La tensión por la Ley de Glaciares llegó a su punto máximo. Tras obtener media sanción en Diputados, el proyecto impulsado por el Gobierno Nacional llega al Senado con un fuerte rechazo de la comunidad científica y ambientalista. El eje del conflicto es simple pero vital: qué zonas se protegen y cuáles se abren a la explotación económica.
¿Qué es lo que se quiere cambiar?
La ley actual, vigente desde hace 15 años, protege no solo los glaciares visibles, sino también el ambiente periglaciar (suelos congelados que regulan las cuencas hídricas). La reforma propone flexibilizar estos límites, lo que permitiría el avance de proyectos mineros de alto impacto en áreas que hoy son intocables.
Andrés Nápoli, director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), advirtió que esta medida busca «legitimar irregularidades» y dar vía libre a actividades extractivas en zonas críticas para el suministro de agua.
Los glaciares, en retirada
El debate se da en un contexto crítico. Según el último inventario del IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales), la Argentina ya perdió un 17% de su superficie glaciar en la zona noreste debido al cambio climático.
«En un escenario de crisis climática, proteger menos nuestros glaciares es una decisión que pone en riesgo las reservas de agua dulce del país», señalan desde las organizaciones que protestan frente al Congreso.
El ojo puesto en el Senado
A pesar del apuro del oficialismo, todavía no estarían asegurados todos los votos necesarios para sancionar la reforma. Las próximas horas serán clave para definir si Argentina mantiene su estándar de protección ambiental o si cede ante las presiones del sector minero.
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