La querella de los casos Hotesur-Los Sauces, representada por la Unidad de Información Financiera (UIF), también se opone a que se separen los dos juicios a Cristina y Máximo Kirchner, por los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero. Además del fiscal del caso, Diego Velasco, una de las defensas también rechazó que se hagan dos debates: quieren un juicio unificado.
Al igual que el Ministerio Público Fiscal, la UIF -representada por el abogado Mariano Galpern- apelará la resolución del Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) que determinó que los expedientes en los que se investigaron a las dos empresas de la familia Kirchner por maniobras de blanqueo, se juzguen por separado.
El Tribunal integrado por los jueces José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni, fijó como fecha de inicio para debatir las operaciones de lavado que se ejecutaron a través de la inmobiliaria Los Sauces SA, el 23 de octubre a las 10 de la mañana. En tanto, los delitos investigados alrededor Hotesur SA la firma hotelera, será juzgado a partir del 19 de marzo del año próximo.
El primero en interponer un recurso de Casación para impedir que esa división se ejecute en menos de un mes, fue el fiscal Velasco, quien intervendrá en el debate y solicitó que se respete la unificación fijada en 2018 y se lleve a cabo un único juicio oral a partir del próximo 23 de octubre.
En su presentación, el representante del Ministerio Público Fiscal advirtió que la fragmentación dictada por el tribunal “altera la estrategia acusatoria, atenta contra la valoración integral de la prueba y genera mayores dilaciones en lugar de la celeridad prometida”. Asimismo, remarcó que los jueces adoptaron este criterio “sin escuchar previamente a las partes ni respetar el antecedente de Casación que en 2019 ya había declarado la conexidad objetiva y subjetiva entre ambos expedientes para garantizar una correcta administración de justicia”.
Para desarmar la postura del TOF 5, el fiscal tildó de ”falsa la premisa” el hecho de que ambas firmas “poseen objetos procesales autónomos, remarcando que en realidad investigan una misma matriz de blanqueo destinada a volcar en el patrimonio familiar fondos de la obra pública”.
Entre los argumentos centrales, Velasco destacó que 12 de los 19 imputados —encabezados por Cristina y Máximo Kirchner— se repiten en ambos procesos y que el circuito financiero utilizado estuvo completamente entrelazado. En ese sentido, “se demostró que empresas del Grupo Báez como Valle Mitre, eje central de la acusación en Hotesur, oficiaron al mismo tiempo como locatarias y aportantes de fondos hacia Los Sauces, concluyendo que al tratarse del mismo esquema, los mismos vehículos societarios y los mismos flujos de dinero, resulta jurídicamente inviable fragmentar la prueba y juzgar los casos por separado”.
Con una similar línea argumental, la UIF -única querella que quedó en estos dos casos- requerirá a la Cámara Federal de Casación Penal que impida la división de los expedientes y en consecuencia, se lleven adelante dos debates orales y públicos.
El 1 de octubre vence el plazo para que se presenten los recursos de apelación contra la resolución del TOF 5 que tiene a su cargo, por el momento, los dos debates que involucran a las empresas de la familia Kirchner.
Fuentes judiciales indicaron a Clarín que la UIF buscará que el 23 de octubre se lleve a cabo un único juicio con los dos expedientes y los cerca de 200 testigos aceptados por el Tribunal.
Otra oposición a dividir los casos
El defensor público coadyuvante Gerardo Ezequiel Miño, representante de Martín Jacobs, Emilio Martín y el escribano Ricardo Albornoz, también solicitó revocar el desdoblamiento y realizar un “único juicio oral”, argumentando que la independencia de los extremos probatorios “no hace divisible el delito investigado, sino que son dos formas diferentes de intentar demostrar lo mismo, esto es, que el conjunto de acusados era parte de una asociación destinada al reciclaje de fondos dinerarios que tenían como fuente el mismo delito precedente”.
La defensa sostiene que la acumulación inicial de los expedientes no obedeció a «razones prácticas» ni organizativas del tribunal, sino a la indivisibilidad de los hechos. Separar los juzgamientos “provocaría que los imputados sean juzgados dos veces por la misma conducta, lo cual anula la garantía de juzgamiento en un plazo razonable invocado por el TOF”, explican en el escrito al que accedió Clarín.
En otro tramo, la defensa argumenta que la persona y su “capacidad de reproche son indivisibles”. En el caso específico de Jacobs y Martín (empleados de Austral Construcciones) y Albornoz (escribano), se les atribuye ”exactamente el mismo rol funcional y la misma conducta básica en ambos expedientes. Juzgar su desempeño en un juicio implica hacerlo en el otro».
En consonancia con el fiscal Velasco, en este escrito se habló de un “único plan delictivo y delito continuado”. Se argumentó que el lavado de activos persigue un único fin (el reciclaje de fondos derivados de la obra pública). “La figura penal no admite concurso real, sino que se trata de un delito continuado o de un mismo plan delictivo unificado”, dijo la defensa de los tres imputados.
Por ende, “que existan distintas maniobras o vehículos societarios es solo una metodología de exposición que no altera la unidad del hecho”.
Se resaltó en la presentación que el requerimiento de elevación a juicio de Hotesur “no formula una acusación autónoma por asociación ilícita, sino que se remite expresamente a la acusación formulada en Los Sauces”. Esto demuestra que “no poseen objetos procesales independientes, funcionando como «causas espejo» donde el reproche en una impacta directamente en las otras”.
La defensa oficial propone que los “inconvenientes prácticos se resuelvan mediante la organización de las audiencias (avisando previamente qué prueba se tratará en cada jornada y qué abogados deben asistir), sin romper la unidad del juicio”.
Las empresas y el lavado
El expediente se concentró en las empresas familiares Hotesur (firma hotelera) y Los Sauces (inmobiliaria), investigadas por haber sido el presunto vehículo para lavar 120 millones de pesos, cifra calculada entre 2008 y 2015. La maniobra se concretó «con la simulación de contratos de alquiler en el rubro hotelero e inmobiliario», según calificó el representante del Ministerio Público Fiscal, cuando pidió que el juicio se realice.
Estas dos compañías nunca tuvieron sedes comerciales. En ambas, un común denominador fue Lázaro Báez, como inquilino en la inmobiliaria y como responsable de administrar y explotar los hoteles.
La acusación lo vinculaba al contratista como una pieza necesaria para «devolver» a los ex presidentes al menos parte del dinero proveniente de los sobreprecios en las obras públicas que sus empresas ganaban en licitaciones cuestionadas en el caso Vialidad, donde la ex vice y el dueño del Grupo Austral fueron condenados.
En lo que concierne a estas causas por lavado de dinero hay otro delito atribuido: el de dádivas, por tratarse Cristina de una funcionaria, y Báez un empresario contratista del Estado con quien mantuvo más de veinte operaciones comerciales durante el período investigado.
