Charrúas del siglo XXI reclaman al Estado “pedacito” de tierras que les “robaron” y cuota laboral para indígenas

El memorial de Salsipuedes está allá en el Paysandú profundo, justo en el límite con Tacuarembó, al costado de la ruta 90. A esa altura la ruta es un camino de tierra que algunos conocen como Camino de los Charrúas. Hay campo abierto, el arroyo Salsipuedes Grande corre cerca y, de fondo, el típico paisaje de monte nativo.

A unos seis kilómetros está Tiatucura —Villa María oficialmente—, un pueblo de 48 habitantes según el censo de 2023, una persona menos que en el censo anterior. En un añejo cartel de madera se lee: “Cerca de aquí intentaron exterminarnos pero no pudieron. Los charrúas estamos y seguiremos de pie. 11 de abril de 1831, Conacha”.

Como cada 11 de abril, un puñado de personas se reúne alrededor del monumento que recuerda a la controvertida matanza de Salsipuedes. Son algo más de 50, hombres y mujeres, algunos pocos niños; abundan los pelos largos y vinchas, plumas, arcos, pañuelos y camisas con dibujos, pero también modernas gorras de visera. En este sitio el entonces presidente Fructuoso Rivera, que se supone pretendía pacificar la campaña, convocó en 1831 a caciques charrúas y sus familias y aquello terminó de la peor manera: murieron 40 indígenas, unos 300 fueron tomados prisioneros y otros escaparon.

Foto: Pablo Capurro.

Desde 2009, por ley, el 11 de abril es el Día de la Nación Charrúa y de la Identidad Indígena.

Y en diciembre de 2021 la Comisión Honoraria de Sitios de la Memoria declaró este lugar, el Paso de Salsipuedes, como Sitio de Memoria, a pedido de colectivos charrúas y con el voto en contra de los representantes del Ministerio de Educación y Cultura y la Administración Nacional de Educación Pública. Pero una investigación del antropólogo José López Mazz y del historiador Diego Bracco asegura que “los sucesos del 11 de abril de 1831” ocurrieron en realidad a unos 20 kilómetros de aquel lugar, en lo que se conoce como Cueva del Tigre.

Lo de Salsipuedes hasta hoy genera polémica, incluso entre políticos y académicos. En octubre, cuando anunció que el Día del Patrimonio 2026 se centraría en homenajear las raíces indígenas, la vicepresidenta Carolina Cosse dijo que hay “temas bochornosos de la historia que dan vergüenza”, como la matanza de Salsipuedes y el envío de charrúas “a Europa para ser exhibidos como en un circo”. El expresidente Julio María Sanguinetti le respondió entonces que hay un “charruismo de moda” en el que un grupo de “charrúas de apartamento asume un mitológico relato sobre una presunta operación de genocidio”, pero, aclaró, “toda la profusa documentación que hoy existe y la obra de autores serios muestran que nunca existió una intención genocida de la sociedad hispano-criolla”; sí “enfrentamientos propios de una civilización que pretendía desarrollarse”.

¿Fue genocidio? Hay coincidencia en que no todos los charrúas murieron en Salsipuedes y otras batallas. Un conocido historiador, consultado para este informe, dice que el intento de “terminar” con los charrúas claramente existió aunque “es mucho llamarle genocidio”. Pide no ser identificado pues considera que es un tema que despierta muchas sensibilidades y no le interesa entrar en debate público: relata que el ataque por parte de Rivera estaba basado en que existía un “problema social grave y gran inestabilidad” debido a que muchos charrúas no se habían adaptado a un país “que quería paz” y “asaltaban estancias, robaban ganado”. Era “todo muy salvaje”, incluso la forma en que después un grupo de charrúas mató a Bernabé Rivera en venganza, en 1832: le cortaron la nariz y las venas del brazo, que fueron enrolladas en una lanza. Y al final hundieron su cabeza en el agua.

En una entrevista con Desayunos Informales de canal 12, López Mazz dijo en 2022 que “la voluntad de exterminio existió, pero fue un genocidio técnicamente mal ejecutado”.

Y el ya fallecido antropólogo Daniel Vidart decía que el “charruismo” es una invención identitaria moderna.

Sábado 11 de abril de 2026. A orillas del Salsipuedes está el monumento en hierro reciclado, diseñado por el artista plástico Juan Carlos Ualde. Representa la “baraja charrúa”, en referencia a un mazo de naipes supuestamente confeccionado en París por Tacuabé, uno de los charrúas llevados a Francia en 1833.

