En un hecho inédito a nivel nacional, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se convirtió en el primer distrito del país en derogar por completo una ley sectorial de promoción de la economía social, solidaria y popular. Sancionada en 2020 bajo la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, la norma brindaba herramientas de financiamiento, incentivos fiscales y un marco conceptual para el fortalecimiento de cooperativas, mutuales y unidades de trabajo autogestionado.
Sin embargo, en el marco del tratamiento de la «Ley Hojarasca Porteña» impulsada en la Legislatura por el bloque de La Libertad Avanza, la normativa fue incluida a espaldas del sector y terminó siendo promulgada en su totalidad por el Gobierno de Jorge Macri. En diálogo con ANSOL, Gustavo Sosa, director del Centro de Estudios de Economía Social de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), analizó el impacto de este apagón normativo, la falta de transparencia en el debate legislativo y la respuesta colectiva de las organizaciones que ya conforman una Mesa de Cooperativas para exigir la restitución de sus derechos.
Una norma que desapareció entre sombras
El origen del fin de la normativa se remonta al proyecto local de «Ley Hojarasca«, impulsado por la legisladora Pilar Ramírez (La Libertad Avanza). Aunque el espíritu inicial era dar de baja normas obsoletas o en desuso, en algún punto del trámite parlamentario se sumó la Ley de Promoción de la Economía Social, sancionada apenas en 2020 bajo la gestión de Rodríguez Larreta y la exministra María Migliore.
«El origen no está del todo claro. Y acá hay un problema de perspectiva. La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires es un espacio que muchas veces políticamente no vemos ni le damos el seguimiento que deberíamos. Existe casi una política de Estado de que no haya información sobre la Ciudad de Buenos Aires», explicó Sosa sobre la falta de visibilidad del tratamiento legislativo.
Además, señaló la paradoja política tras el aval del Ejecutivo porteño: «A diferencia de la Ley Ómnibus promovida a nivel nacional por el Ejecutivo, en CABA fue un proyecto inicialmente presentado por diputados libertarios que conviven con una suerte de oposición al gobierno del PRO. Eso generaba cierta esperanza de que pudiera haber algún tipo de veto parcial. Una esperanza vana, pero esperanza al fin».
Sosa remarcó la gravedad del antecedente a nivel federal: «Es el primer caso en el país de una ley sectorial de reconocimiento y de generación de políticas públicas para el sector que se deroga en su totalidad. A diferencia de otros marcos que a veces pueden ser modificados, pero no derogados. En la Ciudad de Buenos Aires ya no hay ley».
Implicancias y retroceso institucional
La ley aprobada en 2020 en CABA establecía herramientas de fomento concretas:
Fondo de Fomento (FONDES): Destinado al financiamiento e impulso de unidades económicas populares y cooperativas.
Incentivos fiscales: Creación de un monotributo con beneficios para los trabajadores del sector.
Marcos de interpretación jurídica: Criterios claros sobre la economía social, solidaria y popular para guiar a la gestión pública y al Poder Judicial.
«Tener un marco legal da lineamientos. Podemos criticar que la ley podría haber sido más potente, con mayor participación del sector. La realidad es que ahora no hay ni siquiera ley. Es un fuerte retroceso para las políticas públicas y para el propio reconocimiento del sector en la ciudad«, remarcó Sosa.
Asimismo, subrayó la falla constitucional que acarrea la medida: «Implica el incumplimiento de un mandato constitucional porteño. La propia Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece como obligación al Poder Ejecutivo y al Legislativo establecer políticas y marcos legales que reconozcan y fortalezcan al sector PyME y al sector de la economía social, mencionando especialmente a las cooperativas y mutuales».
La respuesta sectorial: organización ante el hecho consumado
Frente a la falta de información previa y el debate exprés, la reacción de las organizaciones debió darse con la medida ya promulgada. «En el mundo de las organizaciones la reacción fue tardía porque no se llegó a tener advertencia previa ni conocimiento de lo que se estaba tratando. Lo que vino después fue una respuesta ya con el hecho consumado», reconoció Sosa, quien presentó de forma individual una nota ante el Jefe de Gobierno Jorge Macri para solicitar la revisión o veto parcial del texto.
Ante la falta de diálogo por parte del Ejecutivo local, el sector dio un paso decisivo: la conformación de la Mesa de Cooperativas de la Ciudad de Buenos Aires.
De la primera reunión de urgencia participaron dirigentes e integrantes de federaciones de trabajo como FEDECARA, FACTA y FETRACOP, además de Juan Carlos Junio en representación del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos (IMFC) y referentes de cooperativas de base.
Próximos pasos en CABA
La Mesa ya emitió su primer comunicado formal y solicitará audiencias con las autoridades de la Ciudad para exigir canales de participación.
«Lo importante es que, aunque la reacción fue tardía, se generó un espacio de articulación. Habrá una nueva reunión de la Mesa de Cooperativas a mediados de agosto y ahora el desafío es reconstruir un marco legal y políticas públicas para el sector en la Ciudad», concluyó Sosa, anticipando que en dicho encuentro se sumará a asociaciones civiles y mutuales.
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