La Cámara de Diputados de Salta aprobó el proyecto de ley (Expte. Nº 91-51.272/24) que regula el Sistema de Residencias de Salud, una iniciativa largamente esperada por el sector sanitario.
El texto, que contaba con media sanción del Senado y había regresado a la cámara baja con modificaciones, busca modernizar el marco legal vigente, equiparar estándares entre el sistema público y privado y otorgar nuevas herramientas de control al Estado provincial.
Durante el tratamiento en el recinto, legisladores de distintos bloques coincidieron en destacar la relevancia de esta normativa, que impactará de manera directa en la formación de cientos de médicos y profesionales de la salud que año a año ingresan a residencias en hospitales y centros asistenciales de toda la provincia.
La autora del proyecto, Laura Cartuccia (Bloque Justicialista Sáenz Conducción), abrió el debate destacando que esta ley “amerita un amplio debate” y destacó que se regula la penalidad económica del 100% para quienes renuncien anticipadamente, buscando equilibrar la responsabilidad del residente con la inversión estatal. En este caso se eliminó la penalidad económica. Ese es una de las modificaciones introducidas en el Senado. Solo habrá sanción ética.
Uno de los ejes centrales de la norma es la regulación de las concurrencias, una modalidad que permitía a profesionales formarse sin un cargo rentado. Cartuccia advirtió que, en la práctica, esta figura había derivado en situaciones de trabajo gratuito y sin reconocimiento formal.
“Había muchos jóvenes que no podían acceder a una residencia y terminaban en concurrencias no reguladas. Eso generaba desigualdad y precarización”, sostuvo.
Además, recordó que se mantiene un plazo de 180 días para la reglamentación de la norma, durante el cual el Ministerio de Salud deberá establecer los procedimientos y criterios operativos.
«Reforzar, regular, profesionalizar y transparentar»
El proyecto también refuerza la capacidad del Ministerio de Salud para firmar convenios con colegios profesionales, con el fin de fiscalizar residencias en instituciones privadas.
“Es una herramienta de control y cooperación que eleva los estándares de formación y garantiza que sea la misma en un hospital público que en uno privado”, explicó Cartuccia.
La diputada remarcó que aceptó las modificaciones introducidas por el Senado porque “mantienen el espíritu de la iniciativa original: regular, reforzar, profesionalizar y transparentar el sistema de residencias, evitando rigideces, abusos y dotando de coherencia jurídica al sistema”.
La rotación en el interior
Uno de los cambios más comentados durante el debate fue la obligatoriedad de la rotación de los residentes en el interior provincial, con el objetivo de descentralizar la formación y fortalecer los hospitales fuera de la capital.
Por su parte, el diputado Juan Esteban (Bloque Justicialista Sáenz Conducción) celebró la ley: “Es muy importante la rotación en el interior para que estos residentes formados puedan asistir a los habitantes de las distintas regiones. Es una manera de potenciar la territorialidad y llevar calidad de atención a toda la provincia”.
En sintonía, Bernardo Biella (Bloque Salta Independiente) sostuvo que esta experiencia “enriquece la formación profesional” y beneficia directamente a las comunidades: “Recorrer el interior y ver patologías distintas en cada región dignifica la profesión y a los ciudadanos. Acompañamos plenamente este proyecto”, dijo.
Crecimiento de estructuras y complejidades
Por su parte, Gladys Paredes (Bloque Más Salta), representante del departamento San Martín, destacó el impacto positivo que tienen los residentes en los hospitales del norte: “Cuando llegan residentes, incentivan a otros profesionales que no hicieron residencia. Además, permiten que el hospital crezca en estructura y complejidad. Todo esto redunda en un solo beneficiario: la comunidad”.
La diputada pidió que en la reglamentación se incluya la participación activa de los jefes de residentes, para fortalecer la formación dentro de los servicios.
La normativa aprobada establece un plazo de seis meses para su reglamentación. Una vez en vigencia, se espera que marque un antes y un después en la organización del sistema de residencias médicas, que hasta ahora funcionaba con vacíos normativos y desigualdades entre instituciones.
