En América latina hay grandes barreras que complican el acceso de la población a los medicamentos y nuevas tecnologías de la salud. Si bien estos obstáculos no son una novedad, las grandes disparidades entre las naciones empiezan a poner a la industria farmacéutica frente a una encrucijada, y es hasta qué punto seguir invirtiendo en productos de salud innovadores, cuando muy pocos actores del mercado podrán acceder a ellos. Ahora bien, ¿qué pasa, en este sentido, en la Argentina dominada por los recortes presupuestarios del Estado y, de salud en particular? ¿Cuántas de las nuevas moléculas contra distintas enfermedades llegan al país y cuántas están disponibles en el sector público?
De la información obtenida en la última edición de la cumbre anual de la Federación Latinoamericana de la Industria Farmacéutica (FIFARMA), encuentro del que -junto a más de 200 asistentes y 40 panelistas- participó Clarín en Brasilia, salieron varios títulos, pero quizás el más relevante sea un contraste alarmante entre el gasto alto -por encima de los países más ricos- que la Argentina destina a terapias y medicamentos innovadores, y hasta qué punto ese esfuerzo redunda en que esos nuevos medicamentos lleguen después -de manera equitativa- al sector público.
Todas las cifras están plasmadas en un informe que referentes de la consultora internacional IQVIA compartieron en el congreso de Brasil. Se centran en un indicador conocido como “WAIT”, la sigla de Waiting to Access Innovative Therapies; es decir, “esperando acceder a las terapias innovadoras”. En lo que respecta a la Argentina, las preguntas son básicamente quiénes, cuántos y, en cualquier caso, por qué esperan a acceder a las últimas terapias innovadoras.
Algunos trazos gruesos importantes son que el estudio WAIT analizó 447 drogas innovadoras que fueron lanzadas al mercado y aprobadas a nivel global entre 2014 y 2015 inclusive. Un tercio son medicamentos para tratar enfermedades oncológicas y los dos tercios restantes se dividen entre los que tratan afecciones inflamatorias o inmunológicas, del sistema nervioso central, cardiometabólicas o para paliar algunas de las rotuladas como enfermedades “raras” o poco frecuentes.
Entre esas, no se contemplan biosimilares ni tampoco vacunas (las últimas tienen una lógica de acceso muy distinta), y además sólo se toman en cuenta medicamentos de venta por receta, lo que, dicho en criollo redunda en que las drogas incluidas son, en su mayoría, caras o directamente de alto costo.
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El gasto en salud de Argentina
Salvo el peculiar caso de Argentina, el promedio de los 14 países que estudia IQVIA en América latina tienen un gasto en salud como proporción del PBI por debajo del 6% (valor recomendado por la OMS).
Fuente: «FIFARMA Patient W.A.I.T. Indicator 2026 — Latin America», de IQVIA. Infografía: Clarín
Según el estudio, el 60% de esos medicamentos (268 moléculas) llegaron a estar aprobados y disponibles en al menos un país de los 14 estudiados (el informe abarca el 85% del mercado regional) en América latina. Sólo 150 de esas drogas (o sea, el 33%) llegó a estar disponible en el sector público de esas naciones. Pero, ¿cómo resultó todo esto en Argentina?
El PBI y el presupuesto argentino en salud
Si uno se pregunta por el porcentaje de medicamentos innovadores que llegan al sector público, debería en principio preguntarse cuán relevante es ese sector. En Argentina lo es especialmente: según información del INDEC del último semestre de 2025, casi el 35% de la población (o sea, más de un tercio) se atendía exclusivamente en hospitales públicos, pero datos del Observatorio de la Deuda Social de la UCA mostraron hace sólo unos días (y para el mismo período) que cuando se recorta a niños, niñas y adolescentes, los que no tienen cobertura alguna (ni obra social ni prepaga) son casi dos tercios de la población argentina: el 61,2% de ese segmento. Veamos, ahora sí, qué dice el indicador WAIT.
De acuerdo al reporte de IQVIA, la proporción de Producto Bruto Interno que Latinoamérica destina a salud está 6 puntos porcentuales abajo de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Ese umbral ideal es 6%, pero el promedio regional es 4,4%. Sin embargo, Argentina es una excepción.
De los estudiados, es uno de los países que más porcentaje de su PBI destina a salud: 6,2%, sólo apenas abajo del 6,5%; el promedio de los 38 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Y cuando la consulta recorta lo que se destina del PBI exclusivamente a medicamentos innovadores, el rendimiento nacional es intachable.
El promedio latinoamericano es 0,19%; el promedio OCDE, 0,44%; países como Brasil o Chile destinaron 0,36% y 0,10%, respectivamente, pero la Argentina se mantuvo en 0,47%, arriba del promedio de las naciones más desarrolladas.
Hospitales públicos y medicamentos innovadores
Si se parte de las 268 moléculas aprobadas en al menos un país de la región, en Argentina están aprobadas por ANMAT 164, algo más del 61%. De esas, 16 no están disponibles para nada; 61, solamente en el sector privado; 10, en el sector público (con disponibilidad plena); y otras 77 figuran en un peculiar color amarillo: la forma como IQVIA clasifica la “disponibilidad limitada”.
