La Justicia suspendió el juicio a prueba contra Néstor Luis Salvatierra, acusado de abuso sexual contra una empleada de la panadería Santa Rita. El acuerdo incluyó una reparación económica de 1.600.000 pesos, tratamiento psicológico y restricciones de contacto con la víctima. Sin embargo, según pudo saber NORTE, el imputado no estaría cumpliendo con lo pactado.
El Juzgado Correccional de Resistencia dispuso la suspensión del juicio a prueba por el término de tres años para Néstor Luis Salvatierra, comerciante de Makallé, quien llegó a juicio acusado por el delito de abuso sexual simple, previsto en el artículo 119, primer párrafo, del Código Penal.
La causa se originó a partir de la denuncia formulada por J. M.G, quien relató que el hecho ocurrió el 19 de julio de 2024, alrededor de las 7 de la mañana, en el interior de la panadería Santa Rita, ubicada sobre avenida Belgrano de la localidad de Makallé.
De acuerdo con la acusación fiscal, Gómez caminaba desde el fondo hacia el frente del local cuando fue interceptada por Salvatierra, propietario del comercio y empleador de la denunciante. Según la descripción incorporada al expediente, el hombre le susurró «mi amor» al oído y luego le tocó los glúteos con fines libidinosos, aprovechándose de su posición de autoridad laboral. La mujer logró retirarse hacia la parte delantera del establecimiento, donde se encontraban otros compañeros de trabajo.
Durante la tramitación de la solicitud de suspensión del juicio a prueba, la víctima fue consultada por la Justicia y manifestó expresamente su conformidad con el otorgamiento del beneficio. Además, aceptó la propuesta de reparación económica presentada por la defensa.
En ese marco, la fiscal de Investigación Penal Nº 15, María Candela Valdéz, dictaminó favorablemente respecto de la probation. Entre sus fundamentos destacó que la víctima fue debidamente informada sobre los alcances del instituto, manifestó su consentimiento y que Salvatierra no registraba antecedentes penales condenatorios.
La jueza Silvana Morando resolvió conceder la suspensión del juicio a prueba por tres años e impuso al imputado una serie de reglas de conducta. Entre ellas, fijar domicilio, abstenerse del consumo abusivo de alcohol y drogas, realizar tratamiento psicológico especializado y mantener una estricta prohibición de acercamiento y contacto con la denunciante.
Asimismo, el magistrado consideró razonable la oferta de reparación económica de 1.600.000 pesos, a pagarse en cuatro cuotas mensuales consecutivas de 400.000 pesos cada una, monto destinado a resarcir a la víctima por el daño ocasionado.
Sin embargo, pese a las condiciones impuestas por la resolución judicial y al acuerdo alcanzado entre las partes, trascendió que Salvatierra no estaría cumpliendo con las obligaciones asumidas, particularmente con el pago de la reparación económica comprometida.
La propia resolución podría modificarse en caso que el condenado mantenga esta posición de incumplimiento y una vez vencido los plazos del fallo de la jueza Morando, se revocaría para avanzar en la realización del debate oral y una condena de cumplimiento efectivo.
