Por Redacción CABA Vive
La trama judicial que envuelve a la criptomoneda $LIBRA ha dejado de ser un asunto de mercados financieros para convertirse en una bomba de tiempo en el corazón de la Casa Rosada. En las últimas horas, Juan Grabois, en su rol de abogado querellante representante de miles de damnificados por el colapso del token, presentó un escrito ante el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, exigiendo medidas excepcionales ante lo que considera una «maniobra de encubrimiento institucional».
El pedido: Un «Task Force» de fiscales
El núcleo del reclamo de Grabois es la creación de un equipo especial de fiscales que brinde soporte a Eduardo Taiano, el fiscal que actualmente lidera la investigación. Según el escrito al que tuvo acceso este medio, Grabois denuncia una «asimetría flagrante» en el acceso a la prueba digital.
La querella sostiene que la fiscalía ha sido «lenta y errática» en el peritaje de los dispositivos secuestrados a los promotores de $LIBRA, permitiendo que pruebas clave —como registros de transferencias en la blockchain y mensajes de Telegram— queden en un limbo legal. Grabois apunta a que la complejidad técnica del caso requiere especialistas que la fiscalía ordinaria no posee, o que, en el peor de los casos, «no quiere utilizar».
Las pruebas que complican al «Triángulo de Hierro»
Lo que hace que esta causa sea diferente a otras estafas cripto es la presunta conexión directa con la cúpula del Poder Ejecutivo. La investigación ha sacado a la luz borradores de un «acuerdo de confidencialidad y patrocinio» entre el presidente Javier Milei y el CEO de la firma, Hayden Davis.
Pero el cerco no se detiene en el mandatario. La Justicia analiza el rol de:
- Karina Milei: Su nombre aparece mencionado en conversaciones de los desarrolladores como la «llave» para habilitar eventos de promoción en espacios públicos.
- Luis Caputo: Se investiga si hubo facilitación de mecanismos financieros para la salida de capitales tras el estallido de la burbuja.
- Santiago Caputo: La querella sospecha que el estratega de comunicación montó una campaña de «astroturfing» (cuentas falsas) para inflar artificialmente el valor del token antes del desplome.
El caso presenta un dilema ético y legal sin precedentes:
- La responsabilidad civil del Presidente: Los defensores del Gobierno argumentan que Milei, como ferviente defensor de la desregulación financiera, simplemente recomendó una herramienta tecnológica en la que creía. Bajo esta óptica, culpar al Presidente por la pérdida de ahorros sería equivalente a culpar a un influencer de moda porque una marca quebró.
- El conflicto de intereses: La crítica más severa reside en si esa «recomendación» fue mediada por un pago. Si Milei o su entorno recibieron beneficios económicos (criptoactivos o dinero fiat) por promocionar $LIBRA mientras ejercían funciones públicas, estaríamos ante un caso de negociaciones incompatibles, un delito que no requiere que la estafa se consume para ser penado.
¿Podría el caso $LIBRA terminar con el mandato de Milei?
La pregunta sobre la estabilidad del Gobierno flota en el aire. Aquí, el análisis de los riesgos reales:
1. El «Efecto Mancha»: Más allá de lo judicial, el daño es reputacional. Milei construyó su identidad política sobre la superioridad moral frente a «la casta chorra». Quedar asociado a una estafa que afectó al «ciudadano de a pie» —su base electoral— rompe el contrato de confianza. Una presidencia debilitada por el escándalo pierde capacidad de negociación en el Congreso y ante los mercados internacionales.
2. El Juicio Político: Un camino empinado: Para que Milei sea removido de su cargo, la oposición debería activar el Juicio Político.
- La aritmética legislativa: Hoy por hoy, el Gobierno cuenta con un «bloque de resistencia» suficiente para frenar los dos tercios necesarios en Diputados. Sin embargo, si las pruebas de coimas directas se vuelven irrefutables, aliados clave como el PRO podrían soltarle la mano para evitar hundirse con él.
- La «Doctrina de la Culpabilidad»: Si la Justicia avanza y procesa a Karina Milei o al propio Presidente, la presión social podría forzar una salida negociada o una renuncia, similar a crisis históricas previas, aunque el marco institucional actual parece más rígido.
La causa $LIBRA ha dejado de ser una anécdota de color sobre la modernidad para transformarse en el expediente más peligroso que ha pisado Comodoro Py en años. El pedido de Grabois a Casal no es solo un movimiento jurídico; es una declaración de guerra política que busca exponer las grietas del modelo libertario.
Para más actualizaciones sobre este caso, seguí a @caba_vive y @vive.laplata.