Suena percusión, todos aplauden y rapea uno de los autodenominados charrúas. Reparten la letra para el que no se la sabe. La canción se llama “Bienvenido Vaimaca” y empieza así:

Cuando los charrúas llegaron a París / con grilletes, como esclavos, en la bodega de un barco / como animales exóticos eran transportados / corría el año 1833, Vaimaca el cacique, Guyunusa embarazada, el curandero Senaqué y el joven Tacuabé / ya habían pasado varias matanzas / el traicionero genocidio de Salsipuedes / aquel 11 de abril de 1831 muchos sobrevivieron / aunque la historia oficial y sus mentiras diga que no quedó ninguno.

Y repiten, gritan:

¡Digan que no quedó ninguno!

“Salsipuedes no se olvida”, “Rivera genocida”, se lee en carteles.

Varios bailan y hacen aullidos, unos gritos largos y potentes (sapucay) que se supone que son una señal de alegría.

Después cantan:

La luna trae, a nuestro cacique, Vaimaca Pirú / gran cacique sabio sagrado / brazo de fuego Vaimaca Pirú.

Uno de los activistas, envuelto en un poncho, pelo largo y vincha, se tapa los ojos con una mano y llora desconsolado. Varios lo abrazan. Al final todos gritan “¡Vaimaca!” y levantan el puño.

Este sábado 11 de abril la proclama de la Conacha quedó a cargo de Noelia Lagos, integrante de la comunidad Jaguar Berá. Lee de un celular: “Hoy nos encontramos en Salspiuedes, como cada 11 de abril, homenajeando a nuestros anaixiguat, ancestros y ancestras”. Pide “justicia por Salsipuedes, que se reconozca que fue genocidio y que Presidencia pida perdón en nombre del Poder Ejecutivo porque el Estado es responsable”.

El tema de las tierras aparecerá varias veces en la proclama. Se exige “la inmediata ratificación del convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas”, y dice Lagos: “Sabemos que a los poderosos les asusta que los charrúas lo usemos para pedirles que nos devuelvan un pedacito de la tierra que nos robaron”. Dice que el Estado “literalmente le regaló tierras y exoneró de impuestos a ricos que pueden y deberían pagar para que haya una mejor distribución de la riqueza, pero cuestionan que los indígenas pidamos un pequeño pedazo de tierra para vivir en paz y armonía con la naturaleza y poder desarrollarnos cultural y espiritualmente”.

Foto: Pablo Capurro.

El reclamo de empleo también aparece. Piden ser incluidos en el proyecto de ley de empleo integral, que envió el Poder Ejecutivo al Parlamento y busca facilitar el acceso al mercado de los jóvenes, mujeres jefas de hogar, personas mayores de 50, personas trans, afrodescendientes, con discapacidad y liberados del sistema penitenciario. Lo que quieren, dice Lagos, es que también haya cupos laborables para indígenas.

Luego la plataforma deriva en temas que poco parecen tener que ver con la causa charrúa. Bajo aplausos se solidarizan con el “pueblo de Líbano invadido por Israel”, con el “pueblo iraní” atacado por Estados Unidos, con el “pueblo de Cuba”, con “todas y todos los latinoamericanos perseguidos en Estados Unidos por el ICE” y con “el pueblo venezolano, al que atacan para robarle el petróleo”. Al final Lagos pide “por etriek” (verdad), “oyendau” (memoria) y “ara´natú” (justicia). “Kuntai ma, la lucha sigue”.

Más aullidos indígenas.

¿Cuántos uruguayos tienen antepasados indígenas o se autoidentifican como tales?

En el último censo (2023) el 6,2% de la población declaró tener ascendencia indígena mientras que en el censo anterior (en 2011) eran 5,1%. Fueron 218.259 personas. Los departamentos con porcentaje más alto son Tacuarembó (9,6%), Rocha (8,3%), Salto (7,6%), Artigas (7,4%) y Rivera (7,1%).

Pero algunos estudios científicos muestran una proporción bastante mayor a la declarada. Investigaciones del Departamento de Antropología Biológica de la Facultad de Humanidades indican que uno de cada tres uruguayos tiene un antepasado materno indígena por línea directa. “Es una locura”, opinó Gonzalo Figueiro, investigador de esa facultad en una entrevista en abril de 2024 en el programa Sobreciencia de TV Ciudad, “es lo más sorprendente en un país que se autopercibía sin indios hasta hace muy poco”. Ante la pregunta de si efectivamente son charrúas o de otras etnias, ya sea guaraníes, minuanes o chanás, Figueiro explicó: “La respuesta más adecuada es que no lo sabemos”.

Foto: Ignacio Sánchez.

Aunque algo ruidosos, los activistas charrúas son más bien pocos en Uruguay y no están demasiado unidos: integran más de 20 organizaciones distintas. La más grande es el Consejo de la Nación Charrúa (Conacha), que a su vez incluye a ocho comunidades o clanes.

