor columna de gente estuvo en un sector donde no llevaban banderas. Se habla de los vecinos que salieron sueltos, sin agrupaciones, ni partidos políticos. Es un indicio que evidencia un malestar hacía las políticas represivas y de ajuste del Gobierno nacional. Fueron muchos los carteles, de esos marchantes sueltos, que vinculan a Patricia Bullrich con los métodos represivos de la dictadura militar.
En tanto que las agupaciones sociales y políticas se concentraron, a las 10, en la plaza 9 de Julio, desde donde marcharon hacia el parque San Martín, en el Portal de la Memoria, donde se realizaron una lectura de un documento unificado.
En el documento único de organismos de derechos humanos de Salta detallaron la preocupante situación actual en Argentina en general y de Salta en particular.
Analizaron lo que consideran «el negacionismo del gobierno de Milei» sobre los crímenes de la dictadura y cuestionaron duramente el desmantelamiento de políticas de Memoria, Verdad y Justicia.
Expusieron la regresión económica y social y la manipulación política, así como la creciente represión y el uso de las fuerzas de seguridad contra manifestantes.
Se criticó la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y su potencial impacto negativo en provincias como la nuestra, priorizando los intereses de grandes empresas sobre el medio ambiente y las comunidades locales.
Se señaló el aumento de las tarifas en los servicios esenciales, la precarización laboral estatal y la falta de atención médica en hospitales públicos.
Además, cuestionaron la política internacional de alineamiento con la extrema derecha y el nuevo pedido de un préstamo al FMI, con su consecuente incremento en a deuda externa.
Finalmente, enfatizaron en la necesidad de la unidad y de la resistencia popular frente a estas políticas a las cuales consideraron de «fascistas».
«Porque la historia nos convoca y el presente nos exige compromiso», señalaron desde la organización del evento, con la consigna «Nunca Más» como bandera. El objetivo es mantener viva la memoria colectiva, exigir justicia y rechazar todo intento de negacionismo o impunidad.
Respecto al negacionismo y el fascimo, el documento dice textual: «Ya en campaña electoral de 2023 que dio el triunfo a la fórmula Milei-Villaruel, se anticipaban las medidas que tomarían al asumir en el área de DDHH: negacionismo de los crímenes de la dictadura probados en juicios de Lesa Humanidad realizados con todas las garantías legales y que pusieron a nuestro país como referente mundial de los procesos para condenar a los genocidas y de defensa de los Derechos Humanos. En ese marco, ponen en duda el número de desaparecidos, tratan de recrear la Teoría de los dos demonios, niegan el terrorismo de Estado, reivindican a los militares condenados y hasta los visitan en las cárceles, y la vicepresidenta realiza un acto en el Senado para homenajear a los que ella caracteriza como víctimas de la subversión. Reivindican también el Operativo Independencia, actuación ordenada el 5 de febrero de 1975 por el Decreto 261/75 firmado por la presidenta constitucional María Estela de Perón. A partir de ese momento, el Ejército y la Fuerza Aérea pusieron en marcha un plan sistemático de represión ilegal, persecución política y exterminio centrado en Tucumán y el norte que luego, después del golpe del 76 se extendió a todo el país, dejando miles de víctimas por desapariciones forzadas, privaciones ilegítimas de la libertad, violaciones y homicidios. El Poder Ejecutivo junto diputados, senadores, gobernadores cómplices, y un gran sector de la justicia, tratan de borrar la memoria histórica del pueblo», leyeron.
«La generación de 1970 es producto de las luchas populares de la generación del 60 donde se fue restaurando organizaciones políticas de izquierda y otras de proyección revolucionaria de origen peronista, demócrata cristiana, social demócrata y de importante adhesión a estos ideales antiimperialistas de algunos grupos religiosos que pagaron con su propia vida su pertenencia al verdadero cristianismo y su integración a los sectores más desprotegidos de la sociedad. Las y los compañeros dejaron sus privilegios para luchar por los que menos tienen. Por eso reivindicamos sus ideales y decimos que las compañeras y compañeros que mueren por sus ideas son aquellos muertos que nunca mueren sino que viven en el corazón de su pueblo», concluyeron en el documento.
