Para este año, la ONU ha establecido el lema «Acción local para un impacto mundial», una consigna que busca remarcar que las transformaciones ambientales globales dependen directamente de las decisiones, regulaciones y acciones cotidianas de las comunidades, organizaciones y, fundamentalmente, de los gobiernos a nivel local.
Sin embargo, el panorama en Argentina se encuentra en un punto crítico, marcado por una acelerada pérdida de su patrimonio natural y un giro radical en las políticas públicas que debieran protegerlo.
La pérdida de la biodiversidad en Argentina
Argentina se caracteriza por una inmensa riqueza biológica distribuida en sus 18 ecorregiones. No obstante, el avance de la frontera agrícola-ganadera sin planificación, los incendios forestales intencionales y recurrentes, la megaminería y el cambio climático están empujando a muchos ecosistemas al borde del colapso.
- Deforestación en el Gran Chaco y Selva Paranaense: El desmonte indiscriminado para la expansión del monocultivo y la ganadería intensiva destruye miles de hectáreas anuales de bosque nativo. Esto fragmenta los hábitats de especies en peligro crítico de extinción, como el yaguareté o el tatú carreta, disminuyendo drásticamente su variabilidad genética.
- Destrucción de Humedales: Ecosistemas como los del Delta del Paraná, fundamentales para la depuración del agua, la amortiguación de inundaciones y el refugio de cientos de aves y anfibios, sufren quemas reiteradas e intrusiones inmobiliarias.
- Retroceso de Glaciares y Cuencas Andinas: El aumento de las temperaturas globales ya genera una pérdida visible de masa helada en la Patagonia y los Andes centrales, lo que reduce el caudal de agua dulce veraniego que sostiene tanto la vida silvestre como los bofedales y las vegas altoandinas.
Las medidas de desprotección bajo la gestión de Javier Milei
El gobierno de Javier Milei ha implementado una agenda de profunda desregulación económica que impacta de manera directa e institucional sobre las normativas de presupuestos mínimos ambientales en Argentina. Diversas organizaciones socioambientales y científicos denuncian un desarme de la protección estatal bajo el argumento de eliminar «trabas burocráticas» para atraer inversiones mineras, energéticas y agroindustriales.
1. La reforma sustancial de la Ley de Glaciares
El Congreso de la Nación convirtió en ley la modificación de la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial. Esta reforma restringe la definición técnica y legal de las zonas protegidas. Al achicar el área resguardada, se habilita legalmente la actividad de la megaminería metalífera a gran escala en ambientes periglaciales altoandinos, ecosistemas que actúan como «tanques de agua» naturales y sostienen una biodiversidad altamente especializada y endémica.
2. El desfinanciamiento histórico de la Ley de Bosques
La Ley 26.331 de Bosques Nativos establece que el Fondo Nacional para la Conservación debería recibir el 0,3% del presupuesto nacional. Para este año, ese porcentaje equivaldría a más de 444.000 millones de pesos; sin embargo, las partidas asignadas se recortaron a una fracción mínima (cerca de 15.800 millones de pesos). Esto se traduce en apenas unos $298 anuales por hectárea (unos $24 al mes) para tareas de control, prevención de incendios, monitoreo del desmonte ilegal y planes de manejo sostenible en los más de 53 millones de hectáreas de bosque nativo del país.
El equivalente a media cancha de fútbol por minuto borra los bosques nativos del país
Traducir la deforestación a una cantidad exacta de árboles individuales talados por minuto es técnicamente complejo y variable, ya que depende de la densidad de cada ecosistema (no es lo mismo la densidad de árboles por hectárea en el Impenetrable chaqueño que en la selva misionera o los bosques andinos). Sin embargo, los datos satelitales y los informes de las organizaciones ambientales permiten medir este desastre con una precisión alarmante a través de la superficie afectada.
En Argentina se desmontan, en promedio, entre 150.000 y 200.000 hectáreas de bosques nativos al año (con picos que han superado las 250.000 hectáreas según los registros históricos y el monitoreo de organizaciones como Greenpeace y Fundación Vida Silvestre).
Para tomar dimensión de lo que esto significa en tiempo real:
- Por año: Se pierden unas 200.000 hectáreas.
- Por día: Se arrasan alrededor de 547 hectáreas de vegetación nativa.
- Por hora: Las topadoras destruyen cerca de 23 hectáreas.
- Por minuto: Argentina pierde un promedio de 0,4 hectáreas de bosque nativo cada 60 segundos.
En términos visuales, esto significa que cada minuto que pasa, el país pierde una superficie de bosque nativo equivalente a media cancha de fútbol profesional. Si calculamos una densidad promedio moderada de entre 150 y 300 árboles por hectárea en áreas boscosas nativas, la tasa estimada equivale a la destrucción de entre 60 y 120 árboles cada minuto.
El 80% de esta destrucción concentrada ocurre en las provincias del norte del país: Santiago del Estero, Chaco, Formosa y Salta, impulsada principalmente por el avance de la frontera agropecuaria para el cultivo de soja y la ganadería intensiva. Lo más grave es que, según las fiscalizaciones satelitales, un porcentaje muy alto de estos desmontes se ejecuta de forma ilegal, violando las zonas rojas y amarillas protegidas por la normativa ambiental.
3. Apertura de la propiedad de la tierra y desregulación
Mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70, se derogó la Ley de Tierras Rurales, eliminando los límites a la concentración de grandes extensiones de suelo en manos de capitales extranjeros o grandes corporaciones. Las asambleas socioambientales señalan que esta medida fomenta la mercantilización de áreas de alta sensibilidad ecológica, exponiéndolas a desarrollos inmobiliarios, mineros o agrícolas sin control del impacto biológico en el territorio.
4. Desjerarquización y desfinanciamiento de la gestión ambiental
La disolución del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (degradado inicialmente a Subsecretaría) significó el desmantelamiento de equipos técnicos, el congelamiento de programas de conservación de fauna y la parálisis de los fondos destinados al combate del fuego y la fiscalización en territorio de infracciones ambientales.
Conclusión
El Día Internacional de la Diversidad Biológica encuentra a la Argentina en un escenario de regresión normativa. Mientras la comunidad científica global advierte que proteger la biodiversidad es la única garantía para mitigar el cambio climático y asegurar la provisión de agua, aire limpio y alimentos, las políticas vigentes en el país priorizan la explotación de recursos primarios en detrimento de los marcos legales e institucionales que costó décadas consolidar.
