El juez federal Ariel Lijo intentó justificar su demora de 19 años en la causa por irregularidades en la expropiación de YPF por la docena de ampliaciones que presentó la líder de la CC-ARI Elisa Carrió desde el 2006 a la fecha y la falta de respuesta de exhortos que envió a España y EE.UU pidiendo cooperación.
En un oficio enviado el 7 de julio a su colega Sebastián Ramos pocos días después de que la jueza de Nueva York Loretta Preska ordenó que la Argentina le entregue el 51 por ciento de las acciones de YPF al fondo buitre Burford, Lijo hizo un racconto de la causa, informaron a Clarín fuentes judiciales.
La diputada de la CC-ARI Paula Oliveto -una de las denunciantes junto a Carrió- dijo a Clarín que Lijo con este oficio “trata de cubrir su inactividad y su falta de decisiones de fondo” en la causa.
Oliveto explicó que la CC-ARI hizo “una serie de ampliaciones del objeto procesal de la causa, no nuevas denuncias, porque en estos años siguieron pasando cosas irregulares con YPF y el juez no hacía nada”. Para Oliveto, Lijo ya podría haber llamado a declaración indagatoria a funcionarios como Carlos Zannini, Roberto Baratta o Axel Kicillof.
Si Lijo “hubiese considerado que otra otro objeto procesal, debería haber sacado testimonios y mandado la causa a sorteo”.
Además, “en su racconto hay años en los que no hizo practicamente nada” en la causa, sostuvo la diputada y abogada.
La causa YPF se inició el 6 de marzo de 2006 por una denuncia formulada por Carrió.
En el oficio, Lijo -que fue candidato a la Corte del gobierno de Javier Milei- describió cómo el objeto de la causa “se ha ido ampliando a raíz de las numerosas denuncias detalladas y sus consecuentes requerimientos de instrucción”.
Además, “la totalidad de la prueba no se encuentra en territorio nacional y a la fecha, se encuentra pendiente de respuesta el exhorto internacional librado a España y el análisis pericial relativo al proceso de valuación de la empresa YPF S.A.”
La primera denuncia de Carrió fue por “la posible comisión por parte de las autoridades de la Secretaría de Energía del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, debido a la presunta ausencia de control estatal” sobre YPF-Repsol.
El 13 de abril de 2010, el fiscal Jorge Di Lello solicitó el archivo de la causa, aunque luego su sucesor pidió seguir la causa.
En este contexto, Carrió “realizó una ampliación de la denuncia oportunamente formulada, y solicitó que se investiguen en este Juzgado las presuntas maniobras de vaciamiento que se habrían producido en la empresa YPF-Repsol mediante su supuesta descapitalización”.
Años más tarde, “Carrió formuló una nueva ampliación y solicitó que se investigue la participación los funcionarios que habrían presuntamente avalado con su conducta y/o suscripto el decreto 530/12 y el proyecto de expropiación de YPF”.
Seguidamente, Carrió “realizó una nueva acusación y solicitó que se investiguen las consecuencias del no pago del monto indemnizatorio por parte del Estado Nacional para la empresa Repsol, luego de que las acciones de YPF le fueron expropiadas y la relación entre las ganancias ambas compañías en ese mismo período”.
En su oficio, Lijo precisó que luego, las diputadas Carrió y Oliveto “efectuaron una nueva denuncia respecto a presuntas irregularidades en el cálculo del monto de la indemnización que debía ser pagada a Repsol luego de la expropiación de las acciones de YPF” y que pactó Kicillof como viceministro de Economía.
Más tarde, Carrió y Lago “realizaron una nueva denuncia contra miembros del Tribunal de Tasaciones- por la posible comisión del delito de falsedad de documentos” que sirvieron para el pago de 5 mil millones de dólares a Repsol, en concepto de indemnización.