Antes de aclarar qué es, otro dato interesante (en la misma línea, o sea, en cuanto a la disponibilidad de nuevos medicamentos) alude a lo que la consultora llama “gasto público desproporcionado”. Es decir, cuando el Estado (o los Estados) gastan mucho en drogas que no van al sector público. Según el informe, de hecho, “en un sistema que funcione bien en materia de acceso, el gasto público destinado a medicamentos innovadores debería estar concentrado en categorías con disponibilidad total o amplia”, algo que en América latina ocurre en una baja medida.
Quedó claro que Argentina gasta bastante en salud. Sin embargo, más de un tercio (35%) del dinero que (de uno u otro modo) va a parar a la cobertura de nuevas terapias, termina en el sector privado, releva en el informe. El 7% va al sector público (o sea que la medicación está plenamente disponible a quien la precisa) y, otra vez, una mayoría (en este caso, el 57%), figura en la categoría de “disponibilidad limitada”.
Clarín pudo clarificar estas cuestiones con Oscar Courtney, experto en acceso de IQVIA. Explicó que la mayor parte de ese uso “limitado” parte de una imposiblidad inicial de acceder a esas drogas, que en muchos casos termina destrabada (o sea que la cobertura se concreta) vía procesos judiciales.
Juicio por cobertura en salud
El tema de las demandas iniciadas por pacientes es conocido en Argentina por varias razones. En primer lugar, porque esto de que los tratamientos más innovadores sean más caros de lo que los sistemas de salud y las personas pueden pagar es motivo de preocupación internacional, tanto para las autoridades como para la industria farmacéutica y, principalmente, para los pacientes.
En segundo lugar, porque la judicialización de los medicamentos (en especial los de alto costo) es uno de los principales reclamos de los financiadores argentinos (obras sociales y prepagas), que reclaman estar muchas veces al borde de la quiebra por no poder solventar esos costos.
Y, tres, porque es la razón de base por la que hace años la Argentina busca tener un organismo que evalúe la costo-efectividad de estas drogas, como la que tienen todos los países que lograron bajar la tasa de demandas por estos temas: una agencia de evaluación de tecnologías sanitarias (ETS).
En el país, el último proyecto de este tipo salió de la cartera de Salud (manejada por el ministro Mario Lugones) en marzo de 2025. Por diferencias internas del Ejecutivo, la ANEFITS (como fue acuñado el organismo) sigue sin ponerse en marcha, más allá de los cuestionamientos que especialistas en la materia le hicieron a la estructura diseñada por esta gestión.
Desde IQVIA, Courtney destacó que “el caso de Argentina es interesante” y demostró estar totalmente al tanto de las problemáticas locales. Consideró por lo menos raro que un organismo como la ANEFITS pretenda evaluar la costo-efectividad de manera vinculante (o sea, con efecto concreto y no como sugerencia de cobertura) antes de que el organismo regulador (la ANMAT) apruebe o no la droga: “No he visto que en otros lugares pongan la evaluación antes que la aprobación. Entiendo los retos y el porqué se busca hacerlo así, pero hay otras avenidas que vale la pena explorar”.
El acceso a las nuevas tecnologías
Courtney subrayó que el 35% del gasto público en el segmento de nuevos medicamentos se destina a drogas que “no están formalmente incorporadas” al sistema de salud. “Esta es la clave. Este 35% representa medicamentos que están siendo cubiertos por las prepagas, pero el Estado está pagando una porción de ellos, aunque no estén incorporados en listados para obras sociales y PAMI. O sea, no están formalmente incorporados pero hay un gasto en esos fármacos”, aclaró el especialista de IQVIA, y se preguntó: “¿Qué quiere decir esto? Que la gente está buscando acceder a esas tecnologías, sea por uso compasivo o en programas de laboratorios, y con judicializaciones. O sea que los pacientes y médicos saben que esas drogas existen en el país y están intentando obtenerlas”.
“Como de uno u otro modo el Estado está pagando por ellas, una cosa que uno se podría preguntar es si no sería una mejor inversión incorporarlas formalmente para disminuir las desigualdades en el acceso y optimizar la inversión”, opinó.
Courtney marcó la importancia de que Argentina tenga un gasto en salud similar al promedio de los países de la OCDE: “Es sorprendente porque el gasto es mucho menor en otros países. Ahora bien, ¿está bien utilizado? La información nos dice que hay varias moléculas que no están incorporadas en el sistema de salud público, pero el Gobierno está teniendo que cubrirlas para ciertos pacientes».
El experto evaluó que, «al no haber una incorporación formal en la cobertura de ciertos medicamentos, no se han establecido procesos ni criterios clínicos sino que los médicos y pacientes usan su tiempo en pagar abogados para llevar adelante los litigios. Es cierto que también existen programas de soporte a pacientes y de uso compasivo, y algunos procesos en hospitales que permiten el acceso sin necesidad del recurso legal, pero la mayoría de los casos son judicializaciones”. En base a estos elementos, concluyó: «Es claro que ese gasto es significativo y no está siendo utilizado de manera muy eficiente».
PS
