Para el Gobierno, esta modificación reduciría las barreras de ingreso y permitiría una mayor competencia. Sus detractores, en cambio, sostienen que la matrícula constituye una garantía para el consumidor y un mecanismo de control sobre la conducta profesional.
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Los colegios profesionales perderían sus facultades regulatorias
Otro de los puntos centrales del proyecto modifica el rol de los colegios inmobiliarios.
En la actualidad, esas instituciones administran la matrícula, ejercen funciones disciplinarias, aplican sanciones éticas y pueden suspender o excluir a un matriculado por incumplimientos.
El mercado inmobiliario podría enfrentar un posible cambio de paradigma, con nuevas reglas para corredores, inmobiliarias, plataformas y compradores, siempre y cuando la desregulación se apruebe en el seno legislativo
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La iniciativa propone que continúen existiendo como asociaciones civiles de adhesión voluntaria, aunque sin facultades regulatorias ni disciplinarias sobre la actividad.
El debate también alcanza a los mecanismos de control. Mientras el Gobierno considera suficientes las herramientas previstas en el Código Civil y Comercial y en las normas de defensa del consumidor, los sectores críticos entienden que desaparecería un sistema específico de supervisión para una actividad que administra operaciones de elevado valor económico.
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Una inmobiliaria podría operar en todo el país
La reforma también eliminaría las restricciones territoriales que hoy condicionan el ejercicio profesional.
Actualmente, un corredor matriculado en una provincia necesita cumplir nuevos requisitos para trabajar en otra jurisdicción. De aprobarse el proyecto, esa limitación dejaría de existir y las inmobiliarias podrían prestar servicios en cualquier punto del país sin gestionar múltiples matrículas.
La modificación favorecería especialmente a cadenas nacionales, franquicias, desarrolladores y empresas tecnológicas que buscan ampliar su cobertura territorial con menores costos administrativos.
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Honorarios sin escalas mínimas
Otro aspecto relevante apunta a la libertad para pactar comisiones.
En varias jurisdicciones existen escalas orientativas o valores mínimos sugeridos por los colegios profesionales. El proyecto propone eliminar esas referencias para que cada empresa o corredor acuerde libremente sus honorarios con el cliente.
Quienes respaldan la medida consideran que una mayor competencia contribuiría a reducir costos y ampliar la oferta de servicios. En cambio, quienes cuestionan la iniciativa advierten que una competencia basada exclusivamente en el precio podría afectar la calidad profesional y favorecer prácticas comerciales menos transparentes.
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Un nuevo modelo de negocios para el sector
Más allá de cada modificación puntual, especialistas coinciden en que el verdadero cambio radica en la redefinición jurídica del corretaje inmobiliario.
Si deja de ser considerado una profesión regulada y pasa a funcionar como un servicio comercial, podrían incorporarse nuevos actores al negocio.
Plataformas digitales, empresas proptech, bancos, fintech, desarrolladores, marketplaces y compañías especializadas en inteligencia artificial tendrían mayores posibilidades de integrar servicios inmobiliarios, financieros, legales y tecnológicos dentro de una misma propuesta comercial.
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Ese escenario también aceleraría procesos como las tasaciones digitales, la automatización documental, los contratos electrónicos y otras herramientas que ya funcionan en mercados internacionales.
Un debate que divide al mercado
La difusión del borrador generó posiciones enfrentadas dentro del sector inmobiliario. Entre quienes respaldan la iniciativa aparece Jorge Amoreo Casotti, CEO de la plataforma PINT, quien consideró que el proyecto elimina restricciones que, a su juicio, limitaron la competencia durante años.
Sostuvo: «Los colegios inmobiliarios nacieron de estructuras corporativas que terminaron imponiendo requisitos propios de una profesión liberal a una actividad que, por naturaleza, es comercial. Eso generó 24 mercados cerrados que funcionan como verdaderas aduanas internas y dificultan tanto la competencia como la innovación».
Para Amoreo Casotti, la seguridad jurídica de una compraventa no depende de la colegiación obligatoria sino del sistema notarial. Afirmó: «El estudio de títulos, la inscripción registral y la intervención del escribano son los que otorgan certeza jurídica. Los colegios terminaron imponiendo barreras de entrada, costos de matriculación y aportes obligatorios que encarecen la actividad y limitan el desarrollo de nuevos modelos de negocios».
Como alternativa, propuso un registro nacional voluntario, apoyado en identificación biométrica, seguros de responsabilidad profesional y mecanismos de certificación que permitan competir a las instituciones por la calidad de los servicios que ofrecen.
Desde la posición opuesta, Miguel Chej Muse, socio del estudio Vela & Chej Muse Real Estate y miembro del Colegio Inmobiliario porteño (CUCICBA), rechazó la iniciativa y defendió el esquema vigente.
«Regular una actividad significa profesionalizarla y brindar seguridad a la sociedad. Hoy el 99% de las operaciones inmobiliarias en la Ciudad de Buenos Aires pasa por profesionales matriculados y apenas el 1% corresponde a operaciones entre particulares. Estamos hablando del patrimonio más importante de las familias y de los ahorros de toda una vida», señaló.
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También remarcó que la matrícula permite verificar antecedentes penales, sanciones éticas o situaciones concursales de quienes intervienen en las operaciones, además de ofrecer un ámbito específico para resolver conflictos profesionales.
Chej Muse afirmó: «Los colegios representan menos Estado y no más Estado. Cumplen funciones delegadas sin generar gasto público, cuentan con tribunales de ética que resuelven conflictos con rapidez y protegen al consumidor. El corretaje no es simplemente cobrar una comisión; es una profesión liberal que exige responsabilidades».
El arquitecto Jorge Moscatelli, de Situar Propiedades, también expresó reparos frente a la desregulación. Explicó: «Argentina todavía necesita organismos que fiscalicen la actividad. Cuando nació el colegio profesional existían numerosas malas prácticas y justamente la regulación permitió ordenar el mercado, establecer reglas éticas y sancionar a quienes perjudicaban a los clientes. Hoy, con las reservas digitales y la velocidad de las operaciones, ese control resulta todavía más importante».
Moscatelli advirtió que las operaciones informales continúan presentes, especialmente en zonas de alta demanda como Puerto Madero, donde personas sin matrícula intentan intermediar en compraventas o alquileres sin ofrecer garantías para las partes.
El colegio persigue esas prácticas y aplica sanciones que muchas veces la justicia ordinaria no alcanza a resolver con rapidez. «Además, los países con mercados inmobiliarios más desarrollados, como Estados Unidos, Brasil o Chile, mantienen sistemas de matriculación y fuertes responsabilidades para quienes comercializan inmuebles. La regulación no impide la competencia; protege a quienes participan de una operación inmobiliaria», concluyó Moscatelli.
