Maricarmen tiene 87 años, un 50% de discapacidad y la echaron de la casa en la que vivió durante siete décadas
El desgarrador caso de Maricarmen conmovió a toda España y visibilizó la grave crisis habitacional. La mujer de 87 años, que presenta un 50% de discapacidad, fue desalojada del piso donde residió durante siete décadas por una orden judicial que benefició a una empresa inmobiliaria, desatando una ola de repudio social.
Las razones del desalojo y la crisis de vivienda
La comisión judicial ejecutó el lanzamiento de la mujer en una camilla para ser trasladada de urgencia a un hospital por su delicado estado de salud. Para concretar la medida, los efectivos policiales debieron desalojar uno a uno a los manifestantes y miembros del Sindicato de Inquilinas que resistían tanto en la puerta del edificio como en los pasillos interiores.
El conflicto legal se originó en 2018, cuando la firma Urbagestión adquirió la propiedad donde funcionaba un histórico contrato de renta antigua firmado por el padre de la inquilina en 1956. Tras fallecer su madre en 2005, la ley española contemplaba la subrogación por dos años adicionales o hasta los 25 años de edad, salvo que la persona alcanzara un 65% de discapacidad acreditada, un requisito que la mujer no cumplía por tener un 50%.
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Pese a que Maricarmen continuó pagando el alquiler mes a mes, la compañía inició acciones judiciales para recuperar el departamento y le exigió una suma de 1.650 euros mensuales, una cifra inalcanzable frente a sus ingresos jubilatorios de 1.450 euros. Aunque la anciana ganó en primera instancia, la Audiencia Provincial revocó el fallo y el Tribunal Supremo terminó fallando en favor de la empresa.
Fuerte cruce político y movilizaciones masivas en Madrid
La expulsión forzosa generó un inmediato terremoto político en el país. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, calificó el hecho como una «tragedia social» y prometió impulsar de forma urgente un nuevo decreto legislativo en materia de vivienda. Por su parte, sus socios de Sumar exigieron expropiar de inmediato la vivienda, mientras que Podemos tildó el operativo como un «asesinato».
Desde la oposición, el Partido Popular cuestionó el fracaso general de la política gubernamental, al tiempo que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acusó al oficialismo de demagogia y responsabilizó directamente al Ejecutivo, recordando que se ejecutan más de 25.500 desahucios al año.
El malestar popular se trasladó a las calles: más de 10.000 personas marcharon en el centro de Madrid bajo la consigna «¡Maricarmen somos todos!», mientras réplicas de la protesta se vivieron simultáneamente en ciudades como Barcelona y Oviedo para repudiar el avance de la especulación inmobiliaria.