La Asociación de Descendientes de la Nación Charrúa (Adench) es la pionera: nació en 1989 y estuvo dentro de la Conacha desde su fundación en 2005 pero se abrió una década después ante la molestia de sus dirigentes con el entonces presidente de la Conacha, Martín Delgado, quien en 2015 había declarado a El País que se terminaban “todos los problemas con el Estado uruguayo” si les daban 2.000 hectáreas y el control de todos los cementerios indígenas.

Once años después, Delgado entra a la redacción de El País, acompañado por Ciro Chonik Itsaj. Ambos integran el consejo directivo de Conacha.

Delgado lleva pelo largo, vincha (“el símbolo charrúa”), camisa con rombos en tonos grises, poncho pampa y vaquero. De su cuello cuelga una guayaca (“una bolsita de cuero de protección energética”), la cruz pampa o andina (“también conocida como chacana”) y un diente.

Es de La Teja aunque su familia con antepasados indígena viene de Florida (“mi abuela paterna siempre nos dijo que veníamos de los charrúas, que éramos indios”), tiene 35 años de edad y está involucrado al movimiento indígena desde chico. “Es mi vida”, dice. Además de haber sido presidente de Conacha, fue delegado ante el Fondo Indígena para América Latina y el Caribe (Filac). Su nombre en Instagram es el salvaje de Montevideo. Tiene estudios en antropología y trabaja en un dispositivo para personas en situación de calle.

Chonik, cuyo apellido “de la cédula” es Rodríguez, tiene 57 años y trabaja en bioconstrucción. Milita en el movimiento desde fines de la década de 1990, primero a través de la música. Lidera el clan Chonik y a la vez también fue presidente de Conacha. Organiza talleres sobre espiritualidad, cultura y música charrúa.

—Ciro me puso mi madre. Chonik es mi comunidad, mi familia. Itsaj es el nombre que enviaron mis ancestros a través de una mujer anciana. Yo soy biesnieto del indio Espinosa de Villa Soriano —dice, cuando se le pide que explique su antepasado charrúa—. Era Espinosa porque lo terminó de criar una familia de vasco-portugueses pero su madre era una india de las afueras del pueblo.

Chonik lleva rastas, campera de cuero, camisa celeste y vaquero. Abre una mochila y empieza a sacar cosas que trajo para mostrar. Pone un cuero de cordero en una mesa y encima una tela roja con “nuestras hierbas medicinales”, salvia y tabaco. Más allá, un tambor con cuerpo de mate y lonja de vaca (“le llamamos tanú en nuestra lengua”), un arco musical, algunas banderas y dos caracolas o bocinas para hacer música.

—¿Cómo se toca la caracola?

Los dos se ríen, salen a la calle y hacen sonar cada uno su caracola. Es un sonido profundo, retumbante y sostenido; se supone que tiene una carga ancestral: los charrúas usaban estos instrumentos antes de entrar en ceremonias.

Foto: Darwin Borrelli.

Chonik dice que él ya no usa la palabra “descendiente”.

—En algún lado de la nota poné que Uruguay debe cambiar la narrativa: acá hay indios. Somos indígenas, tenemos el derecho de autoidentificarnos con nuestra cultura, a pesar de las mezclas.

—Pero ustedes no son 100% indígenas.

—No. Mi bisabuelo paterno, Rodríguez, era de Santiago de Compostela. Y la esposa del indio Espinosa era napolitana.

—¿Para sentirse indígena basta con autopercibirse?

—El principal criterio es la autoidentificación y la tradición oral —responde Chonik—. Pero no es que a cualquiera se le venga a la cabeza: “Soy charrúa y ya está”. Hay que hablar con la gente vieja, a ver qué cuenta.

—Nosotros valoramos la memoria —dice Delgado—. Y hay gente que se hizo el análisis de ADN.

—¿Ustedes lo hicieron?

—Un hermano mío se hizo y confirmó que tenemos sangre de indígenas de la región y europeos del Mediterráneo.

El convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales es de 1989. Ha sido ratificado por 22 países: Uruguay y Surinam son los únicos países sudamericanos que no lo han hecho. Tiene capítulos sobre tierras (se reconoce “a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan”), contratación y condiciones de empleo (pide a los gobiernos “medidas especiales para garantizar a los trabajadores pertenecientes a esos pueblos una protección eficaz”), seguridad social, salud y educación, entre otros. Para que Uruguay lo ratifique, el Poder Ejecutivo debe enviar un proyecto de ley al Parlamento y, como el convenio es tripartito, tiene que tener el visto bueno de las cámaras y del Pit-Cnt.

—¿Por qué en Uruguay se precisa ratificar el convenio 169 de la OIT?

—Porque no hay ninguna institucionalidad para el indígena —dice Delgado.

