CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Una fiscal que ha denunciado ser perseguida por la fiscalía guatemalteca, al igual que al menos otros 40 funcionarios judiciales, quedó libre de cargos el miércoles luego de ser absuelta por una jueza.
La exfiscal auxiliar Astrid Paola Pimentel fue absuelta luego de ser denunciada por el supuesto delito de revelación de información, sumándose así a otros tres colegas que dicen haber sido criminalizados por la fiscalía y también han quedado libres de cargos.
Según la fiscalía guatemalteca, Pimentel reveló información de un caso al abogado de uno de los sindicados. Sin embargo, la jueza concluyó que la fiscalía no probó que se haya cometido el delito, ni que Pimentel estuviera involucrada.
Tras una visita al país en mayo, la relatora especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de Naciones Unidas, Margaret Satterthwaite, dijo en un informe preliminar que la fiscalía guatemalteca mantiene una política de criminalización contra colectivos como operadores judiciales, líderes sociales o periodistas por sus denuncias contra la corrupción.
La fiscal general, Consuelo Porras, y por lo menos media docena de sus fiscales han sido sancionados por más de 40 estados que les prohíben ingresar a sus territorios, señalándolos de obstruir la lucha anticorrupción y socavar el Estado de derecho.
Pimentel dijo a periodistas que “ha sido una situación bastante complicada” y muy difícil para ella y su familia y que afectó su reputación después de haber trabajado años en la fiscalía.
La defensa de Pimentel ha dicho que fue criminalizada por haber trabajado e investigado el mismo caso por el que se la acusó.
En julio otro tribunal absolvió al exfiscal anticorrupción y de delitos contra migrantes Stuardo Campo del delito de incumplimiento de deberes luego de que una subalterna solicitó por error una orden de aprehensión contra una mujer de la tercera edad que fue detenida en un allanamiento contra una estructura que traficaba personas. Al saber del hecho, el exfiscal inmediatamente pidió liberar a la mujer.
El tribunal dijo entonces que la fiscalía no probó que se hubiera cometido el delito.
Campo lleva más de dos años preso por otras dos acusaciones de la fiscalía. El exfiscal ha dicho que su trabajo contra la corrupción es el motivo por el cual sigue criminalizado.
En mayo de 2023, Samari Gómez, exfiscal auxiliar, fue juzgada por supuestamente coludirse con el periodista José Rubén Zamora para traficar influencias. Fue absuelta ese mismo año por un tribunal, el cual también condenó a seis años de prisión al periodista por lavado de dinero. Una corte anuló la condena y ordenó un nuevo juicio que hasta ahora no se ha producido.
Zamora, un reconocido periodista que es crítico del gobierno del expresidente Alejandro Giammattei (2020-2024) y está especializado en investigaciones anticorrupción, lleva dos años y ocho meses en prisión, sin juicio y sin condena.
Gómez ha dicho por su parte que fue criminalizaba por su trabajo en la fiscalía.
En tanto, Eduardo Pantaleón, exauxiliar fiscal anticorrupción, fue absuelto en abril de 2024 por el delito de incumplimiento de deberes, tras ser acusado de mal manejo del proceso conocido como “libramiento de Chimaltenango» sobre la malversación de fondos públicos en la construcción de una carretera que constantemente ha sufrido derrumbes durante el gobierno del presidente Jimmy Morales (2016-2020) y que esté celebró como uno de sus mejores proyectos.
Pantaleón investigó el caso y acusó a personas allegadas al entonces presidente Morales, quien había elegido en 2018 a Porras como fiscal general y jefa del Ministerio Público.
El tribunal que juzgó a Pantaléon lo absolvió de todos los cargos que le endilgaron y ordenó investigar a los fiscales que lo llevaron a juicio. Pantaleón ha dicho que es criminalizado por haber accionado contra exfuncionarios del gobierno de Morales.
