En las últimas semanas, el Gobierno de Javier Milei impulsó en el Congreso un proyecto que proponía suprimir los límites vigentes desde 2011 para que extranjeros compren tierras rurales. En ese debate se citó el caso de la forestal chilena Arauco, que en Misiones posee más de 240.000 hectáreas y, según el Observatorio de Tierras, concentra casi ocho de cada diez hectáreas extranjerizadas de toda la provincia.
Arauco desembarcó en Misiones mediante sociedades relacionadas, entre ellas Alto Paraná S.A., y hoy figura entre los mayores dueños privados de suelo rural del país. Su actividad principal es la plantación de pino y eucalipto para la producción de celulosa, un esquema de monocultivo extensivo que, de acuerdo con organizaciones locales, desplaza la diversidad productiva y el arraigo de pequeños productores misioneros.
En Misiones, el 11,29% del territorio —más de 325.750 hectáreas— está en manos de inversores extranjeros. A diferencia de otras provincias, aquí predomina el capital chileno. Los departamentos ribereños del Paraná son los más afectados: Iguazú encabeza con cerca del 40% de su superficie rural en propiedad foránea —114.400 hectáreas—, seguido por Montecarlo (18,4%), Libertador General San Martín (16,8%) y Eldorado (16,2%).
En Iguazú se ubica Puerto Libertad, municipio cuyo intendente, Fernando Ferreira, lleva más de dos años intentando comprarle a Arauco diez hectáreas para un parque industrial, sin resultados, ya que la decisión depende de un directorio en Santiago de Chile. “La localidad es una prueba viva de que la extranjerización de la tierra trae complejidades para el desarrollo de los pueblos”, afirmó. Según indicó, alrededor del 80% de las tierras aptas del municipio pertenecen a esa compañía, lo que complica la expansión urbana y la planificación de obras.
“Hoy tenemos el 13,9% del territorio extranjerizado; si eso subía al 25%, era el final de esta provincia. No quedaría nada, porque de las 900.000 hectáreas aptas para agricultura, ya hay 500.000 con pino y eucalipto, materia prima de las plantas de Arauco”, dijo a BioBioChile Rubén Ortiz, secretario general del Movimiento Pedagógico de Liberación, quien sigue el tema desde hace años y celebró que ese capítulo fuera retirado del proyecto.
El fenómeno excede a Misiones y no comenzó con este Gobierno. A nivel nacional, cerca del 5% de la superficie del país —más de 13 millones de hectáreas, similar al tamaño de Inglaterra— está en manos extranjeras, con estadounidenses a la cabeza, y luego italianos y españoles. Hay 36 departamentos que superan el tope del 15% vigente, y en cuatro la extranjerización rebasa el 50%, en su mayoría en áreas con agua dulce o recursos mineros.
El camino del proyecto
El texto que ingresó este año al Congreso, llamado Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, buscaba derogar el tope del 15% que la Ley de Tierras Rurales impone desde 2011 a la propiedad extranjera. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, defendió la medida comparándola con la Ley de Glaciares aplicada a la minería y afirmó que la apertura del mercado de tierras podría atraer 15.000 millones de dólares en inversiones. Era el segundo intento del oficialismo: Milei ya había procurado anular la ley por decreto en 2023, pero la Justicia lo impidió.
El capítulo atravesó tensiones dentro del propio oficialismo. Se barajó una alternativa que elevaba el tope al 25% en lugar de eliminarlo, tras dieciséis borradores y cuatro postergaciones. Gobernadores aliados ordenaron a sus senadores votar en contra, y una encuesta a fines de julio mostró que el 77% de los consultados prefiere mantener límites a la compra extranjera. Sin respaldo suficiente, el Gobierno retiró el capítulo dos días antes de la sesión.
Algo parecido ocurrió con el apartado que modificaba la Ley de Manejo del Fuego, quitado minutos antes de la votación general. Esa norma impide cambiar el uso del suelo en áreas quemadas durante 30 o 60 años para desalentar incendios con fines especulativos; la reforma pretendía flexibilizarla, y senadoras como Edith Terenzi (Chubut) alertaron que dejaría a los ecosistemas desprotegidos.
Una sesión de casi doce horas, con represión afuera
Desde la noche del miércoles se valló el perímetro del Congreso. El jueves, mientras se debatía adentro, afuera marcharon sindicatos y organizaciones ambientales y campesinas. La protesta fue pacífica al inicio, pero pasadas las cinco de la tarde la Policía Federal utilizó gases y camiones hidrantes para dispersar a quienes estaban junto al vallado, con detenidos y heridos.
El debate se extendió desde las dos de la tarde del jueves hasta la una y media del viernes. Al final, el Senado aprobó una versión recortada del proyecto: se mantuvieron los capítulos sobre expropiaciones y desalojos, pero quedaron afuera los de tierras rurales y Manejo del Fuego. Ahora el texto pasa a la Cámara de Diputados.
Para Ortiz y quienes monitorean el avance de Arauco en Misiones, la discusión de fondo sigue abierta: la provincia continúa con 13,9% de su territorio en manos extranjeras, casi todo de capital chileno, y cada punto adicional la acerca al límite del 15% que la ley aún permite.