—El convenio 169 es la legislación internacional que garantiza el pleno goce de los derechos de nuestros pueblos originarios —dice Chonik—. El gran miedo que hay en Uruguay es a la expropiación de tierras. Pero el convenio 169 no modifica el derecho a la propiedad privada.

—Se dice: “Si Uruguay ratifica, va a ser como en la Patagonia argentina y chilena con los mapuches, que es todo un caos” —ironiza Delgado—. El caos se da si vos no hacés bien la implementación.

—Pero en el discurso del último 11 de abril se habló de “recuperar las tierras que robaron”.

—Esa es una consigna irresponsable, no sé quién lo dijo —responde Chonik—. La reivindicación territorial está presente con ciertos límites. Qué bueno que preguntes porque a Martín hace años le preguntaron por las tierras y su respuesta fue tergiversada.

Se refiere a la mencionada entrevista una década atrás que provocó una división en el movimiento charrúa.

Delgado toma la palabra:

—Yo hablé de la importancia de la cogestión, o de algún tipo de gobernabilidad, de los cementerios indígenas. No es cualquier lugar a la bartola, son lugares muy concretos.

—Claro, y Martín dio la cifra de 2.000 hectáreas.

—¡La mitad de la estancia de Florida que hay lío! —dice y se ríen, en referencia a María Dolores, de Colonización.

—Son 2.000 hectáreas que no están en manos de privados y ni siquiera intervenidas por el Estado. Son sitios sagrados para los charrúas. No les quitamos tierras a nadie. Reclamamos nuestro derecho a habitar y cogestionar lugares de propiedad comunitaria.

Foto: Pablo Capurro.

—¿Dónde están esas 2.000 hectáreas?

—Es un aproximado. Lugares sagrados —dicen, sin especificar.

—¿Y el empleo? Hay cuota afro, hay cuota trans, pero no cuota indígena. Ustedes lo reclaman, lo escuché el 11 de abril. Y el convenio abre la puerta.

—Esa es una demanda más reciente de parte de varios hermanos —dice Delgado-. Sería a través de una ley nacional. Pero antes hay que definir cuál es el sujeto de esa ley.

Gerardo Sosa, licenciado en Ciencias de la Comunicación y autor de Historias de Resistencia de la Nación Charrúa, está conectado desde su computadora en El Pinar: él tiene 16% de sangre indígena, lo sabe porque se hizo el examen de ADN. Ana María Barbosa, jubilada bancaria y primera mujer descendiente charrúa en presidir el Fondo Indígena de Naciones Unidas, saluda desde Tambores, Tacuarembó. La arquitecta Elena Gil, autora del libro infantil El Charrúa Ilustrado, fundadora de Adench, está en Montevideo. Y la maestra jubilada María Raquel Bartes, en Las Piedras. Los cuatro son directivos de Adench, la organización indígena pionera en Uruguay, y conversan con El País en una entrevista colectiva.

Volvemos sobre el tema del convenio 169. Dicen que “en cierta forma ese convenio da derecho a reclamar las tierras precoloniales” pero “siempre sujeto a la legislación del país”, y permite “la protección de los lugares sagrados”. Barboza matiza: “Nuestros pueblos originarios se movían en todo el territorio nacional y la región; sería como imposible reclamar un territorio de la nación charrúa”.

Sobre posibles cupos laborales, también están de acuerdo en que es un camino posible (“no estaría de más una cuota para indígenas”) y dicen que eso se puede hacer incluso sin necesidad de ratificar el convenio 169.

Foto: Ignacio Sánchez.

¿Quién puede ser charrúa? La autoidentificación es terminante, dicen.

—Que yo diga que soy indígena ya me da derecho a serlo —opina Barboza.

—Si alguien decide adherir a la nación charrúa, es charrúa, porque tiene sus valores —apunta Gil.

Cierra Bartes:

—Los primeros desaparecidos que tuvimos en Uruguay fueron los charrúas. Están invisibilizados.

En el período anterior el Parlamento discutió el tema del convenio pero no se llegó a nada concreto y en este gobierno no hay un panorama claro (ver recuadro más abajo), a pesar de que la propuesta de ratificación se aprobó en el último programa del Frente Amplio, donde dice que eso debe suceder “de manera urgente”.

A Delgado, de la Conacha, le contaron que en el Ejecutivo “hay gente que está de acuerdo y otra que no”. Y que el presidente Yamandú Orsi todavía no decidió:

—El presidente tiene nombre charrúa. Sería importante que le hiciera honor.

El País contactó a los ministerios de Educación y Trabajo, ambos implicados en la ratificación del convenio 169 de la OIT. Pero no ofrecieron respuestas claras. Solo un estridente silencio.