La vivienda es una de las principales preocupaciones en España según el CIS, y ha avanzado de la sexta a la primera posición en menos de un año. ¿Qué ha pasado? Esencialmente que el precio de compra y del alquiler ha aumentado por encima de los sueldos, especialmente en las zonas urbanas. Eso se debe a una demanda creciente por el aumento de población y a una oferta que crece demasiado lentamente por factores como la gestión urbanística, la falta de personal cualificado y la inseguridad jurídica para inversores y propietarios.
¿Qué hay que hacer? Primero, esperar que el mismo aumento de precios estimule la oferta, y por eso habría que incentivar al sector de la construcción a producir vivienda y al inmobiliario a que destine inmuebles a usos residenciales. Por otra parte, se desacelerará la demanda redirigiéndola a otras zonas. Para facilitarlo, hay que agilizar la disponibilidad de suelo urbanizable. Un estudio reciente sobre la región metropolitana de Barcelona realizado por la consultora Aretian demuestra que la región tiene bastante capacidad para aumentar el espacio de uso residencial en línea con las necesidades previsibles los próximos años. Eso tendría que ir acompañado de una planificación y gestión de los flujos demográficos a los diferentes territorios.
Imponer precios al alquiler puede ser contraproducente a medio y largo plazo
Ahora bien, este ajuste será lento y el problema se puede agravar a corto y medio plazo. La intervención pública es fundamental para garantizar el derecho a una vivienda digna a los más desfavorecidos, preferentemente con vivienda asequible, movilización de inmuebles vacantes y ayudas para complementar la renta. Alternativamente, el sector público podría hacerse cargo de stocks de viviendas de alquiler que son propiedad del sector privado o de la Sareb, priorizando el acceso a las familias más desfavorecidas.
Finalmente, hay que tener presente que la mayoría de viviendas de alquiler pertenecen a pequeños inversores, muchos de los cuales complementan su pensión con estos ingresos. El porcentaje de grandes tenedores es muy bajo. Por lo tanto, imponer precios al alquiler puede ser contraproducente a medio y largo plazo, ya que desincentiva a los pequeños propietarios que pueden acabar retirando una parte de la oferta. Al control de precios, se le suma la inseguridad jurídica de los propietarios ante impagos, ocupaciones ilegales y largos procesos de recuperación. Es fundamental equilibrar el derecho a la vivienda con el derecho a la propiedad privada, ambos amparados por la Constitución. El coste de los seguros por impago, entre el 4% y el 6% de la renta anual, evidencia la importancia de esta problemática.
Viviendas en construcción en Barcelona
David Zorrakino – Europa Press / Europa Press
El decano del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, Jesús M. Sánchez, recordó el pasado 8 de enero en la inauguración del segundo congreso sobre ocupación ilegal que “en ningún país hay un derecho a ocupar, porque este derecho supondría la vulneración del derecho de otra persona”. En este congreso, los colegios de abogacía de Barcelona, Madrid y Málaga propusieron modificar la ley de Enjuiciamiento Criminal para permitir al juez ordenar el desalojo urgente en un máximo de 48 horas, sin esperar el juicio. Lo que está claro es que lo que no tiene ningún sentido es criminalizar a los propietarios, pequeños o no, por el hecho de serlo. Proteger a los ciudadanos vulnerables es una responsabilidad de los poderes públicos, pero no se puede hacer vulnerando los derechos legítimos de otros ciudadanos.
