Se sabe: la inflación que dará a conocer mañana el Indec debería marcar el debut de la nueva forma de medición, con una canasta más actualizada que la anterior, -de más de 20 años de antigüedad-, que reflejara consumos acordes con los tiempos que corren. Se sabe: el Gobierno decidió dar de baja el nuevo índice antes de implementarlo, y Marco Lavagna presentó su renuncia como titular del organismo.
No hay que remontarse muy atrás para recordar los alevosos desmanejos del Indec, con la burda manipulación de las cifras bajo la batuta de Guillermo Moreno, o la insólita desaparición de las estadísticas oficiales sobre pobreza, porque según el entonces ministro de Economía Axel Kicillof esa medición estigmatizaba a los pobres, como si lo estigmatizante no fuera la existencia de pobreza sino el hecho de dimensionarla.
En fin: la credibilidad recuperada por el Indec en los últimos años corre el riesgo de verse limada por una decisión francamente incomprensible: aun cuando el nuevo índice arrojara alguna ligera suba, es mucho más alto el costo de la desconfianza que su eliminación supone. Sobre todo cuando uno de los innegables logros del Gobierno es justamente la baja de la inflación.
Como argumento se esgrimió que el índice ahora dado de baja se había hecho tomando como base la Encuesta de Hogares del año 2017-2018, que también había quedado desactualizada en 2026. ¿Recién se dieron cuenta de eso ahora, al cabo de años de trabajo y dinero invertido? The Wall Street Journal señaló en un artículo que “cualquier erosión de la confianza en los datos de inflación de la Argentina amenaza no sólo la credibilidad de Milei sino también la apuesta de Washington por su presidencia”.
Como se consigna en esta edición de Clarín, la misión técnica del FMI que acaba de llegar al país le preguntó al equipo económico que timonea Luis Caputo por qué se había frenado la difusión del nuevo índice, pactado, de paso, con el organismo.
En la semana que culminó con el anuncio del acuerdo comercial con Estados Unidos, otra buena noticia para el Gobierno, se lanzó la Oficina de Respuesta Rápida oficial -a imagen y semejanza de la que pergeñó Donald Trump- una cuenta en la red X, “para desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política”, según se explicó.
Haciendo memoria, en 2020 el kirchnerismo creó NODIO, un “Observatorio de la desinformación y la violencia simbólica” que, explicaban, “trabajará en la detección, verificación, identificación y desarticulación de las estrategias argumentativas de noticias maliciosas y la identificación de sus operaciones de difusión”.
La semana pasada The Economist publicó un informe global titulado “Cómo las democracias utilizan herramientas autocráticas para amordazar al periodismo”, analizando casos diversos en el mundo, en el que llega a la conclusión de que “a medida que el escrutinio del gobierno se debilita, la corrupción prospera”. Cita un índice elaborado por Reporteros sin Fronteras según el cual, “por primera vez en la historia del Indice, las condiciones para ejercer el periodismo son ‘difíciles’ o ‘muy serias’ en más de la mitad de los países del mundo y satisfactorias en menos de uno de cada cuatro”. Agrega que los datos de V-Dem, un proyecto de investigación con sede en Suecia, confirma la tendencia.
The Economist explica que al analizar 80 años de datos de unos 180 países recopilados por V-Dem detectó que “una reducción de la libertad de prensa en un determinado país era un fuerte predictor de que la corrupción en ese país empeoraría posteriormente”.
Entre otros conceptos, el articulo se refiere al “truco retórico”, por el que gobiernos señalan a los periodistas críticos “como una amenaza para la nación”. Y entre otros ejemplos cita la frase del presidente Milei: “No odiamos lo suficiente a los periodistas”.
Como en la vieja retórica K, están “ellos” y “nosotros”. Cambian los “ellos” y los “nosotros”, pero la lógica se mantiene.
