El fiscal federal Ramiro González pidió el trámite completo de una licitación por 700 millones de pesos para hacer trabajos de mantenimiento y riego en los jardines de la Casa Rosada y en la quinta de Olivos antes de resolver si imputa y abre una investigación penal contra la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.
Fuentes judiciales informaron a Clarín que el fiscal le solicitó esa medida al juez federal Sebastián Ramos. Cuando la información llegue a los tribunales de Comodoro Py, González determinará si hay motivos para abrir una causa penal.
Se trata de una denuncia que presentó la semana pasada la diputada nacional Marcela Pagano, del bloque «Coherencia». Ex La Libertad Avanza, Pagano se distanció del presidente Javier Milei y presentó varias denuncias penales contra el gobierno nacional. Denunció al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la causa por enriquecimiento ilícito en la que se descubrieron viajes al exterior y propiedades sin declarar, y a su hermano, Francisco Adorni, por el mismo delito.
Pagano denunció a Karina Milei y a quienes pudieran tener responsabilidad en los hechos por los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Lo hizo por una licitación que firmó como secretaria General de la Presidencia para el «mantenimiento preventivo, correctivo y riego de los espacios verdes de la Residencia Presidencial de Olivos y Casa de Gobierno» por 700 millones de pesos.
La objeción es que a la licitación se presentaron «La Mantovana de Servicios Generales SA» y «Grub SA» que, según la denuncia, pertenecen ambas a «Grupo Buena Vista SA» y por lo tanto no hubo competencia.
La denuncia cita un dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia que en septiembre de 2024 advirtió que las empresas eran del mismo dueño y por lo tanto no había competencia pero cerró las actuaciones por considerar que no había irregularidades administrativas.
«La Secretaría General de la Presidencia de la Nación, a cargo de la Sra. Karina Milei, en tanto autoridad convocante del procedimiento licitatorio aquí denunciado, tenía —y tiene— la obligación legal de verificar la independencia económica y la efectiva concurrencia competitiva de los oferentes admitidos al certamen», sostuvo Pagano y habló de «una ficción licitatoria destinada a aparentar competencia donde no la hay, con la previsible consecuencia de afectar el precio final y, por ende, el patrimonio del Estado Nacional».
La causa quedó a cargo del juez federal Ramos que le solicitó al fiscal González que dictamine si la causa se debe abrir. En su opinión, el fiscal consideró que previo a eso se debe contar con toda la documentación de la licitación.
«Dado que se desconoce el estado actual de la licitación cuestionada, previo a analizar la procedencia del impulso de la acción penal, se considera necesario requerir información vinculada al trámite del procedimiento licitatorio y al estado actual del mismo», sostuvo el fiscal en su dictamen.
Así, le requirió al juez la documentación necesaria del caso para luego de analizarla determinar si abre una causa penal.
