Un video grabado antes del operativo policial revela la actitud desafiante de uno de los líderes del acampe frente a Casa de Gobierno. A pesar de sus palabras, el procedimiento fue pacífico y sin uso de armas.
Un video difundido este fin de semana exhibe la tensión previa al desalojo del acampe mapuche frente a la Casa de Gobierno de Neuquén, en la intersección de Roca y Rioja. En las imágenes, se escucha a un hombre —presuntamente Nelson Cárdenas, quien se identifica como lonko del Lof Ragilew— lanzar una advertencia contundente:
“Nos vamos de acá con la personería jurídica o nos vamos cagados a palos”.
La frase, captada por un teléfono celular, revela el clima de confrontación que precedió al operativo policial ejecutado este sábado al mediodía, tras una orden del Ministerio Público Fiscal. La medida fue tomada luego de varios intentos fallidos de diálogo por parte del Gobierno provincial, que argumentó que las agrupaciones no cumplían con los requisitos legales para obtener personerías jurídicas, según la Dirección de Personas Jurídicas.
El conflicto se extendió durante casi una semana, con carpas, fogones, animales y baños químicos apostados en la vereda del edificio gubernamental, ocupando incluso accesos prioritarios y encadenando personas a las barandas del ingreso principal.
Desalojo sin represión y con 17 demorados
A pesar de la tensión verbalizada en el video, el procedimiento se desarrolló de forma ordenada, sin represión y sin uso de armas. No se registraron heridos entre los manifestantes, aunque 17 personas fueron demoradas por resistencia a la autoridad —11 hombres y 6 mujeres— y un efectivo policial sufrió una mordedura en una mano.
El acampe fue protagonizado por integrantes de los lof Kelv Kurá, Fvta Xayen, Newen Kurá y Ragilew Cárdenas, quienes condicionaban su retiro a la entrega inmediata de personerías jurídicas, un reclamo que no prosperó en ninguna de las instancias de mediación, incluida una encabezada por el obispo Fernando Croxatto.
Desde el Ejecutivo provincial remarcaron que el derecho a la protesta está garantizado, pero debe ejercerse dentro del marco legal y sin afectar los derechos de terceros ni condicionar decisiones institucionales con “amenazas o mecanismos extorsivos”.