Luego pidió que se investigue “la responsabilidad de los Diputados Nacionales que votaron a favor de la ratificación del Convenio de Solución Amigable y Avenimiento de Expropiación celebrado entre la República Argentina, representada por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y Repsol S.A. Repsol Capital SL y Repsol Butano S.A. suscripto el 27 de febrero de 2014”.
Otros diputados solicitaron que también se investigue el ingreso del grupo Petersen a YPF de la mano de Néstor Kirchner y la compra del 25 por ciento de las acciones de la petrolera.
Después, Lijo enumeró las medidas de prueba que solicitó en todos estos años. Se ordenaron, por ejemplo, “puntos periciales para determinar, entre otras cosas, si hubo descapitalización de Repsol-YPF y cuáles fueron los motivos”.
Para determinar cómo fue el ingreso del grupo Petersen, y si se generó algún perjuicio durante la gestión del Grupo Eskenazi, “se ha recurrido a diversos organismos –Cuerpo de Peritos Tasadores, Dajudeco-, pero a pesar de los sucesivos pedidos, se informó a esta sede que no cuentan con los medios para poder llevarlo a cabo, por lo que continúa pendiente su realización”.
Posteriormente, Carrió formuló otra ampliación de denuncia y requirió que se investiguen, entre otras cuestiones, las actuaciones del representante del Estado Nacional en YPF S.A. en la asamblea de Accionistas realizada con fecha 4 de junio de 2012, Roberto Baratta y de Julio de Vido como interventor de Y.P.F. S.A.
Lijo señaló que el 12 de julio de 2018 se requirió a la Unidad de Información Financiera “un informe de trazabilidad del capital utilizado por el Grupo Petersen para financiar la adquisición del 25% de YPF y se requirió que informe respecto de los sujetos involucrados (personas jurídicas y físicas)”. Este se presentó meses después.
En paralelo, la empresa YPF S.A (gestión Macri). se presentó como querellante en la presente causa. También se presentó en esa calidad la oficina anticorrupción, y se las tuvo a ambas por querellantes
Más adelante en la causa, se presentó Claudio Canepa como administrador solidario de Petersen Inversiones SAU y Petersen Energía Inversora Holdings SAU.
El 12 de febrero de 2019 se ordenó librar exhorto al Juzgado de lo Mercantil Nº 3 de Madrid del Reino de España a los efectos de requerir la remisión de las constancias y de la prueba documental que se encuentren en los procesos de concurso ordinario nº 523/12 y 405/12 de las sociedades Petersen Energía SAU y Petersen Energía inversora SAU cuyos accionistas son Petersen Inversiones España SAU y Petersen Energía Inversora Holding SAU, el que aún no ha sido contestado, pese a los reclamos efectuados.
Acusaciones falsas
Posteriormente, Ignacio Zunino en su carácter de abogado de Petersen Inversiones Spain SAU y Petersen Energía Inversora Holdings SAU realizó una denuncia, en la que expresó que en el juicio que se desarrollaba en la Corte del Segundo Distrito de Nueva York de los Estados Unidos los funcionarios que representaban al Estado Nacional «habían hecho acusaciones falsas a sus representadas ya que allí se expresó en que para la operación de compra de las acciones se habrían utilizado fondos de las regalías petroleras de Santa Cruz» pagadas durante el gobierno de Menem a Néstor Kirchner.
El abogado de la familia Eskenazi agregó que el juicio en el exterior “tiene su origen en un hecho -la expropiación de la que sus representados serían víctimas y que los funcionarios que actuaron en ese juicio tienen el deber de actuar con legalidad”.
Por otra parte, recordó Lijo, la abogada Alejandra Ruth Dibo -en representación de ex empleados de YPF que tenían acciones-, formuló una denuncia relativa a la presunta actuación irregular del ex Procurador del Tesoro de la Nación, relacionado con el supuesto desistimiento de un proceso de Discovery que oportunamente habría solicitado su antecesor. En virtud de ello, el fiscal federal Ramiro Gonzalez requirió la realización de una medida de prueba que se encuentra en trámite.
