Días después de que las fuerzas de seguridad del estado de Río de Janeiro desplegaron la llamada Operación Contención contra el crimen organizado en las favelas de Penha y Alemão, zona norte de la capital, los gobiernos de Argentina y Paraguay decidieron reforzar la vigilancia en sus fronteras con Brasil.
“Reforzamos la seguridad fronteriza para proteger a los argentinos ante cualquier fuga de delincuentes como resultado de los enfrentamientos en Río de Janeiro”, explicó la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, en una publicación en sus redes sociales.
La funcionaria compartió una copia del oficio que envió a la secretaria de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, en el que ordena aumentar el contingente de tropas federales en la frontera con Brasil como “una medida preventiva”.
En el mismo documento, Bullrich se refiere a los integrantes de la facción brasileña Comando Vermelho como narcoterroristas y orienta a los oficiales a establecer contacto con las autoridades policiales de Brasil y Paraguay con el fin de coordinar una actuación conjunta.
Brasil, Argentina y Paraguay ya mantienen un acuerdo de cooperación policial en la frontera, a través del Comando Tripartito de la Triple Frontera. A partir de una alerta emitida por ese comando, el gobierno paraguayo decidió el miércoles (29) adoptar medidas extraordinarias de vigilancia.
En un comunicado, el Consejo de Defensa Nacional (Codena) de Paraguay afirmó que el objetivo del refuerzo del contingente fronterizo y de las medidas de control migratorio es evitar que miembros del Comando Vermelho que escaparon del operativo en Río crucen al país.
“Ante esta situación, desde las primeras horas del martes (28), las instituciones nacionales competentes de seguridad adoptaron medidas extraordinarias de prevención y vigilancia en toda la frontera”, informó el Codena.
Operación Contención
Realizada por las policías Civil y Militar de Río de Janeiro, la Operación Contención dejó unas 120 personas muertas, entre ellas cuatro policías, según el último balance.
El gobierno estatal calificó el episodio como “un éxito” y afirmó que murieron los que reaccionaron con violencia, mientras que quienes se rindieron fueron arrestados. En total, hubo 113 detenciones, de las cuales 33 corresponden a personas de otros estados.
Las fuerzas de seguridad incautaron 118 armas y una tonelada de drogas. El objetivo era frenar el avance de la facción Comando Vermelho y cumplir 180 órdenes de allanamiento y 100 de detención, 30 de ellas emitidas por la Justicia del estado de Pará.
El operativo movilizó a 2.500 policías y fue el más grande y letal realizado en el estado en los últimos 15 años. Los enfrentamientos y las represalias de los grupos criminales generaron pánico en toda la ciudad, con intensos tiroteos que obligaron al cierre de principales avenidas, escuelas, comercios y centros de salud.
Vecinos de la región, familiares de las víctimas y organizaciones sociales denunciaron la acción como una “masacre”. Cadáveres recuperados por los propios residentes de las zonas boscosas cercanas presentaban decapitaciones y signos de ejecución.
